Marco Antonio Hernández Bañuelos y Otros.

Expediente 543/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
543/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
17/04/2015

Partes del expediente

  • Marco Antonio Hernández Bañuelos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Marco Antonio Hernández Bañuelos, en atención a su contenido, debido a que del estado procesal que guardan estos autos, se advierte que mediante proveído catorce de abril del año en curso fue enviado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, el juicio de amparo 543/2015, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, en razón de que se consideró, que este órgano jurisdiccional carecía de competencia para conocer de este asunto por razón de territorio; resérvese remitir el escrito que se provee, hasta en tanto se reciba la comunicación oficial correspondiente de la que se advierta a qué Juzgado de Distrito correspondió conocer de la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Hernández Bañuelos.

  2. Principal

    Analizada la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Hernández Bañuelos, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese con el número 543/2015, en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que por ser de orden público, resulta indispensable analizar con prioridad a cualquier otra cuestión. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la demanda se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo citado establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y continúe en otro; será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención; Si el acto controvertido carece de ejecución será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado. Asimismo, se toma en cuenta el criterio obligatorio, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción donde se trata de ejecutar la orden de detención o aprehensión reclamada. Es aplicable la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004166 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Página: 383 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 52 de la Ley de Amparo, y párrafo segundo, fracción séptima del punto segundo del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, ejercen jurisdicción en el municipio de Tomatlán, Veracruz. HECHOS De la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por el quejoso Marco Antonio Bañuelos se hace consistir en la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Asimismo, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que "(.)1. El día 10 de abril del 2015 como a las 9:00 horas la Señora Marisela Hernández Bañuelos circulaba en su vehículo a la altura de dos caminos y la detuvo un vehículo modelo Tsuru color blanco del cuál descendieron individuos pero venían tres, interpelaron a mi acompañante el joven JOE JHOSSIMAR ROMERO HERNÁNDEZ preguntándole si se llamaba MARCO ANTONO HERNÁNDEZ BAÑUELOS. 2. El día de hoy al medio día se constituyó en mi domicilio citado una vecina y me dijo que elementos de la Policía Ministerial a cargo de la Comandancia de la Agencia Veracruzana a de Investigación del Estado, con residencia en la ciudad de Huatulco, Veracruz, para detenerme en virtud de que el Juez Mixto de Primera Instancia, de este Distrito Judicial, libró una orden de aprehensión en mi contra como presunto responsable del delito de negligencia médica. (.)". De igual modo, se destaca que el quejoso Marco Antonio Hernández Bañuelos señaló como su domicilio particular el ubicado en calle Tres (3), número dieciocho (18), colonia Centro, en Tomatlán, Veracruz. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que la orden de aprehensión reclamada tendrá ejecución en Tomatlán, Veracruz, debido a que de acuerdo con las manifestaciones vertidas por el quejoso Marco Antonio Hernández Bañuelos, es ahí donde se encuentra su domicilio y es el lugar en donde lo han ido a buscar los elementos policiacos para ejecutar dicha orden de aprehensión. No se soslaya que generalmente el domicilio de la parte quejosa no es el que determina la competencia de un juez para conocer de un caso; sin embargo, por las circunstancias particulares de este asunto, se considera que al tratarse de una orden de aprehensión que se pretende ejecutar en el domicilio del quejoso, aquél aspecto sí tiene relación jurídica, como se expuso. Es decir, atendiendo a que el acto reclamado es de los que necesariamente requieren de ejecución material, y que dicha ejecución debe forzosamente repercutir en la persona del peticionario de amparo, dada su especial naturaleza, es inconcuso que tratará de ejecutarse en el lugar donde se encuentre el aludido quejoso. Similar criterio fue utilizado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver el expediente 17/2014, relativo al conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz, lo que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia para conocer de este asunto y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; que corresponde al Séptimo Circuito, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el asunto al Juez de Distrito, en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Asimismo, se solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito; por tanto, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo en vigor, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúenseles por lista de acuerdos. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala para los efectos que indica. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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