Marco Antonio Girón Robles y Otros.

Expediente 1100/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1100/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Gildardo Justo Zurita
  • Marco Antonio Girón Robles y Otros.
  • Marco Antonio Girón Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al que anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada el uno de marzo del año en curso, en el recurso de queja administrativa 11/2018. El punto resolutivo de la citada ejecutoria es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Es procedente pero infundado el recurso de queja." Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto, el escrito de los quejosos Marco Antonio Girón Robles, Gildardo Justo Zurita y Miguel Rosales Ríos, por el que interponen recurso de queja contra el auto de veinte de diciembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo; expresan sus agravios respectivos; exhiben las copias correspondientes y señalan las constancias que deberán remitirse al órgano jurisdiccional que habrá de resolver el citado recurso. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente una copia del ocurso que se provee, en el entendido de que no se ordena correr traslado a las partes con dicho recurso, en virtud de que la demanda de amparo no se admitió a trámite. Por tanto, envíese el escrito correspondiente así como las constancias relativas y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a quien se hace de su conocimiento que es cierto el acuerdo recurrido.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Girón Robles, Gildardo Justo Zurita y Miguel Rosales Ríos, en su carácter de Director de Recursos Humanos, Director de Seguridad Pública y Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y otra autoridad; fórmese expediente y asiéntese en el libro de gobierno con el número 1100/2017. Ahora bien, a efecto de proveer lo que corresponda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo:... El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo... Acorde con los preceptos transcritos, se tiene que la causa de improcedencia anunciada, reside en el hecho de que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, cuando no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus derechos fundamentales, de donde se sigue que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, y deja transcurrir el plazo para ejercitar la acción respectiva, previsto en la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, tal conducta omisiva, tácitamente se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos...Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que Marco Antonio Girón Robles, Gildardo Justo Zurita y Miguel Rosales Ríos, acuden a reclamar la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dentro del juicio TCA/SRZ/329/2013, promovido por José Smir Ocampo Texta, en cumplimiento a la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, emitida por la Sala Superior de dicho Tribunal; la cual, aducen que el veintiuno de noviembre de este año, se les notificó. Así, es indudable que los demandantes de la tutela constitucional debieron promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que se les notificó el acto que ahora reclaman, por lo que, es claro que al haberse recibido la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete (de acuerdo con el sello de recepción), es de estimarse que dicha presentación se verificó fuera del término que el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé para el ejercicio oportuno de la acción constitucional, si se toma en consideración que acorde a lo expuesto en líneas precedentes, se les notificó el veintiuno de noviembre de este año, habida cuenta que así lo manifestaron, declaración que constituye una confesión expresa, que hace prueba plena de conformidad con el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; en consecuencia el término para promover la demanda de amparo les transcurrió del veintitrés de noviembre pasado al trece de diciembre actual, sin contar los días veinticinco y veintiséis de noviembre del año en curso, dos, tres, nueve y diez de diciembre actual, por ser inhábiles, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que, en el caso concreto, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, de la citada ley, al haber transcurrido en exceso los quince días previstos en el numeral 17 de la ley de la materia... se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61 fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, se desecha por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Girón Robles, Gildardo Justo Zurita y Miguel Rosales Ríos en su carácter de Director de Recursos Humanos, Director de Seguridad Pública y Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, del Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo, Guerrero. Conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste dentro de los plazos previstos por la legislación aplicable, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; los quejosos deben someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se les está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia... Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Rodríguez Montes, José Luis Amador Abarca, Luis Gabriel Alvarado Avilés, Miguel Ángel Ruiz Olea, Miguel Ángel Lobato Lugo y Edgar Saúl Alonso Ruiz; respecto a las diversas personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme al precepto 24 de la invocada ley. Por otro lado, toda vez que los peticionarios del amparo, señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en: avenida Lázaro Cárdenas, número cuarenta y cuatro, primer piso, interior cinco, colonia Universal en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero; en ese sentido, se ordena girar atento exhorto electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad Capital, en turno, en términos del ordinal 27, fracción II, a fin de que, en auxilio de la labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique el presente acuerdo a los solicitantes de la tutela constitucional, a quien además se les solicitará que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días; con el apercibimiento que...

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por el que hace saber que se admite el recurso de queja hecho valer en el presente juicio de amparo, al que le correspondió el toca recurso de queja administrativa 11/2018, por lo que este órgano jurisdiccional queda enterado de lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar.

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