Marco Antonio Garza Mercado
Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Marco Antonio Garza Mercado
Actuaciones
- Principal
Se evidencia que de la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de octubre pasado, en el que se desechó la demanda de garantías, se declara que el mismo ha causado estado, hágase las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el presente expediente, debe considerarse como DESTRUIBLE. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por el promovente. Se tiene que el quejoso hace consistir el acto reclamado en la negativa a recibir la petición que se intentó presentar el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación.... En ese escrito, el asesor jurídico de la parte quejosa solicitó a la responsable se le informara el estado que guardaba la investigación, en virtud de que había sido materialmente imposible proceder a la revisión física de la misma.Se procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, a fin de establecer si se actualiza alguna causal de improcedencia. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es así, partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, la propia Constitución y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de derechos humanos al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. La regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario transgrede derechos humanos, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. Así las cosas, en relación al acto reclamado por el quejoso, que como se apuntó, consiste en la negativa de la responsable a recibir un escrito que intentó presentar su asesor jurídico, en el que solicitaba información sobre el estado que guardaba la carpeta de investigación ....., porque según refirió, había sido materialmente imposible proceder a su revisión física, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que la finalidad del proceso penal de corte acusatorio, adversarial y oral, es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Lo que se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Por tanto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación ante la autoridad judicial a través del cual la víctima o el ofendido pueden inconformarse contra esa conducta contumaz que le afecta o impide lograr su pretensión, en términos del artículo 109, fracción V, del invocado código adjetivo. No pasa inadvertido que el dispositivo legal en cita se refiere a las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, de la que derivó la jurisprudencia 1ª./J.27/2018, estableció que en general, dicho dispositivo legal se refiere a las actuaciones del ministerio público que tengan por objeto paralizar, suspender o terminar una investigación. Además, la citada tesis de jurisprudencia, establece que la autoridad judicial debe garantizar los derechos de los indiciados, así como de las víctimas u ofendidos, y por ende, se estima que la parte quejosa puede impugnar ante el Juez de Control la negativa del ministerio público a recibirle el escrito a que se refiere o bien, la negativa a informarle el estado que guarda la investigación. Del mismo modo, cabe citar la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 4632, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. Por tanto, al resultar evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que se cita en la demanda de amparo, y autorizado para los mismos efectos a l apersona que menciona y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a diversos. Respecto de la autorización para tomar fotografías a las actuaciones que integran el presente juicio de amparo, ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no existe inconveniente en que se le permita tomar fotografías o escanear las actuaciones, previa constancia que se levante al efecto y se deje en autos.
- Principal
CONFORME AL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL AL RECINTO OFICIAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.
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