Marco Antonio Granados Cruz
Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio Granados Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por ----------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;" En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente principal es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio en que se actúa; y por lo que hace a los cuadernos incidentales, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el duplicado es susceptible de destrucción y el cuaderno original es susceptible de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, copia de la demanda y de las determinaciones en la que se concedió la suspensión, de la que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General señalado, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En diverso aspecto, con relación al documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del acuerdo general, se deja a su disposición, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada del mismo; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlo en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para la expedición de las mismas, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Zona Nororiente, con sede en Cuautitlán, Estado de México; devuélvase a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de la constancia que se le remite. Se apercibe a dicha autoridad, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejos por medio de la lista, y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 349/2020-VI, promovido por --------------, por propio derecho, contra los actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en el Delito de Romo de Vehículo Zona Oriente, con sede en 1 El presente sumario es únicamente de carácter informativo y no constituye parte integral de la sentencia. Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito recibido el once de junio de dos mil veinte, por la Secretaria de guardia, adscrita a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, autorizada para recibir demandas de amparo de conformidad con los artículos 15, 17 y 20 de la Ley de Amparo, --------------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos y autoridades: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS 1. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO, ZONA ORIENTE, CON SEDE EN CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; encargada de la carpeta de investigación NUC: CUA/CUA/CUT/032/308111/19/10. 2. C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORA (NO EXISTE) IV.- ACTO RECLAMADO A. De la Autoridad denominada ORDENADORA reclamo LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DERECHO DE ACCESO, A LOS REGISTRO [SIC] DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL." SEGUNDO. Tramite del Juicio. Por acuerdo de once de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número de juicio 349/2020-VI, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público adscrita, quien no formuló pedimento; y con fundamento en el Acuerdo General 4/2020 del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran reanudadas las labores de este recinto judicial. Posteriormente, por auto de tres de agosto de dos mil veinte, se ordenó la reanudación del trámite en el presente sumario constitucional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia definitiva. Sin embargo, inconforme con esa resolución, mediante escrito de ocho de noviembre de dos mil veinte, el quejoso interpuso recurso de revisión. De ese medio de defensa, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo radicó bajo el número de recurso de revisión 168/2020; y en sesión ordinaria virtual de ocho de abril de dos mil veintiuno, resolvió revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se señalara una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En cumplimiento a la resolución del tribunal colegiado, en auto de veintidós de abril de dos mil veintiuno, se ordenó la reposición del procedimiento, dejando insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veintidós de octubre de dos mil veinte y la sentencia dictada en la misma; asimismo se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual finalmente inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material, aunado a que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de amparo y de las demás constancias del expediente, se advierte que el acto que el quejoso reclama en el presente juicio, es: La negativa de permitir el acceso a los registros de la carpeta de investigación NIC: CUA/CUT/00MPI/625/09363/19/10 NUC: CUA/CUA/032/308111/19/10 y a obtener copias de los mismos. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En primer término se tiene por cierta la existencia de la carpeta de investigación NIC: CUA/CUT/00MPI/625/09363/19/10 NUC: CUA/CUA/032/308111/19/10, porque así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo cual, además, quedó corroborado con las constancias que remitió, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo vigente. En segundo término, una vez acreditada la existencia de la carpeta de investigación, es importante aclarar que en el caso en que se reclame un acto de carácter negativo, si la autoridad responsable niega su existencia, a ésta le corresponderá probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto.2 Bajo ese entendido, se advierte que en el presente caso, se reclama un acto de dicha naturaleza: la negativa de dar acceso y copias de los registros de una carpeta de investigación; y no obstante que el Agente del Ministerio Público responsable, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, lo cierto es que de ninguna de las constancias que aportó al presente juicio es posible advertir que efectivamente se le haya dado acceso a -------------- a la referida carpeta de 2Ello de conformidad con la tesis VI.1o.230 K, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." investigación ni que se le hayan entregado copias de los registros que en ella obran. Siendo así, para desvirtuar la existencia del acto reclamado, la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación y a obtener copias de los registros que en ella obran, resultaba carga de la prueba de la autoridad responsable acreditar que sí dio acceso a la carpeta NUC: CUA/CUA/032/308111/19/10; cuestión que no fue probada por la autoridad responsable en el presente juicio; por lo tanto, SE DEBE TENER POR CIERTO EL ACTO RECLAMADO. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto debe verificarse si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que opere de oficio o que la hagan valer las partes. Bajo esa óptica, este Juzgado Federal advierte de oficio que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, en razón de que el quejoso no acreditó tener interés para reclamar los actos precisados en el considerando segundo. Para que el juicio de amparo sea procedente es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés jurídico o legítimo que se vea afectado por el acto de autoridad combatido en la demanda de amparo. Así, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no son susceptibles de lesionar la esfera jurídica del gobernado, entonces éste no tendría legitimación para instaurar el juicio constitucional. En esa línea, el interés requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Ahora, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica (interés jurídico) o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica (interés legítimo); de tal manera que, si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Dicho de otro modo, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés que le asiste en el juicio de amparo, el cual no puede inferirse con base en presunciones. Por lo tanto, el juzgador debe inevitablemente constatar que la parte quejosa demuestre fehacientemente dentro del trámite del juicio, que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarla de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. Tampoco es suficiente la existencia de los actos reclamados; ya que suele acontecer que éstos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, por lo que a pesar de haberse constatado la existencia del acto, de cualquier manera no habría ningún agravio o violación a derechos fundamentales que reparar mediante el juicio de amparo. Sobre esas bases, se concluye que en el presente juicio, el quejoso no acreditó su interés, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es importante referir que los artículos 20 constitucional, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén como parte del núcleo del derecho a la debida defensa de toda persona a quien se le impute la comisión de un delito, los siguientes derechos: (i) el derecho del imputado a declarar o a guardar silencio, (ii) el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, así como de los derechos que le asisten; y (iii) el derecho a tener acceso a la carpeta de investigación seguida en su contra.3 3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. Es decir, conforme a esos preceptos constitucionales y convencionales, es claro que todo imputado tiene derecho a obtener acceso a los registros de la carpeta de investigación, así como a que se le expidan copias de los mismos; sin embargo, debe destacarse que este derecho únicamente asiste a aquellas personas individualizadas o determinadas en contra de las cuales se haya instaurado una investigación penal. IV. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.)" Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; (.)." Por lo anterior, si quien solicite acceso a los registros de la carpeta de investigación, no tiene la calidad de imputado evidentemente, no le asistirán los derechos que éstos gozan dentro del procedimiento penal; así, aun cuando exista una investigación en la cual dicha persona pueda estar relacionada (como testigo, por ejemplo), a la misma, no le asistirá el derecho a acceder y a obtener copias de los registros de investigación, hasta en tanto que la autoridad investigadora considere que a la misma se le pudieran atribuir los hechos constitutivos de delito, pues es hasta entonces que se adquiera la calidad de imputado. A mayor abundamiento, el acceso a los registros de una carpeta de investigación, es un derecho se materializa en la esfera jurídica de una persona, cuando ésta tenga la calidad de imputada en la carpeta de investigación de mérito; mientras no tenga esa calidad, no le asistirán los derechos de los que éstos gozan dentro del procedimiento penal, por lo tanto aun cuando una persona pueda estar relacionada con una investigación penal, no le asistirá el derecho a declarar, a ser informado ni a tener acceso a los registros, hasta en tanto que la autoridad investigadora considere que a él se le pudieran atribuir los hechos constitutivos de delito, pues antes de ello no tiene la calidad de imputado. Ahora bien, en el presente caso, si el quejoso, se duele de que la autoridad responsable lo citó a declarar en una carpeta de investigación (lo cual acredita con el citatorio de veinte de mayo de dos mil veinte), sin embargo, no le dio acceso a los registros de investigación ni le otorgó copias de los mismos, era menester que éste tuviera la calidad de imputado dentro de la misma, para estimar que esa negativa es susceptible de afectar alguno de sus derechos subjetivos (interés jurídico) o algún otro aspecto de su esfera jurídica (interés legítimo). Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende que, --------------, no tiene la calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación NIC: CUA/CUT/00MPI/625/09363/19/10 NUC: CUA/CUA/032/308111/19/10, sino que el aquí quejoso únicamente fue citado a declarar, porque un tercero solicitó la devolución de un inmueble que se encontraba asegurado dentro de la misma y adujo que había celebrado un contrato de arrendamiento con --------------. Al respecto, en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veinte la autoridad responsable determinó: "esta fiscalía considera oportuno acordar NO favorable lo solicitado por c. -------------, hasta que esta representación social cuente con: [.] la entrevista del C. --------------, ya que de los documentos presentados por el SOLICITANTE se desprende que --------------, EN FECHA 1 DE ENERO DEL 2019, CELEBRÓ UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTODEL INMUEBLE QUE NOS OCUPA, [.]". Aunado a lo anterior, en su informe justificado la responsable refirió que el quejoso no es el investigado en la carpeta de investigación y que tampoco se ha realizado sobre su persona algún acto de investigación en específico, y aduce que si bien es cierto que fue citado a comparecer, ello únicamente fue para que refiriera su situación con el inmueble relacionado con la carpeta de origen. En esos términos, si de las constancias que obran en autos no se desprende que el aquí quejoso, --------------, sea la persona investigada o imputada dentro de la carpeta de investigación, NIC: CUA/CUT/00MPI/625/09363/19/10 NUC: CUA/CUA/032/308111/19/10, debe entonces concluirse que éste no tiene interés para reclamar la negativa de la autoridad responsable de darle acceso y copias de los registros de investigación que en ella obran. Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión anterior el hecho de que el quejoso manifieste que una vez que acudió a la cita el veinticinco de mayo de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público responsable, le informó que era imputado, y le intentó recabar su entrevista de carácter ministerial, a lo cual se negó por desconocer los hechos que se le imputaban y por no contar con la asesoría de un abogado; sin embargo esa manifestación no se encuentra respaldada por algún medio probatorio, como podría ser el registro de investigación que se hubiera levantado de esa diligencia, por lo tanto, lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo no tiene el alcance de acreditar que sí tiene la calidad de imputado, cuando no existe ninguna constancia dentro de la investigación que corrobore esa situación; pues de lo único que hay evidencia es de que el quejoso fue citado para rendir una declaración en torno al inmueble materia de la investigación. En esos términos, se reitera que probar el interés en el juicio de amparo resulta carga procesal de la parte quejosa,4 4Siendo aplicable la tesis III.1o.A.25 K, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." por ende, el juicio de amparo en que se actúa es improcedente ya que el promovente no acreditó contar con interés para reclamar en esta vía constitucional la negativa de darle acceso a los registros de investigación y a obtener copia delos mismos, ya que como quedó acreditado, dicha carpeta -hasta el momento en que se rindió el informe justificado- no se seguía en su contra. Máxime que la sola conducción de una investigación (en al que el quejoso no obra como imputado o investigado) constituye un acto que no es susceptible de causar alguna afectación a los intereses del quejoso, a sus derechos subjetivos ni a su esfera jurídica en sentido amplio. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, en ese sentido el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, más aun cuando no fue en su contra que se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos.5 5 Siendo aplicable al caso la tesis II.2o.P.51 P (10a.), de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la Por ende, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede SOBRESEER en el presente juicio biinstancial. Atento a los razonamientos vertidos en esta resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos combatidos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por --------------, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO y por las razones sostenidas en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 349/2021-VI, en un tomo y un anexo de pruebas; y remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada por ese tribunal colegiado en sesión ordinaria virtual de ocho de abril de dos mil veintiuno, relativa al recurso de revisión 168/2020 de su índice, interpuesto por el quejoso ---------, en contra de la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte; de la que se advierte que el Tribunal de Alzada resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia revisada. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento, en el juicio de amparo indirecto 349/2020-VI, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez; por los Motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Así las cosas, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la ejecutoria de mérito, acúsese el recibo de estilo correspondiente y respecto al cuaderno de antecedentes se ordena su depuración, debiendo glosar al presente expediente las constancias posteriores al auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). En consecuencia, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se repone el procedimiento del presente juicio de amparo, por tanto, este Juzgado Federal deja insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veintidós de octubre de dos mil veinte y la sentencia dictada en la misma. Hágase del conocimiento de las partes que se han señalado las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, si las partes estiman conveniente estar presentes de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen además una dirección de correo electrónico para que personal de este Juzgado realice el enlace correspondiente; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes acudan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual hace del conocimiento el contenido del proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, en el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 349/2020-VI, y se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por el quejoso, con el número 168/2020. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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