Marco Antonio González Loredo

Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
263/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio González Loredo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Téngase recibido el oficio y anexo a que se refiere la razón de cuenta, por medio de los cuales, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad en sesión de cuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 77/2022 de su índice, misma que en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja..." Archivo En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones necesarias en el libro de gobierno respectivo, comuníquese la anterior circunstancia a la parte quejosa, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido...

  2. Principal

    ... Agréguese al presente cuaderno de antecedentes para que obre como constancia el oficio a que se refiere la razón de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 9162/2022-4 y transcribe el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, del que se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso Marco Antonio González Loredo, por conducto de su autorizada para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ... quedando registrado bajo el número 77/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos...proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado; se declara que ha causado estado...en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido...

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Marco ...., contra actos del Oficial Mayor de Gobierno del Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 263/2022-4. Como acto reclamado la parte quejosa, señala en esencia La retención, desposesión y embargo o cualquier acto que me prive del salario como de las demás prestaciones a las que tengo derecho como empleado número 035 ENTRENADOR ESPECIALIZADO EN LA ALBERCA OLÍMPICA GENERAL MARIANO ARISTA DEL INSTITUTO POTOSINO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la vigente ley de la materia y 103, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen: "Artículo. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De las transcritas normas se colige que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. Además, ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Consideraciones que encuentran apoyo en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado con el número 2a. CCIV/2001, en la página treinta y nueve, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, conforme a ese criterio, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares; para lo cual, es útil atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, y de supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Sobre el tema merece ser citada la tesis de jurisprudencia sostenida por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 2ª XXXVI/99, en la página trecientos siete, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. De las anteriores consideraciones, se reitera, deriva que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquéllas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En el caso se considera necesario destacar los siguientes puntos: El quejoso en la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, señala como autoridad responsable al Oficial Mayor de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Como acto reclamado refiere: "La retención, desposesión y embargo o cualquier acto que me prive del salario como de las demás prestaciones a las que tengo derecho como empleado número 035 ENTRENADOR ESPECIALIZADO EN LA ALBERCA OLÍMPICA GENERAL MARIANO ARISTA DEL INSTITUTO POTOSINO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ." En los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, el impetrante del amparo, bajo protesta de decir verdad manifiesta: 1. Que con fecha quince de agosto de dos mil diez, comenzó a trabajar como entrenador en el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 2. Que el quince de febrero de dos mil veintidós, se percató que su salario y las demás prestaciones que percibe fueron retenidas o embargadas administrativamente por el Oficial Mayor de Gobierno del Estado. 3. Que al día del a presentación de la demanda que motivó la tramitación del expediente en el que se actúa, el quejoso, se desempeña como entrenador especializado en la alberca olímpica Mariano Arista. De lo que se obtiene que el quejoso Marco Antonio González Loredo, en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, manifiesta que actualmente labora para Gobierno del Estado, como Entrenador Especializado en el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; siendo que el quince de febrero de dos mil veintidós, se percató que su salario y las demás prestaciones que percibe fueron retenidas o embargadas administrativamente por el Oficial Mayor de Gobierno del Estado, autoridad que señaló como responsable. De tal manera, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en la retención del salario y prestaciones que el quejoso percibe por su desempeño como trabajador del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte de Gobierno de San Luis Potosí; hechos los anteriores que se tienen por ciertos al haberse expresado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en los que manifiesta que sostiene una relación laboral con Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Cobra aplicación por su sentido la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, con número de registro: 192843, de rubro y texto: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. En las condiciones apuntadas, la retención salarial efectuada al disidente, llevan a la conclusión de que los actos que se reclaman sucedieron dentro de una relación de coordinación, emanada de un vínculo laboral, lo cual deviene de una relación entre particulares respecto de los derechos laborales de los trabajadores, en la que ambos están en un mismo plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, de tal suerte que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así, es claro que no se trata de una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, en la que el primero actúe en un plano superior a los segundos, toda vez que Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no creó, modificó o extinguió por sí o ante sí alguna situación jurídica que haya afectado la esfera legal de la parte quejosa, sin que para ello necesitara acudir ante los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado, que son las notas que distinguen a la autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello es así pues no se encuentra a discusión si fue correcta o incorrecta la causa por la cual se realizó la referida retención, sino lo que aquí importa es que no se trata de un acto de autoridad, porque tiene naturaleza laboral, acorde con el marco jurídico que define la relación preexistente entre el servidor público y la dependencia patronal, es decir, constituye una determinación unilateral del Estado-patrón de considerar que podía dar por concluida la relación laboral, siendo una cuestión independiente y, de fondo, si su proceder fue correcto o no. De modo que los posibles vicios que la inconforme pudiera atribuirle a los actos que reclama, emitidos por la dependencia pública comentada, no cambian o transforman la naturaleza de la relación obrera de coordinación, ni la convierten en una de supra a subordinación, para dar lugar a un acto de autoridad. Por tanto, en esa actuación el Oficial Mayor de Gobierno del Estado, se vincula con sus trabajadores como Estado-patrón; pero ello no implica la procedencia del juicio de amparo, pues no se trata que todo conflicto obrero patronal burocrático sea dirimido vía juicio de amparo como medio ordinario de defensa, ya que éste es un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad, según la legislación de amparo; amén de que en tales conflictos patronales la dependencia no decide en definitiva ni despliega una potestad pública administrativa, pues para emitir esos actos queda aún la decisión de los órganos jurisdiccionales ordinarios ante quien pueda controvertirse el proceder de la dependencia patronal, si siguió o no las medidas legales, empero, esta última cuestión son aspectos de fondo de la jurisdicción ordinaria y no propios de la justicia constitucional, vía amparo. Al respecto se invoca, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia VII.2o.T. J/18 (10a.), publicada en la página 2542, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, número de registro 2014528 que dice: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El presidente de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de la Secretaría de Educación Pública, al realizar actos que tienen relación directa con los procedimientos de ascenso dentro de ese plantel educativo, no colma los requisitos para considerarlo como autoridad para efectos del amparo, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. Por tanto, cuando a través del juicio de amparo se impugnan actos que tienen relación directa con el procedimiento laboral de ascenso y se señala como autoridad responsable al director del plantel educativo, en su calidad de presidente de la comisión dictaminadora, el amparo es improcedente, al no tener aquél tal carácter, pues los actos que se le atribuyen los lleva a cabo en relación con los trabajadores de dicho plantel, lo cual tiene su origen en el vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado". Luego, si los actos que se reclaman del Oficial Mayor de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, derivan de una relación de coordinación, es claro que para efectos del juicio de amparo no se le puede considerar como autoridad responsable. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve Marco Antonio González Loredo, contra actos del Oficial Mayor de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, y tomando en consideración lo antes expuesto, no es procedente realizar pronunciamiento alguno respecto a la solicitud del promovente de que se le conceda la suspensión de plano, pues los actos que señala no se encuentran dentro de la hipótesis que señala el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Autorizada Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada en términos amplios a María Fabiola Quintanilla Reynoso, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Consulta expediente electrónico Al tener en consideración que proporciona nombre de usuario, a saber: "LIC.MARYREY", mismo que se encuentra registrado en la página de internet que el Consejo de la Judicatura Federal que pone a disposición de los usuarios a efecto de autorización para la consulta vía internet del expediente electrónico que deriva del expediente físico en que se actúa; por tanto, hágase la autorización, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía internet el expediente electrónico, pueda consultar promociones y determinaciones, agréguese copia autorizada de dicha constancia, asimismo, se le practiquen notificaciones por dicho medio. Atento a lo anterior, instrúyase a la Analista Jurídico SISE de este órgano jurisdiccional, lleve a cabo dicha modificación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Medio de contacto alterno Asimismo, téngase a la parte quejosa, señalando como medio de contacto alterno, el correo electrónico que precisa, así como el número telefónico que señala, para los efectos legales conducentes. Exhortación para que las partes señalen medios de contacto vías electrónica y telefónica. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto; lo que podrán realizar en cualquier momento. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Notificaciones. De conformidad con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que, de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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