Marco Antonio Ibarra Guerrero
Expediente 365/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Marco Antonio Ibarra Guerrero
- Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal y de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos lo que en ella se indica; al efecto, se tiene al Juez de Control de Juicio Oral Penal del Estado, por conducto de la Secretario de su adscripción, por medio del cual en alcance al oficio 39453/2019, remite copia certificada de la carpeta judicial 4431/2018, de su índice, iniciada contra de Juan Fernando Carrizales García, aquí tercero interesado, por el delito de violencia familiar y equiparable a la violencia familiar; actuaciones que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para un mejor manejo del expediente, con la constancias remitidas como justificación por la autoridad responsable, se determina formar UN ANEXO; mismo que deberá conservar con el sello, folio y rúbrica que ostenta; en la inteligencia de que el mismo consta de seiscientos sesenta y siete (667) fojas útiles; lo anterior, considerando además, que de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, dicha documentación posteriormente deberá desglosarse del expediente; por lo que, ningún caso práctico tendría agregarla a los presentes autos, si ulteriormente tendrá que desintegrarse de los mismos. Luego entonces, en el presente caso, la parte quejosa Zaira Marilyn Cortés Camacho, por sí y en representación de su menor hija Q.A.C.C., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la determinación de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 115/2019, de su índice. Acto reclamado que declaró infundados los agravios esgrimidos por la aquí quejosa, en contra de la diversa determinación de treinta de enero de dos mil diecinueve dictada por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, dentro de la audiencia de modificación de medida cautelar impuesta a Juan Fernando Carrizales García, que por una parte, determinó prevalecer las medidas cautelares impuestas en las fracciones VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas, y por otra, autorizo la convivencia con la menor con las reglas establecidas por un juzgado familiar, por lo que confirmó la referida determinación emitida en primer grado. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Juez responsable, se advierte que dentro de la audiencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, de la cual se dio comunicación el dos de abril de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en contra del referido Carrizales García, por los delitos relacionados en párrafo precedente, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión y pérdida de derechos hereditarios de alimentos, de patria potestad o de tutela que pudiera tener sobre la menor identificada bajo las iniciales Q.A.C.C. Inconforme contra dicha determinación, Juan Fernando Carrizales García, interpuso recurso de apelación, y mediante ejecutoria de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la sentencia recurrida; lo anterior, dentro del toca penal 166/2019, de su índice. Con lo anterior, el suscrito advierte que el acto reclamado por la parte quejosa dejó de surtir efectos, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la ley de la materia, en relación con el diverso 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, señala: "Artículo 63.- Procede el sobreseimiento... (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ." De igual manera, el numeral 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere: "Artículo 180. Continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria recurrida Cuando el sentenciado recurra la sentencia condenatoria, continuará el seguimiento de las medidas cautelares impuestas hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas de este Código." De las disposiciones trascritas, se obtiene como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto reclamado, es decir, cuando por alguna circunstancia el acto de autoridad ha dejado de producir sus consecuencias y dejó de afectar al gobernado en su esfera jurídica. También, que el sobreseimiento en el amparo debe decretarse tan luego como aparezca demostrada alguna causa de improcedencia, durante la tramitación del juicio. Además el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que las medidas cautelares impuestas seguirán vigentes hasta en tanto cause estado la sentencia, lo que conllevaría una variación de la condición jurídica del sentenciado. Consecuentemente, ante la actualización de la causal de improcedencia en comento, al tenor de lo establecido en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá , y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Ahora, la cesación de efectos se actualiza ya sea por revocación o por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación la tesis I.3o.C.92 K, que se lee en la página 1491 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, con registro 165870, del siguiente rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.". En el caso, se actualiza la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución (segundo supuesto), toda vez que las medidas cautelares impuestas contra el tercero interesado Juan Fernando Carrizales García, dejaron de surtir efectos al causar estado la sentencia condenatoria impuesta en su contra, como lo establece el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales; es decir, con la emisión de la resolución de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sobreviene un nuevo acto de autoridad que suprimió la forma total de las medidas cautelares impuestas en el proceso de origen. En tal virtud, ante la actualización de la causal de improcedencia antes citada, al tenor de lo establecido en los numerales transcritos con anterioridad, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo por lo que hace a la autoridad responsable el Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que del informe justificado que rindió en autos, se advierte que admitió la existencia del acto reclamado consistente en la determinación que emitió el treinta de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca penal 115/2019, de su índice Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2ª./J, 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, página 386, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ". Finalmente, hágase del conocimiento el presente proveído a las autoridades responsables y, déjese sin efectos la hora y fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, licenciado Alejandro Montes Iglesias, Encargado del Despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1351/2019, de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, ante el Secretario que da fe, licenciado Ricardo Javier Álvarez Soria. Doy fe. L'AMI/LRJAS/Wendy.
- Principal
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