Marco Antonio Gonzalez Vera
Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marco Antonio Gonzalez Vera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa Marco Antonio González Vera, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo 15/2022. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del plazo legal de cinco días que se le otorgó por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós, no señaló como acto reclamado la dilación por parte del Juez Unitario de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para dictar sentencia en la causa penal 119/2019, de su índice; en consecuencia, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que, no será materia de estudio dicho acto en el presente sumario y se tiene por no presentada respecto de dicho acto. Lo anterior, sin que se soslaye que mediante proveído de diecinueve de septiembre de la anualidad, se tuvo por recibido el escrito signado por Andrés Avelino Soriano Montes, autorizado legal del quejoso Marco Antonio González Vera, por el que manifestó bajo protesta de decir verdad manifiesta que el ocho de abril del año en curso, el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo, residente en el Espinal, Oaxaca, dictó sentencia contra el referido quejoso en la causa penal 119/2019, por lo que solicitó se sobreseyera el presente juicio de amparo, toda vez que como se precisó en el párrafo precedente, no será materia de estudio la dilación para resolver la citada causa. En virtud de lo anterior, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto del diverso acto reclamado, ya que, ya fue materia de estudio. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio con terminación 0810/2022-J, firmado por el Juez Unitario de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de ocho de septiembre del actual, informa que previó trámite correspondiente el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo y desahogo la audiencia de juicio oral o debate, la cual concluyó finalmente con la lectura y explicación de la resolución de ocho de abril del presente año, siendo que el acto que en su momento que reclamó el quejoso fue el pronunciamiento de seis de julio del año dos mil veintiuno, por lo que este ha quedado superado pues ya fue pronunciada sentencia condenatoria contra el quejoso dentro de la causa penal 119/2019 de su índice, por lo que actualmente se encuentra dando trámite a diversos recursos de apelación. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la normativa de la materia, se admite como prueba los discos certificados que anexo al oficio de cuenta. Ahora, el material de audio y video, se trata de una prueba documental, la misma se desahoga sin necesidad de una audiencia especial en la cual se reproduzca los contenidos de dichos DVD, atento a lo establecido en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se invoca por identidad de razones jurídicas, con el rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTIVOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Guárdese en la Secretaria de este juzgado los tres discos compactos que remite el juez responsable. Documentales a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, por haber sido presentadas en copia certificada. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ahora bien, vistas las constancias recibidas, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Conforme a las constancias remitidas por el Juez Unitario de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, llevó a cabo y desahogo la audiencia de juicio oral, la cual concluyó finalmente con la lectura y explicación de la resolución de ocho de abril del presente año, siendo que el acto que en su momento que reclamó el quejoso fue el pronunciamiento de seis de julio del año dos mil veintiuno, por lo que este ha quedado superado pues ya fue pronunciada sentencia condenatoria en contra del quejoso dentro de la causa penal 119/2019 de su índice; es decir, queda evidenciado que, con posterioridad a la presentación de la demanda la responsable emitió sentencia en la causa penal. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no pueda analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados en esta instancia constitucional. En tales circunstancias, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados en esta vía constitucional; por tanto se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la citada ley de la materia. Robustece lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo: XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo expuesto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica de ******, por el que en cumplimiento a lo solicitado en proveído de ocho de septiembre del actual, bajo protesta de decir verdad manifiesta que el ocho de abril del año en curso, el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo, residente en el Espinal, Oaxaca, dictó sentencia contra el referido quejoso en la causa penal 119/2019, por lo que solicita se sobresea el presente juicio de amparo. Por ello, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al ordenamiento mencionado en primer término, a efecto de dictar una sentencia conforme a derecho, requiérase a la autoridad responsable Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, sede Salina Cruz, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada legible y completa se la sentencia correspondiente o en su caso, manifieste la imposibilidad que tengan para hacerlo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, entre el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 108, Tomo V (Febrero de 1997), Novena Época, cuyo rubro dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." En el entendido de no hacerlo subsiste el apercibimiento decretado en proveído de doce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós Agréguese a sus autos el oficio 860, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que remite copia certificada de la ejecutoria dictada el dieciséis de agosto del año en curso, en el recurso de revisión 66/2022, de su índice y los autos originales del presente juicio; en consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente, vía electrónica, y hacer del conocimiento de las partes, que la superioridad resolvió Por otra parte, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal. Ahora, tomando en consideración que el Tribunal de Alzada, revocó el acuerdo de diecinueve de enero del actual, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo, determinando literalmente siguiente: a) Deje sin efecto el sobreseimiento decretado fuera de audiencia; b) Con fundamento en el precepto 114 de la Ley de Amparo, requiera a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, aclare si es su voluntad señalar también como acto reclamado: la dilación en el dictado de la sentencia de primera instancia; c) En su oportunidad, dicte la sentencia que en derecho corresponda." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, se deja sin efectos el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós y provéase lo conducente respecto a la prevención. A efecto de proveer sobre su admisión, con fundamento en lo previsto por los artículos 108 fracción IV, así como 111 fracción II, en relación con el 114, fracciones II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, y bajo protesta de decir verdad, para los efectos del artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. A la parte quejosa o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Desahogue el siguiente requerimiento: Primero. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, expresamente sí es su deseo señalar como acto reclamado, la dilación para dictar sentencia en la causa penal 119/2019, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Istmo, residente en Salina Cruz, Oaxaca. Apercibido que de no hacerlo dentro del término legal establecido, este juicio se resolverá tal y como fue planteado en la demanda de amparo. Segundo. En caso de cumplimiento, se le solicita exhiba cuatro copias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, a saber: una para la responsable; dos para los terceros interesados, una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 36/2001, registro 189977, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, a foja 79, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Las copias del desahogo son con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer el contenido íntegro del escrito de la demanda, y por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. En otro aspecto, se señala las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para su celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese
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