Marco Antonio Hernández Vázquez
Expediente 588/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Marco Antonio Hernández Vázquez
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que se hizo constar que las partes no impugnaron la resolución que desechó la demanda de amparo en los presentes autos, tampoco existió reporte de falla técnica en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para la recepción de promociones electrónicas...se declara que esa resolución causó estado...Archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
Se recibe la demanda de amparo indirecto que suscribe Marco Antonio Hernández Vázquez, contra actos que atribuye a Juzgado Cuarto Familiar de Colima, Colima. ? Formación de expediente, registro y seguimiento. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 588/2020-7. Dese seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). ? Análisis de la demanda. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio 564/2020 del índice del Juzgado Cuarto Familiar de Colima. Asimismo, refiere que en dicho proveído se ordenó su emplazamiento con motivo de la demanda interpuesta por la tercera interesada Samanta Leticia Rodríguez Castañeda, para efecto del reconocimiento de la filiación y paternidad de su menor hija. ? Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la ley impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia del juicio de amparo de forma manifiesta e indudable, que impide conocer sobre la constitucionalidad de los actos que reclama el amparista y que está previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" La mencionada disposición establece que el amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual las resoluciones judiciales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; en el presente caso, el promovente no cumplió con el principio de definitividad. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la ley, prescriben el principio de definitividad respecto de las resoluciones dictadas por tribunales judiciales que se materializa cuando concurren los supuestos siguientes: 1. Que en contra de la resolución judicial proceda algún medio de defensa o recurso, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que el acto reclamado no se ubique en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto (las que operan como un sistema; es decir, no son excluyentes una de otra, de tal suerte que si se actualiza alguna, entonces el amparo es procedente) y que son: A. Cuando sean actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Cuando sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Cuando la persona afectada ostente la calidad de tercero extraño al procedimiento. En esta línea de pensamiento, se verifica la concurrencia de los supuestos que materializan la hipótesis de improcedencia en estudio. En primer término, con relación con el requisito descrito en el apartado 1, para establecer el medio de defensa o el recurso que debe agotar la parte quejosa contra el acto reclamado, el que suscribe trae a colación los artículos 683, 684, 687 y 951, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, los cuales prevén: "Artículo 683.- Las sentencias no pueden ser impugnadas a través del Recurso de Revocación, ni revocadas por el juzgador que las haya dictado. Los autos y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son recurribles o establezca expresamente la procedencia de otro recurso. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación procede únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este Código". "Artículo 684.- El Recurso de Revocación deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, expresando los hechos y fundamentos legales que lo sustenten. El Juez podrá resolver de plano confirmando o modificando la resolución impugnada. Podrá asimismo, en consideración a las circunstancias del caso, dar vista a la parte contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del tercer día siguiente. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. Si el recurso fuere presentado extemporáneamente o no contiene expresión de agravios, se declarará desierto y firme la resolución recurrida". "Artículo 687. El recurso de apelación procede: I. Contra las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: a) Denieguen la admisión de la demanda o los medios preparatorios a juicio; b) Resuelvan sobre acumulación de acciones o sobre la intervención de sucesores procesales o terceros; c) Rechacen la representación de alguna de las partes o resuelvan sobre cualquier otro presupuesto procesal; d) Deniegue el trámite de una excepción procesal o la resuelva; e) Decida sobre nulidades procesales; f) Acuerde sobre suspensión o interrupción del proceso u ordene que se levanten; g) Resuelva sobre la aprobación de transacciones y convenios, desistimiento, perención o cualquier otra causa que ponga fin al proceso; h) Decrete o levante medidas cautelares; y i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva. IV. Contra las demás resoluciones expresamente señaladas en este Código." "Artículo 951.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó". De los artículos transcritos se advierte que el recurso de apelación procede contra las determinaciones expresamente establecidas en la legislación aplicable, por lo que, en caso, de que un auto no se ubique en alguno de los supuestos, se podrá impugnar mediante el recurso de revocación. Ahora bien, en el caso a estudio se reitera que el promovente reclama, en esencia, el proveído dictado el nueve de septiembre de dos mil veinte, por el Juzgado Cuarto Familiar de Colima, Colima, por el cual admitió a trámite el juicio de origen y que contiene la orden de emplazamiento en su contra. Entonces, al tratarse el acto reclamado del auto admisorio que ordena su emplazamiento a juicio, no se ubica dentro de los supuestos previstos por el artículo 687 citado, ya que constituye una resolución de trámite; de acuerdo al artículo 79, fracción I de la mencionada legislación, contra el cual procede el recurso de revocación, mismo que es apto para revocarlo, modificarlo o anularlo. Por tanto, se materializa el supuesto descrito en el apartado uno. Por último, en cuanto al supuesto descrito en el apartado 2, relativo a las excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que no se actualiza ninguna. A. En efecto, el acto impugnado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. B. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. C. Finalmente, el quejoso no es tercero extraño, ya que es parte demandada en el juicio de origen, de donde emana el acto en reclamo, pues así lo manifiesta bajo protesta de decir verdad. En esa tesitura, no se configuran las excepciones del principio de definitividad descritas en el apartado cuatro. Por consiguiente, se materializan todos los supuestos que conforman la hipótesis de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley, de manera que la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación contra el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, previsto en el artículo 683 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Consecuentemente, al ser parte en el referido juicio, quedó supeditado a la regla establecida en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes, sin que resulte óbice a lo anterior que el promovente refiera que es un acto de imposible reparación. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia P.J. 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, tomo l, página 8; de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Finalmente, se invoca la jurisprudencia número VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página 1654; de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES.". En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley, se desecha de plano la demanda de amparo.
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