Marco Antonio González Arroyo

Expediente 474/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
474/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio González Arroyo

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. ... En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Destino Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones a la secretaria. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo la integración, que verifique y certifique la coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el oficio 10907/2022 del Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al que copia de la demanda promovida por ********************, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; por lo que se radica el juicio de amparo y regístrese con el número 474/2023/IV-B. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Actos reclamados. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "1. La omisión de informar que la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz era autoaplicativa. 2. La omisión a las recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 3. La mala administración al contratar personal no apto. 4. La contratación de personal de confianza carente de ética 5. La omisión de darle la comisión. 6. La omisión al no actualizar la plantilla del personal. 7. La negativa en dos ocasiones de reajuste. 8. La falta al reglamento del SNTE al no separarse temporalmente para cumplir su comisión a 9. El menoscabo de derechos laborales. 10. La falta de reconocimiento de trabajo realizado. 11. No haberse separado del sindicato y haber participado en elecciones pasadas. 12. No tener licencia. 13. Negarle sus documentos y engañarlo con el reajuste de personal. 14. Falta de facultades para otorgarle comisión. 15. Asignarle zona de manera arbitraria así como diversos tratos al ser su jefa sustituta. 16. Obligarlo a pagar a quien lo cubriera en los permisos. 17. No saber de las jurisprudencias. 18 No informarle que podía ampararse desde el dos mil quince. 19. Falta de apoyo para defenderlo. 20. Devolución de sus aportaciones sindicales. 21. La obligación de cumplir con la obligación de apoyarlo." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Ahora bien, en el capítulo de narración de hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos que reclama, se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo siguiente: "Quiero aclarar que todo lo ocasionó el hecho de haberme removido de mi centro de trabajo mediante una farsa la cual comenzó el día 25 de febrero de 2020(.)" Derivado de lo precisado en párrafos precedentes se destaca lo siguiente: a) Que el quejoso tuvo conocimiento del reajuste y/o comisión que ocasionó que fuera removido de su centro de trabajo desde el veinticinco de febrero de dos mil veinte. b) Se duele que, por falta de conocimiento y omisión de algunas de las autoridades responsables de no asesorarlo, no pudo promover en su tiempo juicio de amparo contra la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz. Por lo tanto, se concluye que si desde el veinticinco de febrero de dos mil veinte, el quejoso tuvo conocimiento del reajuste y/o comisión que ocasionó que fuera removido de su centro de trabajo y la demanda de amparo la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, hasta el dieciséis de mayo del presente año, resulta evidente que se realizó fuera del término genérico establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo tanto, ésta resulta extemporánea. Asimismo, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, pues se destaca que los actos que reclama la parte quejosa en su escrito de demanda tienen una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado; es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de suprasubordinación con el mismo, por lo cual, al emitir el acto reclamado las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituye un acto en su calidad de patrón del ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopten u omitan adoptar, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación laboral; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, los actos reclamados quedan comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta o pretende que se ejecute, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto del que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Para explicar lo anterior, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de aquéllos el juicio de amparo es improcedente, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, novena época, dicha Sala sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la tesis reproducida, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a la autoridad (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando a ésta y a la parte solicitante del amparo los vincule una relación de supra a subordinación, en la que dicha promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, debemos entender por relaciones de supra a subordinación son todas aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. En cambio, también pueden existir relaciones de coordinación entre gobernantes y gobernados, que evidentemente no se desarrollan en un plano de supra a subordinación, dada la especial vinculación que los une, pues ambos se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad en el seno del derecho, tal como lo establece la tesis I.15o.A.36 K, que sostiene el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2008, novena época, cuyo texto dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Asimismo, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente se advierte que los Juzgados Décimo Séptimo y Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se radicaron los diversos juicios de amparo 355/2023 y 377/2023 promovidos por ********************, en los cuales reclamó la omisión de informar que la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz era autoaplicativa así como diversos actos y que por autos de diecinueve y veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, dictados en los mencionados juicios de amparo se determinó desechar las demandas respectivas. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notificaciones y consulta expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ********************, es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente, por lo que no ha lugar a tenerle señalando domicilio para éste efecto. Medios de comunicación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que cita como medio de comunicación. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa...

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