Marco Antonio Guzmán González

Expediente 1026/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1026/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
08/07/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Guzmán González
  • Juez Sexto de Pimera Instancia en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Marco Antonio Guzmán González, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N 623344, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), con el cual garantizó la suspensión definitiva del acto reclamado; al respecto, como lo solicita el promovente y toda vez que en acuerdo de uno de julio del año en curso, se dejó a su disposición el aludido billete, hágasele la devolución del mismo, previa identificación y razón que por su recibo obre en autos para su debida constancia.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida totalmente la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió para el quejoso y tercero interesado del diez al veintiocho de los actuales, sin que lo hubieran hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión, SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN al haberse concedido el amparo y protección constitucional, y otorgado la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración de los mismos, con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales, y el original del incidente de suspensión manténgase en el archivo por separado, hasta en tanto se determine sobre su destrucción. Por otro lado, se deja a disposición del quejoso Marco Antonio Guzmán González, el billete de depósito número N 623344, con número de registro (80/2018) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), con el cual garantizó la suspensión definitiva del acto reclamado; por lo tanto, hágase entrega de dicho certificado únicamente al quejoso de mérito, que le será entregado previa solicitud que al efecto realice por escrito, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo, presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia, o en su defecto, al ser omisa en solicitar su devolución, haya operado la prescripción del referido billete de depósito a favor del Fisco Federal, por virtud de haber transcurrido el término de dos años para tal efecto, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 11 fracción III, XIII, XVI y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mismo prescribirá a favor del Fisco Federal, por transcurrir el término señalado para tal efecto, que determina, en esencia, la fecha en que opera la prescripción del billete; lo anterior sin perjuicio de que el escrito de solicitud de devolución del documento que deberá realizar la parte quejosa y acuerdo de procedencia sea con fecha posterior al presente proveído, ya que la temporalidad señalada con anterioridad empezará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del juicio ordinario civil 94/2018/III, de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente, devuélvase el mismo a su lugar de origen, haciéndose la precisión al Actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no está obligada a remitir el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso b) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdo a la parte quejosa el proveído siguiente: "Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida totalmente la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió para el quejoso y tercero interesado del diez al veintiocho de los actuales, sin que lo hubieran hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión, SON SUSCEPTIBLES DE DEPURACIÓN al haberse concedido el amparo y protección constitucional, y otorgado la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración de los mismos, con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales, y el original del incidente de suspensión manténgase en el archivo por separado, hasta en tanto se determine sobre su destrucción. Por otro lado, se deja a disposición del quejoso Marco Antonio Guzmán González, el billete de depósito número N 623344, con número de registro (80/2018) expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.), con el cual garantizó la suspensión definitiva del acto reclamado; por lo tanto, hágase entrega de dicho certificado únicamente al quejoso de mérito, que le será entregado previa solicitud que al efecto realice por escrito, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo, presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia, o en su defecto, al ser omisa en solicitar su devolución, haya operado la prescripción del referido billete de depósito a favor del Fisco Federal, por virtud de haber transcurrido el término de dos años para tal efecto, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 11 fracción III, XIII, XVI y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mismo prescribirá a favor del Fisco Federal, por transcurrir el término señalado para tal efecto, que determina, en esencia, la fecha en que opera la prescripción del billete; lo anterior sin perjuicio de que el escrito de solicitud de devolución del documento que deberá realizar la parte quejosa y acuerdo de procedencia sea con fecha posterior al presente proveído, ya que la temporalidad señalada con anterioridad empezará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del juicio ordinario civil 94/2018/III, de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente, devuélvase el mismo a su lugar de origen, haciéndose la precisión al Actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no está obligada a remitir el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista de acuerdos a las demás partes y por oficio a la responsable. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Marcial Soto Montaño, Secretario que autoriza y da fe."

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo número 1026/2018, y atento a la certificación que antecede, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, con el número de registro 2007918, de la Décima Época, en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." I. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que mediante sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, por este Juzgado de Distrito, la cual causó ejecutoria en auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil número 94/2018/III, de su índice, realizara lo siguiente: "1. La autoridad responsable deje sin efectos la resolución reclamada de once de septiembre del año pasado, y 2. En su lugar con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acto en el que resuelva conforme a derecho la reclamación interpuesta, atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, es decir, deberá: a) Valorar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa Marco Antonio Guzmán González, así como todas aquellas que hasta ese estadio procesal obren en autos del juicio natural, de conformidad con lo dispuesto por el Código adjetivo de la materia, expresando tanto el valor probatorio formal como también respecto de su contenido, y realizado tal ejercicio valorativo, resuelva la reclamación planteada con plenitud de jurisdicción." Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida en su totalidad, como se explica a continuación. El amparo se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: La responsable actuó de la siguiente manera: 1. La autoridad responsable deje sin efectos la resolución reclamada de once de septiembre del año pasado. 1. Mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 87). 2. En su lugar con plenitud de jurisdicción, emita un nuevo acto en el que resuelva conforme a derecho la reclamación interpuesta, atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, es decir, deberá: a) Valorar las pruebas ofrecidas por la parte quejosa Marco Antonio Guzmán González, así como todas aquellas que hasta ese estadio procesal obren en autos del juicio natural, de conformidad con lo dispuesto por el Código adjetivo de la materia, expresando tanto el valor probatorio formal como también respecto de su contenido, y realizado tal ejercicio valorativo, resuelva la reclamación planteada con plenitud de jurisdicción. 2. En esa misma resolución, la autoridad responsable valoró las pruebas aportadas por el actor (aquí quejoso), consistentes en: pruebas supervenientes consistentes en documentales de diversos recibos y tickets de pago de medicamentos, alimentos, ropa y servicios. Enunciando el valor probatorio formal y el contenido de cada una de las pruebas antes citadas, pues al respecto dijo que se desestima valor probatorio a dichas documentales en términos del numeral 266 del código adjetivo civil, en virtud de que no se tiene la certeza de que efectivamente hayan sido gastos erogados por el propio actor, pues los diversos tickets los puede obtener a través de un tercero, y por cuanto a los pagos de los servicios como son luz, agua y gas, tampoco comprueba fehacientemente que los cubra él, ya que están a nombre de terceros, y el actor vive con su progenitora y puede ser quien los cubra realmente. Asimismo, la autoridad responsable valoró las pruebas aportadas por el demandado, consistentes en: el contrato de compraventa que ampara la compra de un vehículo; copias certificadas del expediente 1697/2017, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad; copias certificadas del expediente 848/2016, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en esta ciudad; impresiones de comprobante de percepciones y deducciones a su nombre; y la instrumental de actuaciones y presunciones legales, por ser pruebas que obraban en autos del juicio natural hasta ese estadio procesal. Expresando tanto el valor probatorio formal como también respecto del contenido de cada una de dichas probanzas, al mencionar que les otorgaba pleno valor probatorio acorde a los artículos 210, 235, fracción II, 261, fracciones II y VIII, 262, 265, 266 y 327 del Código Procesal Civil para Veracruz. Finalmente, con libertad de jurisdicción determinó reducir del cuarenta al veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones del demandado, la medida provisional inicialmente fijada, tomando en cuenta a los diversos acreedores alimentarios así como las pruebas aportadas por las partes. Bajo esas consideraciones, a juicio de quien esto resuelve, se estima que LA SENTENCIA HA SIDO CUMPLIDA TOTALMENTE en su núcleo esencial, sin defectos o excesos por la autoridad responsable, pues dejó sin efectos el acto reclamado y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictó uno nuevo en el que realizado un ejercicio valorativo a fin de expresar el valor probatorio formal y de contenido de cada una de las pruebas aportadas por las partes, redujo la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del cuarenta al veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado. II. Vista a la partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente a las partes.

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