Marco Antonio González Arroyo

Expediente 854/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
854/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio González Arroyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. En atención a su contenido, téngase por recibido el acuerdo proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veintidós de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, estese en espera que la superioridad remita el testimonio de la resolución que pronuncie en el expediente 413/2023 de su índice. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibidos en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. En ese tenor, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el quejoso *********, a través del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en el que se desechó su demanda de amparo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, así como 38, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja. Por otra parte, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene. En consecuencia, acorde con el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado mediante el Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en turno, la versión electrónica del expediente en que se actúa a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación de tal medio de defensa. Instrúyase al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice los trámites necesarios en el aludido sistema, a fin de hacer disponible el expediente electrónico para el Tribunal Colegiado que corresponda conocer del citado recurso. En el entendido que, para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas de turno establecidas en la Circular DGGJ/0012/2020 emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitarse mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda. Finalmente, no es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada se remitirán al órgano jurisdiccional que resolverá el recurso y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación, se les otorgue el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que en copia certificada consideren para su remisión al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso, el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. Por otra parte, respecto del usuario que proporciona, estese a lo acordado en auto de cinco de septiembre del año en curso. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. En ese tenor, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el quejoso ********; y en atención a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintidós de septiembre del año en curso. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, en términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. En ese tenor, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el quejoso ********, mediante el cual pretende desahogar la prevención que se le formuló por auto de cinco de septiembre del año en curso; por lo que al efecto se provee: DESECHAMIENTO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. HIPÓTESIS NORMATIVA En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada: "Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Aunado a lo anterior, cabe preciar que, el máximo Tribunal del País, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." HECHOS Ahora, del estudio integral de la demanda y escritos aclaratorios, se advierte que el aquí quejoso expone diversos antecedentes relacionados con el vínculo laboral que existía con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, institución en la que se desempeñaba como profesor; en virtud de ello, expone que no le fue depositado en su cuenta bancaria el pago relativo a la quincena 16 de la nómina ordinaria y extraordinaria, por lo que solicitó la suspensión del acto para el efecto que se detuviera el cese de su nombramiento. Así, de sus manifestaciones aduce bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en una crisis financiera por la suspensión de su pago en la quincena 16, el cual representa su único ingreso económico para subsistir, lo cual tilda de inconstitucional en virtud de ser consecuencia de un procedimiento administrativo laboral instaurado en su contra por la Secretaría General de Educación Pública Federalizada dependiente de la SEP-SEV, la cual por instrucciones de la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, dictaminó la orden de cese de su nombramiento. En otro aspecto, del escrito de cuenta, al precisar el hecho que atribuye a la Secretaría de Educación, de manera destacada indicó que era la retención de su salario como trabajador directo de dicha institución en su calidad de patrón; y, expone que el treinta y uno de julio se presentó en dicha secretaría, en virtud que lo requirieron para iniciarle un procedimiento administrativo, el cual culminó con su cese. De igual forma, en el escrito de cuenta, anexó diversas documentales, como lo es un acta circunstanciada de fecha treinta de junio de dos mil veintitrés, levantada en las instalaciones de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada