Marco Antonio Gómez López
Expediente 831/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/11/2021
Partes del expediente
- Marco Antonio Gómez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto: El estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, en el que se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto; los oficios signados por el Secretario y Coordinador Administrativo ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado. Al efecto se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos los oficios de cuenta, y anexo. Por lo que hace al oficio signado por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: Del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad. La omisión de dar contestación a la solicitud fechada y recibida por la responsable el siete de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual le solicitó lo incorporara a su plaza que venía ocupando como agente "A" de la Policía Municipal de dicha Secretaría a su cargo, así como también el pago de sus salarios y demás prestaciones que le corresponden como servidor público a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, consistente en el oficio SSPyTM/CI/065/2021 a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el seis de octubre de dos mil veintiuno, dio contestación a su escrito de siete de junio del año en curso, en el que medularmente le informó que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia determinó REVOCAR LA SUSPENSION TEMPORAL CAUTELAR TRANSITORIA que le fue decretada, asimismo, ordenó se le asignara al servicio como Policía Municipal adscrito a la dirección de seguridad pública, de igual manera ordenó a la Coordinación Administrativa realicen las gestiones ante la instancia correspondiente para que se le paguen, los salarios y demás percepciones que dejó de percibir por la suspensión temporal que se le decretó, esto, a partir del uno de octubre de dos mil diecinueve, y no a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, debido a que al haber realizado la búsqueda correspondiente en la base de datos de la coordinación administrativa se encontró que la quincena del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se le realizó el pago respectivo y que se le empezó a custodiar sus salarios a partir del uno de octubre de ese mismo año; determinación que hizo de su conocimiento de manera personal el seis de octubre del presente año. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de dar contestación a la solicitud fechada y recibida por la responsable el siete de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual le solicitó lo incorporara a su plaza que venía ocupando como agente "A" de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como también el pago de sus salarios y demás prestaciones que le corresponden como servidor público a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Por lo que hace al oficio signado por el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de catorce de octubre actual, se tuvo como autoridad inexistente, en virtud que la parte quejosa no desahogó el requerimiento de treinta de septiembre de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 831/2021 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto; los oficios signados por el Secretario y Coordinador Administrativo ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado. Al efecto se acuerda: En apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos los oficios de cuenta, y anexo. Por lo que hace al oficio signado por el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo. Ahora bien, del contenido del citado informe y de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El citado precepto constitucional, establece que la causal de improcedencia se actualiza cuando existan probanzas que dejen sin efecto el acto reclamado, ya que deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido, o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado en que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable lo siguiente: Del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad. La omisión de dar contestación a la solicitud fechada y recibida por la responsable el siete de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual le solicitó lo incorporara a su plaza que venía ocupando como agente "A" de la Policía Municipal de dicha Secretaría a su cargo, así como también el pago de sus salarios y demás prestaciones que le corresponden como servidor público a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, consistente en el oficio SSPyTM/CI/065/2021 a la cual se concede valor probatorio pleno de conformidad el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°; se desprende que el acto reclamado a que se refiere la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues la autoridad responsable, el seis de octubre de dos mil veintiuno, dio contestación a su escrito de siete de junio del año en curso, en el que medularmente le informó que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia determinó REVOCAR LA SUSPENSION TEMPORAL CAUTELAR TRANSITORIA que le fue decretada, asimismo, ordenó se le asignara al servicio como Policía Municipal adscrito a la dirección de seguridad pública, de igual manera ordenó a la Coordinación Administrativa realicen las gestiones ante la instancia correspondiente para que se le paguen, los salarios y demás percepciones que dejó de percibir por la suspensión temporal que se le decretó, esto, a partir del uno de octubre de dos mil diecinueve, y no a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, debido a que al haber realizado la búsqueda correspondiente en la base de datos de la coordinación administrativa se encontró que la quincena del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se le realizó el pago respectivo y que se le empezó a custodiar sus salarios a partir del uno de octubre de ese mismo año; determinación que hizo de su conocimiento de manera personal el seis de octubre del presente año. En ese tenor, es innegable que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo (la omisión de dar contestación a la solicitud fechada y recibida por la responsable el siete de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual le solicitó lo incorporara a su plaza que venía ocupando como agente "A" de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como también el pago de sus salarios y demás prestaciones que le corresponden como servidor público a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve), dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. En ese tenor, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en el presente proveído no se hayan analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado en la presente resolución, se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, en la medida de que ésta es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. -Medidas de protección que deberán implementar los actuarios judiciales- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Por lo que hace al oficio signado por el Coordinador Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de catorce de octubre actual, se tuvo como autoridad inexistente, en virtud que la parte quejosa no desahogó el requerimiento de treinta de septiembre de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que precede, de la cual se advierte que en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, aclarara la denominación de la autoridad responsable señalada como Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, se tendría por inexistente a dicha autoridad; el cual transcurrió del ocho al trece de octubre de la presente anualidad. Al efecto se acuerda: Referente a lo descrito anteriormente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto antes referido; en consecuencia, se tiene como autoridad inexistente a la señalada en el referido párrafo que antecede, y sus actos no serán motivo de estudio en la resolución que se dicte en el presente juicio de amparo. Por lo que se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA
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