Marco Antonio Hernández Vigueras

Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
848/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernández Vigueras

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de agosto de dos mil veintidós. NO HA LUGAR A LA EXPEDICIÓN DE COPIAS. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Marco Antonio Hernández Vigueras; en su atención, indíquese que no ha lugar a acordar de conformidad la expedición de copias que solicita respecto de la sentencia que dice en donde se concedió el amparo, toda vez que la demanda que presentó se desechó de plano; y, por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido. SE DEVUELVE AL ARCHIVO. Al haberse satisfecho el motivo por el cual fue extraída del archivo de este juzgado federal la pieza de autos en que se actúa, devuélvase la misma al citado lugar, para su guarda y custodia...M-II

  2. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintinueve de octubre de dos mil veinte, a través del cual se determina: RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Vista la demanda promovida por Marco Antonio Hernández Vigueras, quien se ostenta como asesor jurídico de Melitón Hernández Viguera, contra actos del agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta de Investigación Uno en Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, que se traduce en la omisión a realizar técnicas de investigación en la carpeta de investigación 10-2020-0953. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 848/2020-II-A. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo transcrito emerge la obligación del juez de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita, impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable; es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, en el caso de nuestra atención, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por considerarse que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, previamente a la promoción del presente juicio. En efecto el citado numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)". Conforme a la norma legal transcrita, se tiene que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo consiste en la obligación de quien se considera agraviado con el acto de autoridad, de agotar todos y cada uno de los recursos, juicios o medios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, siempre que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Cabe señalar que dicha obligación se encuentra condicionada a que el sistema de recursos previsto en la ley secundaria, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto impugnado, ni plazo mayor para el otorgamiento de la medida cautelar. Además, debe decirse que la parte quejosa no se encuentra obligada a acatar el principio que se trata, cuando sea tercera extraña al procedimiento en el que se emitió el acto reclamado, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando éste carece de fundamentación. Sobre esto último, conviene aclarar que para que opere la excepción del principio aludido, no debe existir precepto legal alguno que apoye el acto reclamado. Es decir, debe existir ausencia total de fundamentos legales, lo que no puede ser de otra manera si se toma en consideración que la acepción del vocablo "carecer", conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, vigésima segunda edición, 2001, editorial Espasa, página 452, es la siguiente: "Tener falta de algo". Lo razonado conduce a analizar la naturaleza y origen de los derechos discutidos. Así, para determinar si en el caso a estudio cobran aplicación las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en materia penal, o si el quejoso se encuentra obligada a observar dicho principio antes de acudir a la instancia constitucional, es necesario mencionar nuevamente que las omisiones que en esta instancia constitucional se impugnan, consisten en la omisión a realizar técnicas de investigación en la carpeta de investigación 10-2020-0953. Como se ve, las omisiones impugnadas no se ubican dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad que rige en el amparo contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese sentido, esta juzgadora de amparo estima que el quejoso se encuentra obligada a agotar los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece a su favor. De manera que, si de lo que se duele el solicitante del amparo es de la omisión del agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta de Investigación Uno en Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, de realizar técnicas de investigación en la carpeta de investigación 10-2020-0953; entonces, antes de acudir a la tutela constitucional, debió acudir ante el juez de control competente, según lo establecido en el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra cita: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Se sostiene lo anterior, porque las determinaciones o abstenciones del agente del Ministerio Público, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de control; por ello, es inconcuso que el quejoso se encuentra obligado a agotar dicho medio ordinario de defensa. Apoya en lo conducente la tesis 1a./J 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Tomo I, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2017641, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamado un remedio procesal que puede subsanar las violaciones alegadas en la demanda de amparo, el mismo debió ser ejercido por el peticionario de amparo, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para la gobernada cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Consecuentemente, como ya se citó, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, al no surtirse los requisitos de procedencia de la acción constitucional, pues en la especie, teniendo en cuenta la finalidad del proceso penal, el juicio de amparo sólo procederá cuando se promueva contra actos que sean de imposible reparación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, siempre y cuando se hayan agotado los recursos o medios de defensa que el quejoso tiene a su alcance. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA P TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMOTE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como tal el ubicado en calle Cuauhtémoc número 402, despacho 4, colonia Centro, en Pachuca, Hidalgo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones a Abigail Ocampo Jahuey, María Fernanda Izquierdo Méndez y Juan Carlos González Barrera. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA REPRODUCCIONES DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...m-II

  3. Principal

    ...DAN CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO. Se tiene al Director General y Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Hidalgo dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de doce de agosto del año en curso; para lo cual, informa que después de realizar una búsqueda en su sistema, obtuvo un domicilillo del tercero interesado Cristhian Roberto Cruz Salinas. Con lo anterior, dese cuenta en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119 de la citada legislación...M-III

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano