Marco Antonio González Arellano
Expediente 1241/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1241/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/11/2016
Partes del expediente
- Marco Antonio González Arellano
- Legislatura del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CÚMPLASE
- Principal
CONCLUSIÓN: Ha quedado demostrado el cumplimiento de los efectos del amparo, de conformidad en lo dispuesto en los artículos195 y 196 de la Ley de Amparo
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1241/2016-I; y, R E S U L T A N D O Presentación de demanda: ocho de julio de dos mil dieciséis. Quejoso: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARELLANO. Solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se describen en el escrito de demanda (fojas 02 y 03), los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. II. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se interpuso dentro del término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte de la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 17 de junio de 2016 20 de junio de 2016 al 8 de julio de 2016. 18, 19, 25 y 26 de junio de 2016; 2 y 3 de julio de 2016. 08 de julio de 2016 III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos de lo dispuesto por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama una ley estatal de carácter tributario, con motivo de un acto de aplicación que tuvo lugar dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama: 1. Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en específico sus artículos 90, 97 y 99; 2. La aplicación de tales dispositivos, mediante la recaudación que se refiere en el recibo con número de operación 2016/1202290 (foja 17), expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. TERCERO. Certeza de actos. Las autoridades responsables Legislatura (fojas 25 a 28) y Gobernador (foja 30), ambos del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, en sus informes justificados manifestaron que en el ámbito de sus respectivas competencias son ciertos los actos que se les reclaman; además, al ser actos de naturaleza legislativa no están sujetos a prueba, pues constituyen un hecho público y notorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA", así como la diversa tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Materia(s): Común, página 249, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL)". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. La parte quejosa argumenta que los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, son violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratándose de derechos por servicios, la proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que presta el Estado, por lo que no se debe tomar en cuenta el monto de la operación. En la especie, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace al reclamo del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en virtud de que la parte quejosa no acredita que dicho numeral le cause perjuicio alguno. A efecto de explicar lo anterior, conviene recordar que es parte agraviada quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se tienen que para acudir a este juicio de control constitucional, ya no solamente a través del acreditamiento de la titularidad de lo que antes se conocía como "interés jurídico" por medio del cual se defendían los derechos subjetivos, sino además, a través de un "interés legítimo", por el que se defiende la afectación indirecta a la esfera jurídica por virtud de una especial situación frente a la norma, ya sea de manera individual o colectiva, esta segunda posibilidad tiene acotaciones. En ese tenor, este juzgador en análisis del acto de aplicación que motiva el reclamo de la inconstitucionalidad de leyes, estima actualizada la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión en relación con el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en virtud de que la parte quejosa, no acredita encontrarse en ninguno de los dos supuestos mencionados que evidencien que los actos pueden causarle una afectación en su esfera jurídica. A efecto de sostener la afirmación anterior, conviene precisar que el artículo referido se refiere al cobro de derechos registrales por la inscripción de fianzas, obligaciones solidarias, compraventa con reserva de dominio de bienes muebles, constitución de garantías reales sobre inmuebles, compraventa de bienes muebles, convenios que impliquen ampliación del crédito, ampliación de garantía, disolución de copropiedad o actos o contratos relativos a la disolución de la subdivisión del régimen de copropiedad, respecto de los cuales se cobrará por concepto de derechos el 3.125 al millar sobre el importe de operación. Sin embargo, del análisis integral de la demanda, en conjunto con la documental que anexó a ésta la parte quejosa, se advierte que los preceptos que se autoaplicó al efectuar el entero reclamado, se refieren únicamente a la inscripción de compraventa de inmuebles (foja 17), por lo que este resolutor estima que dicho acto se encuentra previsto en los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y no en el diverso 99 del propio ordenamiento que se combate. A efecto de llegar a tal conclusión, cabe destacar que en los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, se dispone lo siguiente: "Artículo 90. Por la