Marco Antonio González García
Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Marco Antonio González García
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante la licenciada Alicia Jannethe Velasco Ruiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINITUNO: Ciudad Madero, Tamaulipas, tres de junio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Marco Antonio González García, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes del directo quejoso Mario Alberto González Fonseca, contra actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), con sede en la Ciudad de México y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 589/2021-V-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hecho notorio Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, constituye un hecho notorio los asuntos que se tramitan ante este juzgado, así como las resoluciones que integran el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que haya necesidad de glosar al expediente copia certificada de tales fallos., así como los Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), que dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En ese sentido, se llega al conocimiento de la existencia del diverso juicio de amparo 299/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Julia Guadalupe García y García, madre del aquí quejoso, contra actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), con sede en la Ciudad de México y otra[s] autoridad[es], en el que se señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio agrario 138/1997, del índice de la responsable, así como todo lo actuado y sus consecuencias y mediante acuerdo dictado el veinticinco de mayo del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda, al no dar cumplimiento con la prevención realizada en autos. En dicho controvertido, el promovente Marco Antonio González García, compareció mediante escrito de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito, con sede en Tampico; a través del cual, pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en dicho juicio, en el que manifestó que ratificaba el contenido y firma del escrito inicial de demanda que formuló la promovente Julia Guadalupe García y García, y dio origen al citado juicio, ostentándose como albacea de la sucesión a bienes del directo quejoso Mario Alberto González Fonseca; de lo que se sigue que el promovente reconoció las manifestaciones realizadas en el escrito de demanda promovida por su madre Julia Guadalupe García y García. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio agrario 138/1997, del índice de la responsable, así como todo lo actuado y sus consecuencias. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De acuerdo con dicho numeral, se entiende que una persona consiente un acto de autoridad, cuando no promueve oportunamente en su contra el juicio de amparo, resultando improcedente el que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: [A]rtículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen tres hipótesis excluyentes entre sí a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, la primera se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; la segunda, consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto; y la tercera, cuando a partir de que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, se colige que el lapso de quince días en que debe promoverse el juicio de amparo, se contará, en un supuesto, cuando el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y al no hacerlo durante ese plazo, procede declarar la improcedencia del juicio de amparo, con base en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, por haberse consentido tácitamente los actos que se combaten. Ahora bien, de la demanda de cuenta se advierte que el quejoso señala que tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de mayo de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, tomando en consideración que los actos reclamados en el presente asunto se trata de los mismos que fueron reclamados en el diverso juicio 299/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, tal como se indicó en párrafos anteriores, y analizadas las constancias que integran el referido juicio, se observa que la parte promovente tuvo conocimiento de tales actos el tres de mayo de dos mil veintiuno, esto es así, debido a que con esa data, el ahora quejoso signó el escrito que presentó el seis de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual pretendió dar cumplimiento a la prevención realizada en aquél juicio, al señalar que era su deseo ratificar el contenido y firma del escrito inicial de demanda que formuló la promovente Julia Guadalupe García y García, y que dio origen al citado juicio, por tanto, es que partir del tres de mayo de dos mil veintiuno, que el quejoso conoció de la existencia de los mismos. De esta manera, resulta evidente que el término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción de la demanda constitucional contra el[los] acto[s] reclamado[s] en el presente juicio, empezó a transcurrir al peticionario del amparo, a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento del acto impugnado; esto es, a partir del cuatro de mayo de dos mil veintiuno, luego, descontando los días ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días feneció el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. No obstante lo anterior, aun y cuando se tomara como referencia de que el quejoso tuvo conocimiento de los actos que se reclaman el día en que presentó el escrito que dirigió al juicio de amparo 299/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, esto es, el seis de mayo de dos mil veintiuno, el plazo de quince días citado, comenzó a correr a partir del siete de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, descontando los días ocho, nueve, quince y dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, el plazo de quince días feneció el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. De esta forma, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, es indudable que tal presentación se realizó fuera del término legal de quince días hábiles previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, con relación en los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, del citado ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia número P./J.40/2015, del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Esto es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Víctor Manuel Zenteno Hidalgo, Hugo Velasco del Ángel, José Arturo Monterrubio Nájera, Victorico Salvador Pérez y Rosa Daniela Martinez Urgell, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta hasta ahora, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese en términos de ley.
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