de la Secretaría de Educación de Veracruz, derivado del procedimiento administrativo instaurado en contra del aquí quejoso ********, en su carácter de trabajador, derivado de la queja presentada en el acta de hechos de treinta y uno de mayo del año en curso, acta en la cual se le dio el uso de la voz a fin que manifestara lo que a su interés legal conviniera. Asimismo, adjuntó copia de la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió el procedimiento administrativo instaurado en contra de ********, la cual se emitió por la Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y en la que se concluyó que dicho trabajador actualizó la causa de cese prevista en el artículo 37, inciso c), de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, y se dictaminó aplicar el cese de los efectos del nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz. Por lo anterior, del análisis integral a la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se determina que el acto que combate de manera destacada en esta instancia constitucional el quejoso, lo es: La suspensión del pago de la quincena 16 correspondiente a las nóminas ordinaria, extraordinario y error de timbrado, como consecuencia del procedimiento administrativo laboral instaurado en su contra por la Secretaría de Educación de Veracruz, en el que se determinó el cese de su nombramiento como trabajador de dicha institución, al haberse actualizado la causa prevista en el artículo 37, inciso c), de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. CONCLUSIÓN En ese sentido, el acto que reclama la parte quejosa no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón; es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, al emitir el acto reclamado las autoridades señaladas como responsables, no se encuentra en un plano superior dotado de autoridad, sino que constituye un acto en su calidad de patrón equiparado del ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopten u omitan adoptar los adscritos a la Secretaría de Educación de Veracruz señalada como responsable, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, el acto reclamado queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta o pretende que se ejecute, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto del que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior es así pues, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En suma, el juicio de amparo no es el medio para reclamar el cese de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz; y, como consecuencia de ello, la falta de pago de su quincena número 16, dado que el promovente tiene a su alcance para hacer valer sus derechos en la vía procesal ordinaria, que debe tramitar ante las autoridades de trabajo competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el aquí quejoso y las autoridades que señala como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Página: 1956 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por ********, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el ordinal 113 del mismo ordenamiento. Ahora, no se inadvierte que del escrito de cuenta, esencialmente en el capítulo de NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME" se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. Omisión en Coordinar las acciones necesarias para la detección y sanción de los delitos de Corrupción. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL Su inacción para la investigación de los delitos. SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Su Omisión para vigilar la correcta aplicación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). La retención de mi salario como trabajador dependiente directo de la SEP en calidad de patrón y al servició de los poderes de la Unión mismos poderes que se encargan de enviar el recurso a la SEV para que esta última haga el depósito correspondiente, el cual tengo los comprobantes de pago sin embargo no se han depositado a mi cuenta por tanto atenta contra la constitución en sus artículos 4, 5, 14 y 123 así como los acuerdos internacionales del que México es parte en materia de derechos humanos y laborales lo cual es una transgresión al artículo 133 constitucional al no haber una determinación legal para ejercer tal acción transgrediendo el artículo 14 constitucional dejándome indefenso para poder defenderme pues representa el único ingreso para un servidor e imposibilitó trasladarme a la capital del estado para cumplir con el procedimiento ordinario relativo a la ratificación de la cita de conciliación como parte inicial del proceso, acción que debía de ejercer de manera personal pues no se puede hacer en línea, comprobante que anexo como prueba. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incumplir con sus obligaciones de defensa de derechos laborales en beneficio de los trabajadores a quienes representa. SECCIÓN 32 DEL S.N.T.E. Omisión en sus obligaciones para sus representados en detrimento de estos últimos. Complicidad con el gobierno en turno obteniendo prerrogativas para los líderes y funcionarios en turno en perjuicio de la base trabajadora que representa a las mayorías. EL EQUIPO POLITICO DE LA SECCIÓN 32 DEL SNTE ES INCONSTITUCIONAL. NO PUEDE EXISTIR EN UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LA FUNCION PUBLICA, ESTA SITUACIÓN ATENTA CONTRA TODA IDIOLOGÍA SINDICAL. Esto es así porque se evita la negociación entre partes, provocando decisiones unilaterales influenciadas. De hecho, la naturaleza existencial de la organización sindical como representante de los trabajadores es precisamente lo contrario tratar de defender los derechos de sus afiliados frente el patrón en figura del Estado por tanto si la parte sindical que representa al trabajador pasa a tomar parte también de la parte oficial en figura del patrón no hay contraparte lo que conlleva a que los intereses se inclinen de un solo lado en perjuicio del bando contrario. GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ. C. Mtro. Cuitláhuac García Jiménez - Por la omisión de sus deberes en la vigilancia de la correcta aplicación del recurso que recibe el estado por parte del gobierno federal para el pago de los trabajadores de la educación dependientes de los poderes de la unión a través del Fondo de aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) fundamentado por los artículos:31, fracciones XVII y XXIV, y 38 de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal; 12, 13 y Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, 26-26ª y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013; 7 del reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Irregularidades en la información registrada en el sistema de administración de nómina (SANE), pues no corresponde a la registrada en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) previsto en el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Educación; Desvío de Recursos destinados al FONE exclusivo de los trabajadores federales de la educación en el pago trabajadores de confianza de la SEV dependientes de la administración pública del estado, en perjuicio de los salarios de los trabajadores, planteles escolares, la niñez y en general todo lo relacionado con la educación. Omisión de las leyes federales de observancia y aplicación obligatoria en las entidades federativas de manera inconstitucional a lo establecido en los artículos 133, 220 y art. 124, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE VERACRUZ: Omisión legislativa en relación a la Ley 247 de educación de Veracruz ya que su última reforma es de 2017 por tanto no contempla la negociación sindical prevista en los convenios que México ha ratificado en los últimos años como el C 98 de la OIT ratificado en 2018 así como el tratado TMEC que sustituye al TLC y que en su ANEXO 23-A contiene diferentes acciones a las cuales se comprometió el estado mexicano tendientes a mejorar la situación laboral de los trabajadores que dieron paso a la reforma a la ley laboral y la instauración de los tribunales federales laborales ad hoc que precisamente tratan de evitar acciones como las que la SEV implemento en mi perjuicio en el procedimiento administrativo laboral que culminó con mi cese el cual fue totalmente Inconstitucional. De Igual forma, no hay referencia a la normatividad del FONE dejando de lado una situación que la Ley General de Educación en su artículo 12 fracción X contempla y que es la ley en la cual se basó la armonización para la promulgación de la ley General de Servicio de Profesionalización docente y la postre la ley de Educación de Veracruz 247 lo que ocasiona que sea aprovechada esta laguna de ley en perjuicio de la educación para perpetuar los delitos de fraude y corrupción que aquí expongo. ART. 78 LGSPD Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión. Respecto a la ley estatal del servicio civil que en su artículo 1 hace mención a los trabajadores de la educación, a la letra que dice SIC "LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SE REGIRAN POR UN ESTATUTO ESPECIAL" , párrafo que presenta ambigüedad pues no indica con precisión a cual estatuto hace referencia, así como tampoco diferencia el sostenimiento de la plaza de los trabajadores de la educación en los contratos de trabajo de los trabajadores federales y estatales no se contemplan las mismas relaciones laborales en consecuencia la competencia para la aplicación de las normas en la materia son diferentes y dependen básicamente de la naturaleza del contrato laboral en cuanto al tipo de sostenimiento de la plaza y la fuente de donde emanan dichas relaciones laborales para evitar la supletoriedad de ley que pueda crear una situación de inconstitucionalidad e inconvencionalidad, lo cual está estipulado en los art. 73 fracción XXIV al que hace referencia el art. 113 Constitucional así como a los artículos 133 y 124 constitucionales SECRETARIO DE EDUCACION DE VERACRUZ. Asociación Delictuosa o delincuencia organizada equiparada en relación con los delitos de fraude, corrupción, nepotismo, peculado y los que resulten mediante sus actos de omisión inconstitucional de leyes federales de observancia y aplicación obligatorias, con fundamento en los artículos 133, 120, 124 y 127 apartado b que contiene la ley reglamentaria correspondiente a la ley federal de los trabajadores al servicio del estado. ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SEP - omisión a la ley federal de responsabilidades administrativas, así como a las leyes anticorrupción pues su función es supervisar los reportes del órgano de control estatal mismo que presenta múltiples anomalías en relación con la normatividad del FONE regida por la ley General de Contabilidad Gubernamental y la ley de Coordinación fiscal, entre otras. ORGANO DE CONTROL INTERNO DE LA SEV - complicidad en el fraude o ineptitud para realizar su función pues son evidentes las anomalías que se presentan en la correcta aplicación de los recursos federales del ramo 33, específicamente del FONE y la normatividad aplicable, obligación específica de su función. INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - La no respuesta a mi recurso de Inconformidad presentado el 7 de marzo en tiempo y forma respecto al proyecto de resolución resultante de la sustanciación del recurso de revisión interpuesto así como la omisión de sus obligaciones para informar sobre posibles delitos cometidos por los sujetos obligados en la sustanciación de dicho recurso al igual que en las quejas desechadas con anterioridad por motivo de la denuncia que hice de esos hechos, lo que es una falta a las leyes anticorrupción, a la ley de responsabilidades administrativas y al artículo 109 constitucional Fracción III párrafos primero, segundo cuarto, quinto y sexto. Recurso que anexo como prueba al igual que la notificación al instituto y al sujeto obligado. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ. Complicidad con las autoridades educativas de la SEV, la omisión de mis peticiones o de darme una respuesta escrita de la falta de esta, por la que se convierte en una falta y violación al derecho de información derecho universal y tutelado por nuestra constitución con leyes específicas para ello; omisión de dar aviso a la autoridad para investigar los posibles delitos, incumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como la omisión para tomar acciones relacionadas con el cumplimiento en todos los niveles pues en las escuelas no se lleva un registro adecuado que permita cumplir tal obligación. OFICIAL MAYOR DE LA SEV - Doctoranda ********. presunta complicidad con la SEV de dictaminar mi cese mediante un procedimiento fraudulento e inconstitucional y que fundamento en los escritos que envié de los cuales no recibí respuesta fundada ni motivada de su silencio a tal petición, donde dadas las circunstancias e incidencias que se suscitaron en el proceso no deja lugar a dudas su complicidad al pasar por alto hechos notorios, obligaciones y formalidades estipuladas en nuestra constitución para dictaminar semejante sanción lo cual es indignante e infame y representa una ignominia que genera daño moral a mi persona. DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA SEV. Maestra ********. - Actora principal junto con el jefe de sector de todos los daños y perjuicios que derivaron de este asunto en complicidad dolosa o culposa por acción u omisión con las autoridades que aquí señalo. . Fraude, Corrupción, peculado, tráfico de influencias, discriminación, tortura y las violaciones de mis derechos humano transgrediendo la nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en materia laboral y de derechos humanos pactados por México con diferentes organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus pactos como el de san José y el de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura; los tratados en materia laboral como el convenio 98 de la Organización Mundial de Trabajadores ratificado por México en 2018 mismo que sirvió como base para la firma del TMEC y su anexo 23 A en materia laboral, tratado firmado por México, EEUU y Canadá; la violación a las leyes anticorrupción y a la ley de responsabilidades administrativas. REPRESENTANTE JURIDICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA SEV Actos de molestia, coacción, intimidación, daño psicológico a mi familia, notificaciones fuera de ley. Los actos inconstitucionales imperdonables para una persona que se dedica a ejercer el derecho público por lo que no se puede presumir inocencia y es lógico pensar que se hicieron de manera dolosa con la firme intención de perjudicarme sin importar la ilegalidad en tales acciones y dejando de lado no solo la ética profesional que debe cumplir con su labor sino con mayor énfasis la ética y moral que debe mostrar como funcionario público. SUB-DIRECTORA DE SUPERVICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA FEDERALIZADA DE LA SEV. Lic. ********- Complicidad para perjudicarme al responsabilizarse del procedimiento ilegal que terminó con mi dictamen de cese. JEFE DE SECTOR 026 DE PRIMARIAS FEDERALIZADAS DE LA SEV. Profr. ********. . Actor principal junto con la maestra Ana Laura de todos los daños y perjuicios que derivaron de este asunto en complicidad dolosa o culposamente por acción u omisión