Marco Antonio Jaimes Luna
Expediente 281/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Marco Antonio Jaimes Luna
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, residente en esta localidad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintitrés de junio de este año, dentro del recurso de queja 90/2022 de su índice; así como el original de este juicio de amparo. Acúsese recibo. En esta línea, hágase saber a la parte quejosa que la Superioridad declaró infundado el recurso de queja que interpuso contra el auto de once de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, glósense las actuaciones existentes en el cuaderno de antecedentes, posteriores al envío del referido recurso de queja; procediendo a la destrucción de las copias certificadas con las que se formó aquél, pues son fiel reproducción de las cuales ya obran en expediente original, también al mismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de once de marzo de este año, dictado en el expediente en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo, mismo que fue radicado con el número 90/2022 de su índice; de lo que se toma debido conocimiento. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la diligencia de notificación de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, practicada al quejoso Marco Antonio Jaimes Luna, por el actuario judicial de la adscripción, por la que se ordenó hacer del conocimiento el proveído de once de marzo pasado, dictado por este órgano jurisdiccional, de la que se advierte que el mismo interpuso recurso de queja, en contra de dicho auto, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto reclamado, al que se deberá adjuntarse el original de este sumario constitucional como apoyo del mismo, en la cual está integrada la notificación personal al quejoso, por la que interpuso dicho recurso; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en Turno, del Décimo Tercer Circuito, para la sustanciación del aludido medio de impugnación. Se instruye al Oficial Judicial "A" (Analista Jurídico "SISE") adscrito a este órgano jurisdiccional, para que habilite la vinculación electrónica en el presente juicio de amparo, a fin de que la Superioridad se encuentre en aptitud de substanciar el referido recurso de queja. Sin que haya lugar a requerir a las partes que señalen las constancias que deberán remitirse a quien deba resolver, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, en razón que el presente juicio de amparo fue desechado. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuaria a firmar el informe correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintidós. I. Recepción del escrito de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Jaimes Luna, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades; regístrese en libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 281/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. En el caso, conviene precisar que no es procedente el pronunciamiento respecto a la suspensión de plano, pues si bien alude al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que ello solo lo realiza con la finalidad de justificar su descontento por el traslado ejecutado que ahora reclama -como más adelante se precisará-; no así como un acto autónomo que esté reclamando en esta instancia constitucional o incluso que actualmente esté sufriendo pues de su escrito inicial de demanda, ni siquiera se advierte que señale autoridades responsables. Es decir, si bien el artículo 22 de la Carta Magna prohíbe penas inusitadas y trascendentales y, específicamente, las de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la confiscación de bienes y la multa excesiva; cierto es que de la demanda de amparo no se advierte la actualización de alguno de dichos presupuestos, esto es, ninguno de los actos reclamados ponen en peligro la vida, la libertad personal, la integridad física ni la dignidad de la aquí quejosa. De ahí que, las apreciaciones subjetivas que del acto reclamado refiera la parte promovente no hacen procedente la suspensión de oficio y de plano de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Análisis integral de la demanda de amparo. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (...)". En el caso, cabe destacar, que del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que en esencia el acto de que se duele el quejoso consistente en la orden de traslado (ejecutada) al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca; por lo que, su pretensión con la demanda que insta es para que se le traslade al Centro Varonil de Reinserción Social reclusorio Sur en la Ciudad de México. De una interpretación sistemática y armónica de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a las Constitución, o el mecanismo de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora, es necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y, básicamente, consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios, que se encuentren establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. En el caso particular, como se destacó previamente, el acto reclamado por el impetrante de amparo, según lo afirmado en su escrito inicial lo constituye la orden de traslado ya ejecutada al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece varios procedimientos para resolver diferentes controversias que surjan en reclusión - sin importar el estado procesal en que se encuentren los internos-, entre los que se destaca, en lo que aquí interesa, el relacionado con los traslados; los cuales pueden se voluntarios (solicitado por el propio interno), involuntarios (impone la autoridad con previa autorización judicial) y los urgentes -o excepcionales-, (que son los impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior). Del análisis de la ley de ejecución, es posible determinar que el procedimiento para controvertir las órdenes de traslado, es de naturaleza accesorio al juicio principal. En ese sentido, debe tenerse presente, que el diecisiete de octubre del dos mil dieciocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 57/2018, de la que derivó la jurisprudencia 79/2018 (10a.), con número de registro 2018548, visible en la página 230, del libro 61, tomo I del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". De dicho criterio jurisprudencial, al interpretar los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la indicada Sala del Máximo Tribunal del País estableció que en el caso del procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Y si bien es cierto, que en la contradicción de tesis de la que derivó el criterio jurisprudencial transcrito, el tema dilucidado únicamente se refiere a peticiones administrativas, este juzgado de Distrito considera que, en el caso de las órdenes de traslado también existe un medio de defensa ordinario que debe agotarse previo a acudir al juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad. Conviene puntualizar, que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado ya ejecutada del Centro Varonil de Reinserción Social Reclusorio Sur en la Ciudad de México, al similar Centro Penitenciario Santa Martha Acatitla, en la misma ciudad; así como, la diversa de este último centro carcelario al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca; por lo tanto, su estudio se limita al procedimiento identificado bajo el inciso "c)", respecto del que la ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: voluntario, involuntario y urgentes (o excepcionales). Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: - La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. - Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Ahora bien, llevadas las consideraciones que preceden al caso en concreto se advierte que el impetrante del amparo señala que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, donde actualmente se encuentra. En ese tenor, acorde con los antecedentes del acto reclamado narrados, bajo protesta de decir verdad, se puede advertir que las autoridades administrativas penitenciarias ya iniciaron con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal respecto al traslado involuntario previsto por el artículo 51 de la Ley de Ejecución Penal que dispone: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." Lo anterior es así, en la medida de que según lo referido por el propio quejoso en el sentido de que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca; donde actualmente se encuentra. Por la razón expuesta, el quejoso previo acudir al amparo, debe agotar el recurso ordinario que prevé el numeral 51 de la Ley de Ejecución Penal; es decir, tenía a su alcance un medio de defensa ordinario, sin embargo, no lo agotó, lo que trae como consecuencia la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que conlleva le desechamiento de la demanda de amparo. Máxime que, el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previó una mayor protección de derechos humanos que la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en el amparo únicamente la protección es relativa, esto es, solo para quien promueve el juicio de amparo; sin embargo, el legislador en el artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó al Juez de Ejecución, la herramienta de protección erga omnes a través de realizar una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, es decir, con efectos no solo para el quejoso o quien promueve la petición administrativa o el recurso, sino también para otros que no promovieron el medio de defensa. En tal sentido, como ya se precisó, se debe de acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10ª.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Penal, Común, Undécima Época, Noviembre de 2021, con número de registro digital 2023736, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo". Máxime que en el caso se está ante un traslado ejecutado, por lo que esa controversia es factible plantearla y resolverla en la instancia ordinaria referida. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, Undécima Época, Materias Penal y Común, Registro digital 2023190, de título y contenido siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional". En consecuencia, si el interno promueve la acción constitucional contra una orden de traslado a otro centro de reclusión, sin que previamente hubiera agotado los citados medios de impugnación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por inobservancia al principio de definitividad; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa por notoriamente improcedente. Lo anterior, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso presenta la demanda de garantías por su propio derecho y se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca"; gírese oficio a la titular de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, para que conforme a lo establecido en los artículos 3 y 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, designe una persona que le brinde la asesoría jurídica relacionada a este amparo; lo anterior, atendiendo el derecho fundamental de acceso a la justicia, a que se refieren los artículos 1º y 18 de la Carta Magna; por lo que, a efecto de que esté en posibilidad de asesorar adecuadamente al quejoso de mérito, adjúntese copia simple de la demanda de amparo de que se trata. Apoya lo anterior, por el tema que trata, la tesis V.3o.P.A.3 P (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 2157, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional, Común, de rubro y texto: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios". Asimismo, sustenta lo anterior por el tema que trata, la diversa tesis I.7o.P.55 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia Constitucional, página 2434, de rubro y texto que dicen: "ASESOR JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ESTÁ EN UNA SITUACIÓN QUE LE OBSTACULIZA EJERCER PLENAMENTE LA DEFENSA DE SUS INTERESES, Y SOLICITA EL AUXILIO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA ACCEDER A UNA ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA QUE HAGA VALER SUS DERECHOS ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA, DEBE GIRAR UN OFICIO AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, A EFECTO DE QUE LE NOMBRE A AQUÉL (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 29 DE LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA). Si bien en el juicio de amparo no existe la figura jurídica del defensor de oficio, como se establece en un procedimiento penal, lo cierto es que cuando se advierta que el quejoso está en una situación que le obstaculiza ejercer plenamente la defensa de sus intereses (como lo es que se encuentre privado de su libertad, sea de escasos recursos, promueva por derecho propio y sin nombrar autorizados), y solicita el auxilio al órgano jurisdiccional para acceder a una asistencia técnica jurídica que haga valer sus derechos efectivamente en el juicio constitucional, aquél debe girar un oficio al Instituto Federal de Defensoría Pública, a efecto de que le nombre un asesor jurídico, pues aun cuando el artículo 29 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del instituto mencionado, no establece expresamente el supuesto de prestar el servicio de asesoría jurídica en materia de amparo a una persona privada de su libertad, dicho dispositivo debe interpretarse de conformidad con los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en aras de tutelar los derechos humanos de acceso a la justicia y defensa adecuada, para garantizar que el juicio de amparo cumpla con las características de un recurso judicial efectivo". III. Notificación parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado, para que se haga presente en el referido centro de reclusión, notifique al aludido quejoso este auto de manera personal, entregándole copia autorizada, para su conocimiento y efectos legales consiguientes. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios. V. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VI. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se habilita al Secretario y/o Actuario de la adscripción, para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Marco Antonio Armento Santos y Otros.311/2019
- Marco Antonio Cruz López939/2016
- Marco Antonio Fuentes Ramírez439/2023
- Marco Antonio Gallardo Ángeles1342/2022
- Marco Antonio García García459/2018
- Marco Antonio García Hernández748/2016
- Marco Antonio León Cruz913/2018
- Marco Antonio Loyola o Noyola Fuentes1369/2017
- Marco Antonio Martínez López967/2016
- Marco Antonio Martínez López1330/2017
- Marco Antonio Méndez Méndez y Otros.688/2022
- Marco Antonio Méndez Méndez y Otros.269/2023