Marco Antonio Horta Espinoza

Expediente 331/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
331/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Horta Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de ocho de julio de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de tres de julio de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades 1. Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, con residencia en esta ciudad. 2. Vicerrector de la Universidad Autónoma de Baja California, con residencia en esta ciudad. 3. Jefe de Departamento de Posgrado e Investigación, con residencia en Mexicali, Baja California. 4. Director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en esta ciudad. 5. Coordinadora de la Maestría en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Ensenada. 6. Director Regional del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, con sede en Tijuana, Baja California. 7. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 331/2019-VIII-B. DESECHAMIENTO En el caso, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, atento a las siguientes consideraciones El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63, ambos de la Ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, a que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular el promovente acude al juicio de amparo reclamando la determinación de veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Coordinadora de la Maestría en Ciencias Jurídicas Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, en cual se le infirmó que era admitido al Posgrado Maestría en Ciencias Jurídicas, sin embargo, se le negaba el beneficio de la beca proveniente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Así, respecto de dicho acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo; preceptos que disponen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5° fracción II, de la ley invocada, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, el cual crea modifica, o extingue situaciones de derecho de forma unilateral y obligatorias; o la que omite un acto, que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones de derecho. Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de la procedencia de dicho juicio. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales lleguen a crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Sustenta lo anterior la jurisprudencia *** Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. Ahora, en el caso particular, el acto reclamado consistente en la determinación de la Coordinadora de la Maestría en Ciencias Jurídicas Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, de negar el beneficio de la beca proveniente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), para cursar el Posgrado Maestría en Ciencias Jurídicas, que impartirá la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, al no contar con becas disponibles, no constituye un acto de autoridad susceptible de ser combatido en la vía constitucional. Es así, pues el beneficio para obtener una beca para realizar estudios de posgrados tiene el propósito de formar profesionales altamente especializados para la solución científica de los problemas que enfrenta la práctica profesional, así como para la formación de profesores e investigadores de un alto nivel académico, en el cual la institución educativa depende de los programas presupuestales que le son otorgados por parte del gobierno. De ahí que, al convocar de beca de posgrado para el periodo 2019-2 a los citados estudiantes, únicamente hace un llamado para que las personas interesadas que cumplan con los requisitos acudan al proceso respectivo y, como consecuencia de ello, a través de dicha convocatoria no se crea, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, ni modifica o afecta alguna situación en concreto. Ahora, el numeral 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa "ARTÍCULO 3. VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y Por su parte, el artículo 1 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, dispone ARTÍCULO 1. La Universidad Autónoma del Estado de Baja California es una institución de servicio público, descentralizada de la administración del Estado, dotada de plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios. De este dispositivo se puede obtener que la Universidad Autónoma de Baja California es una institución pública, autónoma en su régimen interno para autogobernarse, administrar su patrimonio, definir los procedimientos de admisión, promoción y permanencia del personal académico y sus alumnos, que está dotada de plena capacidad para celebrar todo tipo de actos jurídicos. Sin embargo, la determinación en la cual si bien se le negó el beneficio de la beca, no trasgrede de manera alguna la esfera jurídica del quejoso, que le cause perjuicio, o le constituyan un derecho en su favor que de alguna manera se vea vulnerado, pues en su caso, fue admitido para cursar el posgrado que solicitó, lo cual no lo priva del derecho a recibir la educación. Entonces, si el acto que reclama constituye uno derivado de la convocatoria de beca de posgrado institucional para el periodo 2019-2, la cual fue consentida expresamente por el quejoso desde el momento en que se sujetó al proceso citado para obtener la indicada beca y conocer las causas por las que no podría ser otorgada. Ahora, en el caso, es necesario precisar la definición del término convocatoria. Convocatoria 1. adj. Que convoca. 2. f. Anuncio o escrito con que se convoca. Sinónimos, cita, citación, emplazamiento, examen, invitación, llamada, llamamiento. Asimismo, para mejor comprensión, es necesario imponerse de la definición de la palabra invitación que el citado Diccionario señala. Invitación 1. f. Acción y efecto de invitar o ser invitado. 2. f. Impreso o tarjeta con que se invita o se es Invitado. 3. f. Billete que se compra para asistir a determinados actos. Las convocatorias son invitaciones para ciertos fines y se aceptan o no se rechazan y no puede obligarse al convocante a realizar una convocatoria para satisfacción de todo el público que pueda ingresar al tema. De estimar lo contrario, se llegaría al absurdo de impugnar las convocatorias y adaptarlas a las necesidades de cada participante, lo cual no es congruente puesto que estas se llevan a cabo en los términos que el convocante previamente analizó son los mejores para los fines pretendidos. De lo que se concluye, que el acto reclamado de ninguna manera implica una afectación de manera particular, individual, real, concreta y objetiva en contra del peticionario de amparo, esto es, no le irroga una afectación directa en su esfera de derechos, ni le causa perjuicio alguno, dado que como ya se especificó, el acto que aquí se combate no está dirigido a afectar directamente los derechos del quejoso. Apoya lo expuesto por identidad, la tesis aislada sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito , que dice*** Bajo esa línea argumentativa, para que el acto reclamado pueda ser considerado equivalente a los de autoridad, debe reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos, como el que se reclama en un plano de igualdad, que no implica una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele el carácter de autoridad responsable. De manera que dichas entidades no pueden considerarse autoridades para efectos del juicio de amparo, porque los actos que se les atribuyen no emanan de un órgano con tintes de autoridad al no ejercer un poder público basado en una relación de supra a subordinación que afecte de manera unilateral la esfera jurídica del hoy quejoso, sino de una facultad inmersa en un ámbito de decisión autónoma de la que se encuentra investida la Universidad Autónoma de Baja California, de tal suerte que el inconforme sólo guarda el carácter candidato de dicha institución, pero no de gobernado que pudiera verse afectado con los actos que impugna. Sobre tales premisas, se estima que el acto reclamado no tiene la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, no es un acto impugnable a través de este, porque únicamente constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos establecidos, y si de acuerdo a los lineamientos y estatutos de la Institución le sea otorgada una beca para realizar estudios de postrados, de ahí que, a través de la citada convocatoria no se creen, modifiquen o extingan derechos que impliquen una afectación de situaciones jurídicas abstractas o que constituyan un acto concreto de efectos particulares, imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva, aunado a que no deriva de una relación de supra a subordinación, por ende no le reviste la calidad de acto proveniente de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, ya que las mismas no actúan con el imperio de su soberanía, pues sólo constituye un llamado para que quienes cumplan con los requisitos ahí establecidos acudan al proceso de selección respectivo. En mérito de lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizada en los términos que señala a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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