Marco Antonio Herrera Tostado

Expediente 1806/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1806/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Herrera Tostado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso por el que atento al requerimiento formulado el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, solicita una prórroga a efecto de que se encontrarse en aptitud de dar cumplimiento a lo requerido en dicho auto, por tanto se acuerda: Concédase al quejoso la prorroga que solicita y con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase al quejoso ************ para que en el plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acredite con documentación fehaciente la parte proporcional de uso habitacional del inmueble con cuenta predial ********************en los ejercicios fiscales dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, a fin de que este en posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto se tendrá al inmueble con cuenta predial ********************clasificado como "Q" (cultural) en los ejercicios fiscales dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, para los efectos del cumplimiento de la sentencia. Por otra parte, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es necesario contar con los estados de cuenta del impuesto predial de los ejercicios fiscales dos mil quince a dos mil diecisiete respecto de la cuenta predial ********************por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita copia certificada de los estados de cuenta del impuesto predial de los ejercicios fiscales dos mil quince a dos mil diecisiete del inmueble que tributa con la cuenta predial aludida, o bien, indique el impedimento legal para dar cumplimiento a lo solicitado. Apercibida que, de no desahogar el requerimiento formulado, en el plazo establecido, se impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, al que acompaña testimonio con evidencia criptográfica de la resolución dictada en el amparo en revisión 859/2022, de su estadística y de los autos del juicio al rubro señalado; sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente por así haberlo solicitado expresamente. En ese sentido, hágase del conocimiento que el tribunal colegiado, resolvió: "[.] Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Queda firme la negativa de amparo respecto del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la quejosa S*********, en términos y para los efectos precisados en los considerandos sexto y octavo de esta ejecutoria. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Asimismo, glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación a este cuaderno principal. Efectos de la resolución Ahora, del análisis de la ejecutoria de amparo emitida por el órgano colegiado oficiante, se desprende que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] Para determinar el monto a pagar por concepto del impuesto predial, las autoridades fiscales competentes deberán ceñirse al procedimiento siguiente: a) Las autoridades fiscales competentes del Gobierno de la Ciudad de México deberán ubicar a la quejosa en el rango que le corresponde de la tabla establecida en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con base en el valor catastral de sus inmuebles, siguiendo la mecánica del tributo, obtener el impuesto a cargo y del resultado del monto a pagar se le deberá descontar el 25% -veinticinco por ciento-, correspondiente al subsidio previsto para el rango G del inciso b) del artículo segundo del acuerdo reclamado; y, b) La cantidad obtenida se restará al monto del tributo que pagó y el resultado será el monto a devolver, debidamente actualizado. En las relatadas condiciones, al resultar esencialmente fundado el agravio expresado por la quejosa y recurrente principal e ineficaces los de la autoridad recurrente adherente, lo procedente es, declarar firme la negativa de amparo respecto del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte; en la materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos precisados en la presente ejecutoria. [.]" Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo del ajuste al cálculo de valor catastral relativo a los inmuebles en que tributan las quejosas en las cuentas prediales **********. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión citado, remítaseles copia simple de esta ejecutoria, así como de los estados de las cuentas prediales de los inmuebles materia de este juicio. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a cada una de las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se hace referencia en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegalesque retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Finalmente, no pasa inadvertido que la promoción de cuenta se encuentra dirigida al juicio de amparo 672/2021; sin embargo, de su contenido se aprecia que corresponde a este juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el consejero jurídico del gobernador y en representación del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, por el que informan las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón de que en auto de treinta y uno de octubre pasado se dio vista al quejoso con el cumplimiento formulado por el director general de la citada dependencia. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que para tal efecto señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, se tiene como correo electrónico el indicado, para establecer comunicación en los casos que este juzgado Federal lo considere necesario. Notifíquese.

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