Marco Antonio González Morales

Expediente 915/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
915/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio González Morales

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de diecisiete de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de su hijo ********************, contra un acto del Director del CEVASEP-I de la Ciudad de México y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 915/2018-III-B, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que ********************, en representación de su hijo ********************, señala como acto reclamado: "El traslado que se hizo de mi hijo del CEVASEP-I en la Ciudad de México al CEFERESO DE CHIAPAS ubicado en CARRETERA FEDERAL NO.200 CARRETERA TAPACHULA ARRIAGA KM. 229 CP.3620 VILLA COMATITLAN CHIAPAS, sin mediar orden Judicial, contraviniendo lo expresamente señalado en el artículo, 49 de la Ley Nacional de Ejecución." Expuesto lo anterior, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente.XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual manera el artículo 6 del citado ordenamiento legal estable: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". En ese orden de ideas, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, consiste en que éste nunca puede iniciarse oficiosamente, sino que es indispensable que lo promueva la persona que vea afectada su esfera jurídica con motivo del acto de autoridad, esto es, que sólo puede surgir a la vida jurídica mediante el ejercicio de la acción, que en el caso es la acción constitucional. Este principio fundamental está contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el cual como se precisó dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley o acto que se reclame, en la inteligencia que esa persona puede actuar por sí misma o por medio de alguien que adquiere la calidad de parte formal. A este respecto, cabe mencionar que en el caso la demanda fue promovida por ********************, en representación de su hijo ********************, contra el acto reclamado que se hace consistir en la orden de traslado ejecutado de su hijo del CEVASEP-I al CEFERESO de Chiapas. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que ********************, se encuentre imposibilitado para acudir por propio derecho a pedir el Amparo y Protección de la Justicia Federal; asimismo, no se advierte que la promovente ********************, tenga el carácter de defensora del antes mencionado, ni apoderada legal; aunado a que no se está en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que ********************, esté imposibilitado para promover por sí mismo. En ese tenor, no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que el acto reclamado, se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. De esta manera, es indudable que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, pues como se dijo, la promovente no está legitimada para promover en nombre de ********************, ni se advierte que el directo quejoso esté imposibilitado para firmar la demanda. Por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, promovida por ********************, en representación de su hijo ********************, por los motivos expuestos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala la parte quejosa HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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