Marco Antonio Gómez Sánchez

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Gómez Sánchez y Otros.
  • Marco Antonio Gómez Sánchez
  • Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California con residencia en Mexicali, Baja California
  • Marco Antonio Gómez Tirado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad en contra del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez trascurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Transferir el expediente, una vez trascurridos tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3, del citado acuerdo normativo. Por otra parte, de autos se advierte que obra un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 del aludido Acuerdo, requiérase a la parte quejosa para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger su documento, apercibida que de no hacerlo, podrá ser depurado junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    ANA CECILIA DÍAZ UNZUETA, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento contenido en el aviso de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dejado en el domicilio procesal de la PARTE QUEJOSA *****, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA ***, publicada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29, de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad en contra del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez trascurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Transferir el expediente, una vez trascurridos tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3, del citado acuerdo normativo. Por otra parte, de autos se advierte que obra un documento original exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 del aludido Acuerdo, requiérase a la parte quejosa para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recoger su documento, apercibida que de no hacerlo, podrá ser depurado junto con el expediente

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, eloel que suscribe Karlos González Bautista, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de diez de noviembre de dos mil veintidós, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si las autoridades responsables Director y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cumplieron con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que trascurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el once de mayo de dos mil veintidós (fojas 53 a la 69), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos *** la cual causó ejecutoria el veintisiete de julio de dos mil veintidós, por lo que en dicho proveído se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos Mediante acuerdo escrito, fundado y motivado, den contestación congruente y completa a las peticiones presentadas por los solicitantes de amparo en su escrito recibido el treinta de julio y ocho de septiembre, ambos del dos mil veintiuno. ? Notifiquen personalmente, en breve término a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tales efectos, lo que resuelvan respecto a las pretensiones planteadas." En atención al citado requerimiento, mediante oficio registrado con el número 7793, el Delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informó los actos que se realizaron para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es, que el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del ISSSTECALI, mediante oficio número SGPES/1705/2022, de seis de julio de dos mil veintidós, dio respuesta a la solicitud presentada por los quejosos en treinta de julio y ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, quien por conducto de su autorizado, realizó las manifestaciones que al respecto estimó pertinentes. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la suscrita juzgadora federal determinó que la sentencia no se encontraba cabalmente cumplida; dado que la autoridad responsable solo informó las gestiones que se encontraba realizando para la entrega de la prestación solicitada por la parte quejosa, sin que dicha respuesta cumpliera con los requisitos de congruencia, fundamentación y motivación, por lo que se requirió de nueva cuenta a las autoridades responsables para que dieran cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Luego, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio signado por el Delegado de la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual informó que notificó y entregó a los aquí quejosos*** el beneficio motivo de la solicitud de treinta de julio y ocho de septiembre, ambos de dos mil veintiuno; y remitió copia certificada de las constancias relativas, consistentes en: Desglose de prestaciones por cada uno de los quejosos ***de los que se advierte que les especificó las cantidades que por conceptos de pago y gastos de funerales, así como pago póstumo, entregó a cada uno de ellos; lo cual fue el objeto de la solicitud presentada el treinta de julio y ocho de septiembre de dos mil veintidós. Además, de las referidas constancias que adjuntó la responsable, se advierte que los días tres y cuatro de octubre de dos mil veintidós, se entregaron a los quejosos los cheques 11299, 11300, 11301 y 11302, expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, valioso cada uno por la cantidad de $70,451.27 (setenta mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 27/100 moneda nacional); por los conceptos de pago de funerales, gastos de funerales y pago póstumo; relacionados con la asegurada *** firmando de conformidad los impetrantes del amparo, en la parte inferior de los respectivos documentos. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Por tanto, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que las autoridades responsables, mediante acuerdo escrito, fundado y motivado dieran contestación congruente y completa a las mencionadas peticiones, así como para que notificaran personalmente, en breve término dicha contestación a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tales efectos. Lo cual así sucedió, pues el Delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con el número 9915, envió las constancias de las que se advierte que el Subdirector General de Prestaciones Económicas de dicho Instituto, atendió y dio respuesta a las solicitudes realizadas el treinta de julio y ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que solicitaron que se realizara el pago póstumo respecto de la asegurada Beatriz Elena Tirado Montero, así como que proporcionaran el estado que guardaba la solicitud del pago póstumo referido; y la responsable desglosó las cantidades que por dicho concepto les correspondían; es decir, las prestaciones pagadas por los conceptos de pago de funerales, gastos de funerales y pago póstumo, todos relacionados con la asegurada Beatriz Elena Tirado Montero. Por lo que, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto pues, como se vio, la responsable atendió y dio respuesta a los escritos que les fueron presentados por los quejosos, materia de la omisión reclamada; pues, no obstante que no envió algún ocurso del que se desprendan los motivos del porqué resultó procedente la petición planteada, lo cierto es, que de los documentos que adjuntó se desprende que los desgloses fueron congruentes con lo peticionado por la parte quejosa; es decir, ellos realizaron una petición para que se les pagara el póstumo; así como que se les proporcionara información sobre el estado que guardaba la mencionada petición; y la responsable les desglosó de manera detallada las cantidades que les correspondían por los conceptos de pago de funerales, gastos de funerales y pago póstumo; asimismo, realizó el pago por tales conceptos, situación respecto de la cual, los quejosos firmaron de conformidad, tal como se observa de la parte inferior de cada uno de los recibos relativos. Sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento. Con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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