Marco Antonio Jimenez Coronado

Expediente 2101/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2101/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Jimenez Coronado

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe resolución. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en sesión de trece de septiembre del año en curso, en la que se resolvió fundado el recurso queja 265/2023, interpuesto por la parte quejosa contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora, en la ejecutoria de amparo emitida en el citado recurso de queja, el tribunal revisor revocó el auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, así como los posteriores de fecha veintiocho de junio, cuatro, doce y diecisiete de julio del año actual. En ese sentido, analizada que es la demanda inicial y el escrito de registro 15400, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108 y 112 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ***** contra los actos que reclama del Ayuntamiento, Tesorería, Tránsito y Jueces Municipales, todos de Puerto Vallarta, Jalisco, así como a la Secretaría de Finanzas del Estado con residencia en el citado municipio, por considerarlas violatorias de los derechos humanos consagrados en los preceptos que menciona. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con seis minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, mediante promoción presentada físicamente o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Autoridades responsables. a) Informe justificado. Con fundamento en el artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que en el plazo de quince días rindan su informe con justificación. Dicho informe puede ser presentado físicamente o través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como los puentes de interconexión entablados con las autoridades; bajo apercibimiento que de no cumplir, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Además, dicho informe justificado deberá de ser rendido con copias certificadas de las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o de no informar las causas legales o materiales que les impida cumplir con ello, la omisa será acreedora de la multa referida en el párrafo que precede. En el entendido de que si no se encontraren materialmente los autos de génesis en el local de su adscripción, están facultadas para recabarlos en la instancia correspondiente. b) Requerimiento por informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en caso de que tengan conocimiento o con su conducta provoquen la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal en que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con ello, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, esto es, $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 251 de la Ley de Amparo. c) Consideraciones respecto de las notificaciones. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber de forma general a toda autoridad que resulte señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. 3. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda de amparo, escrito de registro 15400 y del presente acuerdo; para lo cual, se comisiona al actuario de la adscripción a que haga entrega de los mismos, debiendo asentarse en la notificación correspondiente. VI. Incidente de suspensión. Con copia de la demanda y escrito aclaratorio, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión de los actos reclamados. VII. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación y formación de los cuadernos incidentales. Visto lo de cuenta, con copia simple de la demanda de amparo y con fundamento en los artículos 115, 125, 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 1454/2023, promovido por *****, por derecho propio, contra los actos que reclama del Ayuntamiento, Tesorería, Tránsito y Jueces Municipales, todos de Puerto Vallarta, Jalisco, así como a la Secretaría de Finanzas del Estado con residencia en el citado municipio, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que señala. En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, es sustituido por una versión electrónica del presente incidente, de conformidad con lo previsto en los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Intervención a las partes del incidente de suspensión. 1. Parte quejosa. a) Autorizados. Téngasele como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **** b) Notificaciones electrónicas. Debido a su solicitud expresa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en los en los diversos numerales 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica, inclusive las que de carácter personal le resulten, a través del usuario ***** Por tal motivo, no ha lugar a tenerle señalando el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, pues la autorización de éstas por la vía electrónica, sustituye a dicho domicilio procesal. c) Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como con los numerales 35, 36, 37 y 38 del citado Acuerdo General, se ordena autorizar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario ***** a fin de que cuente con acceso al expediente electrónico del presente juicio. Autoridades responsables. a) Informe previo. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del lapso de cuarenta y ocho horas, para lo cual remítaseles copia autorizada de la demanda de amparo; bajo apercibimiento que de no cumplir, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Consideraciones respecto a las notificaciones a las autoridades responsables. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. 4. Representación social. Dese al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia incidental. Se fijan las once horas con cuarenta minutos del cinco de octubre dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. Para analizar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar, primero es necesario establecer que de la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: La multa contenida en la infracción con folio número ***** de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, así como su respectiva calificación y ejecución. Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. a) Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. Análisis del caso concreto. En principio, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: 1) Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver. 2) Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. 3) Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. 4) Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, no es factible conceder la suspensión si se concluye que el perjuicio al interés social o al orden público es de mayor entidad que los daños y perjuicios que puede sufrir el quejoso con los efectos del acto reclamado. Bajo ese contexto, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que en el presente caso, se encuentran reunidas todas las condiciones necesarias para la concesión de la suspensión provisional, en razón de que: Se presumen ciertos los actos reclamados, considerando las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, obrantes en la demanda de amparo. Se acredita indiciariamente el interés suspensional, debido a que los actos reclamados se encuentran dirigidos a la quejosa. Los efectos de los actos reclamados son susceptibles de paralizarse, porque implican esencialmente la ejecución de una multa impuesta contra de la quejosa. Se inadvierte que la presente concesión irrogue perjuicio al interés social o al orden público, porque de concederse la medida cautelar no se materializará ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni ya que del análisis de los actos reclamados, se tiene que con el otorgamiento de la suspensión no se ocasiona daño a la sociedad ni se le priva de un beneficio que de otra manera obtendría. b) Efectos y condiciones de efectividad de la medida. En tales condiciones, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, que no se lleve a cabo ningún acto tendente al cobro de los créditos fiscales que pudieran generarse a consecuencia de la imposición de la multa reclamada. Situación que prevalecerá hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. Condiciones de efectividad. Es preciso enfatizar, que en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si dichos actos provienen de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. Asimismo, que la presente medida cautelar no faculta a la accionante de la instancia constitucional a inobservar las disposiciones legales en materia administrativa que le resulten aplicables, ya que en ese aspecto, las autoridades responsables conservan intactas sus facultades de velar por la observancia de las diversas legislaciones o reglamentos que en su área las rigen, pues la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o suspende dichas facultades para cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales aplicables y acatar sus determinaciones. Garantía de efectividad. Como requisito de efectividad, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional surtirá sus efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, la parte quejosa no acredita haber garantizado, o garantiza ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos en las leyes fiscales, el importe total correspondiente al equivalente del monto contenido en la multa que constituye el acto reclamado, a fin de asegurar el interés fiscal conforme al numeral invocado; lo anterior es así, ya que el pago requerido por las autoridades exactoras estatales constituyen aprovechamientos, lo que resulta ser contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, por lo que, éstos adquieren la naturaleza de créditos fiscales, los cuales son exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera tal que al solicitarse la suspensión promoviéndose el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el precitado artículo 135 de la ley de la materia, hecha excepción de recargos, los que en términos del Código Fiscal del Estado de Jalisco, no se generan. Sirve de sustento a lo anterior, las siguientes jurisprudencias. "Registro digital: 168607 Jurisprudencia Materias(s): Administrativa Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XXVIII, Octubre de 2008 Tesis: 2a./J. 138/2008 Página: 445 MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." "Registro digital: 2010522 Jurisprudencia Materias(s): Común, Administrativa Décima Época Instancia: Plenos de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 24, Noviembre de 2015 Tomo III Tesis: PC.I.A. J/57 A (10a.) Página: 2118 MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra acto relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía de interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.". Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.

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