inscripción de compraventa de inmuebles; compraventa de bienes inmuebles con reserva de dominio; permuta de bienes inmuebles; adjudicaciones judiciales; dación en pago de inmuebles; escrituración en rebeldía; adjudicaciones por herencia; limitaciones de dominio; uso; consolidación de propiedad; constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio; cesión de derechos inmobiliarios, se causará el derecho a razón del seis al millar sobre el valor del inmueble, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley. Por la inscripción del acto mediante el cual se adquiera el usufructo o la nuda propiedad, se causarán y pagarán derechos a razón del 3 al millar". "Artículo 97. Por la inscripción de cualquiera de los actos o contratos precisados en los artículos que anteceden, se pagará el derecho conforme al valor mayor que resulte entre el de la operación consignada o el avalúo comercial que se practique; si no se hubiere practicado el avalúo en razón a la naturaleza del acto, servirá de base para el pago el valor catastral, tratándose de inmuebles". Como salta a la vista, son dichos numerales los que se refieren al derecho que debe pagarse por la inscripción del acto jurídico denominado "compraventa de inmuebles, como en el caso es el que celebró la parte quejosa, según se advierte de los recibos aludidos, documentales públicas que adquieren valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a que el pago de contribuciones por vía electrónica se encuentra previsto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal del Estado. Así, al no encontrarse comprobada la aplicación del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, por los motivos asentados en los párrafos que anteceden, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para demostrar lo contrario, se concluye que no acreditan el interés jurídico ni legítimo que le asiste para reclamar los citados numerales, y que por tanto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que los referidos preceptos tildados de inconstitucionales, se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, y éste no fue acreditado en autos; por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del propio ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto de los actos legislativos que le dieron origen, reclamados a las autoridades responsables descritas en el escrito de demanda. Ahora bien, tomando en cuenta que este juzgador no advierte la actualización de una causa de improcedencia que obligue a decretar el sobreseimiento en el juicio, se procede realizar el análisis de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, sin necesidad de transcripción. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa argumenta que los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, son violatorios de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tratándose de derechos por servicios, la proporcionalidad y equidad se refiere al costo del servicio que presta el Estado, por lo que no se debe tomar en cuenta el monto de la operación. Dicho argumento resulta fundado. A efecto de arribar a tal conclusión, conviene destacar que en el artículo 31, fracción IV, de la constitución, se establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, sin embargo, esta obligación también implica el correlativo derecho de los contribuyentes a cumplir en los mismos términos, es decir, con seguridad, equidad y proporcionalidad. Por su parte, los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, disponen: "Artículo 90. Por la inscripción de compraventa de inmuebles; compraventa de bienes inmuebles con reserva de dominio; permuta de bienes inmuebles; adjudicaciones judiciales; dación en pago de inmuebles; escrituración en rebeldía; adjudicaciones por herencia; limitaciones de dominio; uso; consolidación de propiedad; constitución o ejecución de fideicomisos traslativos de dominio; cesión de derechos inmobiliarios, se causará el derecho a razón del 7.5 al millar sobre el valor del inmueble, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley. Por la inscripción del acto mediante el cual se adquiera el usufructo o la nuda propiedad, se causarán y pagarán derechos a razón del 3.75 al millar. "Artículo 97. Por la inscripción de cualquiera de los actos o contratos precisados en los artículos que anteceden, se pagará el derecho conforme al valor mayor que resulte entre el de la operación consignada o el avalúo comercial que se practique; si no se hubiere practicado el avalúo en razón a la naturaleza del acto, servirá de base para el pago el valor catastral, tratándose de inmuebles." Bajo ese tenor, los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro son inconstitucionales por violar los requisitos de proporcionalidad y equidad en materia tributaria previstos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en dichos artículos el legislador ha considerado que por la inscripción de los actos jurídicos denominados "compraventa de inmuebles" se causará el derecho a razón del 7.5 al millar sobre el valor de la operación. Esto es, no se debe tomar en cuenta el monto de la operación o valor del bien, sino que debe guardar relación con el costo del servicio. Ello es así porque no existe proporción entre el costo del servicio prestado y la base o cuota que se cobra; lo anterior, tomando en cuenta que es menester que el derecho por el servicio que se presta guarde proporción entre la contraprestación (importe del derecho) y el servicio que efectivamente se recibe y por el cual se cobra, quebrantándose con ello, el principio de proporcionalidad, como ya se dijo. Lo anterior, máxime si se considera que los derechos no son una aportación económica que los sujetos que se ubiquen en la hipótesis del hecho imponible, estén obligados a satisfacer conforme a la legislación fiscal para la atención de los servicios públicos, como es el caso de los impuestos, sino que su monto deriva fundamentalmente de su correlación con el costo que implica el servicio prestado por la administración pública. Es aplicable a lo anterior por las razones que contiene, la Jurisprudencia número P./J. 95/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1431, tomo XXX, julio de 2009, materia constitucional, administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 121/2007, en la página 2099, del tomo XXVII, enero de 2008, materia (s): constitucional, administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Congruente con lo anterior, si el pago por concepto de derechos de servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en relación a la inscripción de los actos jurídicos "compraventa de inmuebles", se fundaron, entre otros, en los artículos 90 y 97de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, es inconcuso que también resulta inconstitucional el acto de aplicación. SEXTO.- Concesión del amparo y efectos concretos. I. Ante todo lo razonado, la Justicia de la Unión Ampara y Protege a la indicada parte quejosa contra los actos reclamados que específicamente resultaron contrarios a la Constitución Federal en los términos antes precisados (normas generales estimadas efectivamente inconstitucionales y acto(s) de aplicación, conforme a lo ya explicado). EFECTOS DEL AMPARO a) Se dejen de aplicar a la parte quejosa, los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que han sido declarados inconstitucionales, durante el lapso de su vigencia. Por ende se ordena a la autoridad fiscal exactora competente, emitir la constancia o declaración de desincorporación individualizada correspondiente a favor de la parte quejosa, para la debida certeza jurídica de que expresamente indique que no le será aplicada a la misma los preceptos declarados inconstitucionales anteriormente. b) Se devuelva únicamente el excedente a la tarifa mínima de 3.75 VFC que alude el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de la cantidad pagada por tal derecho registral. Es decir, devuelva parcialmente las cantidades aplicadas en perjuicio de la parte quejosa a razón de los preceptos declarados inconstitucionales, ya que de acuerdo a la jurisprudencia subsecuente, en este tipo de amparo los efectos no implican una devolución total ya que la tarifa fija mínima puede prevalecer ya que es similar para todos los destinatarios. Lo anterior respecto del pago de derecho contenido en el pago siguiente: Recibo Fecha Cantidad 2016/1202290 (foja 17) 17 de junio de 2016. $8,641.00 Pago del cual solamente debe devolver el excedente a la tarifa o cuota mínima citada, por tal derecho. Ello es así porque la jurisprudencia del Alto Tribunal del país ha sido precisa en señalar que cuando una disposición declarada inconstitucional fija derechos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero también prevé una cantidad fija mínima a pagar, los contribuyentes no tienen la obligación de pagar la tarifa porcentual invalidada, pero ello no implica relevarlos de enterar la cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. Lo anterior, en aplicación al criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 29/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1244, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.". II. Finalmente, conviene aclarar que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas declaradas inconstitucionales, por lo cual las autoridades responsables Legislatura y Gobernador, ambos del Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo. III. Precisados los efectos de la concesión de amparo, y dado que el entero de los tributos reclamados se realizó a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, deberá requerírsele a dicha autoridad, a efecto de que restituyan a la parte quejosa, la cantidad consignada en el recibo de pago descrito en el segundo considerando de éste fallo, dado que a ellos corresponde la recaudación y administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado de Querétaro, atento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro y en el numeral 22, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, además de que cualquier autoridad incluso en el supuesto de que no haya sido parte en este juicio está obligada a acatar el presente fallo. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 144, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 124, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado consistente en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE al quejoso MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARELLANO, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa ante el licenciado Oscar Suárez López, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
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