del resto de autoridades que aquí señalo. Fraude, Corrupción, peculado, tráfico de influencias, discriminación, tortura y las violaciones de mis derechos humanos transgrediendo nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en materia laboral y de derechos humanos pactados por México con diferentes organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus pactos como el de san José y el de la convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura; los tratados en materia laboral como el convenio 98 de la Organización Mundial de Trabajadores ratificado por México en 2018 mismo que sirvió como base para la firma del TMEC y su anexo 23 A en materia laboral, tratado ratificado por México EEUU y Canadá tan importante para nuestro país que se vio obligado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores como condición que pedían los países de EEUU y Canadá para firmar el tratado trayendo en consecuencia el aumento al salario mínimo, una nueva ley federal del trabajo mejorada así como la creación de los tribunales federales laborales instaurados ad hoc para dar mayor certeza y legalidad a la justicia; la violación a las leyes anticorrupción y a la ley de responsabilidades administrativas. SUPERVISORA ESCOLAR ZONA 258. Mtra. ********. Falta a la ley de responsabilidades administrativas, daño psicológico y moral, actos de molestia contra mí y mi familia trato indigno a mi persona, condicionar acceso a la justicia mediante el pago para cubrir mi labor siendo inconstitucional esta acción, ejercer coacción para obligarme a laborar en menoscabo de mis derechos humanos. DIRECTOR DE LA ESC. PRIMA. ALMA SOCIALISTA. ******** - omisión a la ley General de responsabilidades administrativas. Situación manifiesta por su participación directa al presentar su queja contra mi persona, conociendo perfectamente los hechos y motivos por los cuales me separé del trabajo omitiendo estos hechos en su declaración presentando una verdad a medias que evidentemente me perjudicaría así como testigos que al igual no dijeron toda la verdad y no respondieron a mi interrogante del por qué habían sido ellos quienes presentaban la queja si perfectamente sabían que no laboraba yo en la escuela en mención desde 2020. Por tal razón no les contradije pues efectivamente lo que manifestaron sobre mis faltas en el mes de enero a la fecha era cierta, sin embargo omitieron información tendiente a la intención de no verse prescrita su acción pues de haber dicho toda la verdad, se hubiese puesto de manifiesto que su queja era infundada e inoperante ya que yo no voy desde 2020 motivo del reajuste expuesto y el director lo tenía perfectamente presente ya que es lo que dos años y medio después generó este problema siendo el más afectado y único inocente de toda acción u omisión un servidor lo que se me hace totalmente injusto e indignante, mi único delito sería mi ignorancia pero por lo demás yo me dediqué a seguir órdenes superiores que me perjudicaron como ya lo he mencionado múltiples veces y que cumplí cabalmente sin tener nota mala ni objeción alguna por mi trabajo hasta la fecha a pesar de que nunca se me reconoció ni agradeció y mucho menos retribuyo por ello de la misma aunado al hecho de no haber obtenido ningún beneficio en 17 años de servicio situación que llegó al límite cuando se me indicó la determinación que hizo estallar mi cólera e indignación misma que provocó mi determinación de no volver a laborar en estas mismas condiciones donde no veo como prosperar y tener una vida digna y de la cual la secretaría se ha venido aprovechando no desde hace poco, si no en todos estos años que he laborado para ella. DELEGACIÓN D-I-466 PERTENECIENTE A LA SECCIÓN 32 DEL SNTE. La omisión de su obligación para conmigo y por lo que me descuentan quincenalmente siendo está la única razón de su existencia como organización. Sin embargo, se estima que dichos actos son consecuencia del procedimiento administrativo que le fue instaurado en su contra, el cual culminó con el cese de su nombramiento como trabajador de la Secretaría de Educación de Veracruz, dado que de sus manifestaciones así es posible advertirlo, al estar encaminadas a dicho acto de manera destacada. Por último, debe indicarse al impetrante que respecto de sus manifestaciones en relación a situaciones de corrupción dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz y denuncias que aduce formulará al respecto, así como actos de tortura que aduce haber sufrido, tiene expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y ante las autoridades competentes para tal efecto. No se soslaya que en el escrito de cuenta haya señalado como autoridad responsable a la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Veracruz, a quien le atribuye una omisión legislativa en relación a la Ley 247 del Estado de Veracruz; sin embargo, dicha autoridad no fue señalada en el escrito inicial de demanda como responsable, por lo que, el desahogo de la prevención debía limitarse a las autoridades que se señalaron en dicho escrito inicial. Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano