MARCO ANTONIO GUADALUPE CEDILLO SILVA y Otros.

Expediente 1617/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1617/2014
Año
2014
Actuaciones
9
Última actuación
25/03/2015

Partes del expediente

  • MARCO ANTONIO GUADALUPE CEDILLO SILVA y Otros.
  • Marco Antonio Guadalupe Cedillo Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil quince. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial marcada con el inciso 1); toda vez que en la especie por auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince, se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías; el cual se notificó a las partes; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho proveído, ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial marcada con el inciso 2), con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste, será conservado en el archivo de este Órgano Jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo." MESA V-C

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Agréguese el oficio de las autoridades responsables Director General y Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual atienden el requerimiento efectuado en auto de nueve de febrero del año en curso (foja 146). Ahora, vistos los autos, se advierte que en su demanda, el quejoso reclama el correctivo disciplinario que se le impuso; asimismo que de las constancias de autos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." En relación con dicha causa de improcedencia, existen la jurisprudencia y tesis siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." (Tesis aislada de la Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1478, Tomo LXXXII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Jurisprudencia 493, Quinta Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 326). El numeral y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose por éstos, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Esto es, los que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Ahora bien, de las constancias de autos, así como de la comunicación de cuenta remitida por el Director General y Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte que: Por la conducta observada el uno de abril de dos mil catorce (foja 21), se le impuso al quejoso un correctivo disciplinario consistente en noventa días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia, ello conforme a lo establecido en los numerales 79, fracción II y IV, y 80 fracción III del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (foja 20), mismo que finalizó el veinticinco de noviembre de dos mil catorce (foja 20). Dicha sanción la tuvo por cumplida en la fecha citada, tal como se desprende del oficio de cuenta (foja 162). Por ende, es inconcuso que el correctivo disciplinario reclamado ya no puede ser analizado, al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de garantías persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Luego, el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que el juicio de garantías es improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. Así se considera dado que la afectación derivada de la ejecución del mandamiento de cateo no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, materialmente sería imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada en el amparo, por haberse consumado irreversiblemente, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso ese derecho, al ser físicamente imposible volver las cosas al estado que guardaban. Por tanto, resulta incuestionable que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, pues se ha ejecutado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." (Tesis 150 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 325, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio. Ahora, con respecto a los actos reclamados consistentes en el abuso de autoridad, discriminación, segregación, aislamiento, tortura física y psicológica, así como lo prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron su existencia (fojas 17-18 y 48-49), y la parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, como no se acredita la existencia de los referidos actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De ahí que resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo a que se refiere dicho numeral y resolver este juicio de garantías en la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (foja 138 vuelta); ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte la causa de improcedencia invocada, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo." MESA V

  3. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Agréguese el oficio de las autoridades responsables Director General y Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual atienden el requerimiento efectuado en auto de nueve de febrero del año en curso (foja 146). Ahora, vistos los autos, se advierte que en su demanda, el quejoso reclama el correctivo disciplinario que se le impuso; asimismo que de las constancias de autos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." En relación con dicha causa de improcedencia, existen la jurisprudencia y tesis siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." (Tesis aislada de la Quinta Época, sustentada por la Segunda Sala de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1478, Tomo LXXXII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." (Jurisprudencia 493, Quinta Época, Pleno, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 326). El numeral y criterios transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose por éstos, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, esto es, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Esto es, los que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Ahora bien, de las constancias de autos, así como de la comunicación de cuenta remitida por el Director General y Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con valor probatorio pleno, en los términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte que: Por la conducta observada el uno de abril de dos mil catorce (foja 21), se le impuso al quejoso un correctivo disciplinario consistente en noventa días de suspensión total de estímulos, con restricción de tránsito a los límites de su estancia, ello conforme a lo establecido en los numerales 79, fracción II y IV, y 80 fracción III del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social (foja 20), mismo que finalizó el veinticinco de noviembre de dos mil catorce (foja 20). Dicha sanción la tuvo por cumplida en la fecha citada, tal como se desprende del oficio de cuenta (foja 162). Por ende, es inconcuso que el correctivo disciplinario reclamado ya no puede ser analizado, al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de garantías persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Luego, el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, por lo que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que el juicio de garantías es improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. Así se considera dado que la afectación derivada de la ejecución del mandamiento de cateo no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional a la parte quejosa; por tanto, materialmente sería imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada en el amparo, por haberse consumado irreversiblemente, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso ese derecho, al ser físicamente imposible volver las cosas al estado que guardaban. Por tanto, resulta incuestionable que el acto reclamado se ha consumado de manera irreparable, pues se ha ejecutado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." (Tesis 150 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 325, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio. Ahora, con respecto a los actos reclamados consistentes en el abuso de autoridad, discriminación, segregación, aislamiento, tortura física y psicológica, así como lo prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron su existencia (fojas 17-18 y 48-49), y la parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, como no se acredita la existencia de los referidos actos reclamados, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. De ahí que resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo a que se refiere dicho numeral y resolver este juicio de garantías en la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (foja 138 vuelta); ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que del contenido de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte la causa de improcedencia invocada, y permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo." MESA V

  4. Principal

    "...AGREGUESE EL OFICIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES MEDIANTE EL CUAL ATIENDEN AL REQUERIMIENTO EFECTUADO..." MESA V-.C

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