Marco Antonio Hernández Vázquez

Expediente 925/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
925/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernández Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa y tercera interesada en auto de dieciséis de octubre del año pasado, para que hicieran manifestación de lo que a su derecho conviene en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en este sumario constitucional, respecto de lo cual no hicieron valer dicha prerrogativa; consecuentemente, se procede a decidir sobre el acatamiento de la sentencia protectora, pues ello es de orden público y el tribunal de amparo tiene la facultad de resolver con base en los elementos que obran en el expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la legislación de la materia. Bien, en la sentencia autorizada el veintiocho de marzo de dos mil veinte, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa -en apoyo a este órgano jurisdiccional- sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las Cámaras de Senadores y de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, así como al Director General del Diario Oficial de la Federación; negó la protección constitucional contra los actos imputados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en la expedición y promulgación del artículo 1341 del Código de Comercio y determinó que para restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, debía realizar lo siguiente: "[- - -] A. Deje insubsistente jurídicamente la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca 426/2007/93, de su índice; y, B. En su lugar, dicte otra en el que, conforme a los lineamientos trazados, resuelva nuevamente el recurso de reposición interpuesto por el aquí quejoso, contra el auto de nueve de julio de dos mil diecinueve dictado en el expediente en mención. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios. [- - -]" En la ejecutoria de amparo se determinó -en forma medular- lo siguiente: La resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la sala responsable al analizar los agravios expuestos en el recurso de reposición interpuesto en contra del auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, esencialmente sostuvo que la apelación solamente procede contra las resoluciones que causen un gravamen que no pueda repararse en aquélla que ponga fin al procedimiento de ejecución; por lo que si el auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen, no es aquél que formaliza la transmisión de la propiedad o la entrega material del bien, sino únicamente el que pone los autos y documentos a disposición del fedatario para que realice la escritura respectiva, no puede considerarse que sea el último acto dictado en el procedimiento de remate. Consideraciones que son incorrectas, toda vez que sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia de rubro: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA." La sentencia de amparo causó ejecutoria en proveído de siete de septiembre de dos mil veinte. Así, en oficio con número de registro 8877, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó insubsistente la determinación de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 426/2007 -expediente 93-. Posteriormente, por comunicación registrada con el arábigo 9118, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución de nueve de octubre de dos mil veinte, a través de la cual -en acatamiento a la sentencia protectora- revocó el auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, para el efecto de confirmar la admisión y calificación de grado del recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra del auto de veintiocho de mayo del año referido, a través del cual, el resolutor natural ordenó poner a disposición los autos del juicio de origen al notario público designado para la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente. Por su parte, a través del oficio con número de registro 9124, la Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad, remitió copia certificada del auto de ocho de octubre del año pasado, del que se observa que -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- manifestó que se adhería al cumplimiento realizado por el tribunal superior. Una vez establecido lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; se entiende por lo primero, cuando la autoridad responsable se extralimita en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria; esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme con lo ordenado por el órgano de amparo. Conviene destacar que la protección de la Justicia Federal se concedió en los términos establecidos en párrafos que anteceden y que las autoridades responsables acataron la sentencia de mérito, tal como se precisó en líneas anteriores; por lo que es dable determinar que las mismas no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, a las que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su dispositivo 2°, se aprecia que la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México -en acatamiento a la sentencia protectora- dejó insubsistente la determinación de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 426/2007 -expediente 93- y dictó otra en la que revocó el auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, para el efecto de confirmar la admisión y calificación de grado del recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra del auto de veintiocho de mayo del año referido, a través del cual, el resolutor natural ordenó poner a disposición los autos del juicio de origen al notario público designado para la elaboración de la escritura de adjudicación correspondiente. De igual manera, la Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad, remitió copia certificada del auto de ocho de octubre del año pasado, del que se observa que -en acatamiento a la ejecutoria de amparo- manifestó que se adhería al cumplimiento realizado por el tribunal de apelación. Por lo tanto, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con los oficios citados, acreditaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, con lo cual se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho violado. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de depuración, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se concedió la protección constitucional; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, la demanda; las resoluciones recurridas; la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el presente proveído y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. En atención a que en el caso en particular, se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Así, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del mutireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, AUTO DE 10 DE OCTUBRE DE 2020.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE MÉRITO, AUTO DE 16 DE OCTUBRE DE 2020.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE MÉRITO, AUTO DE 16 DE octubre DE 2020.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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