Marco Antonio García Rivera

Expediente 1148/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1148/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2017

Partes del expediente

  • Marco Antonio García Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo vigésimo primero de dicho acuerdo, lo anterior hágase constar en la caratula del expediente en que se actúa. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término que establece el diverso artículo décimo primero del Acuerdo General en cita, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, a través de su apoderada legal ***, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; en consecuencia, se ordena formar de manera idéntica el expediente electrónico e impreso; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto ***. Por ello, ante la ausencia de la firma electrónica este juzgador considera que no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada exigido para entablar el juicio de amparo, por lo que se hace patente y manifiesta la causa de improcedencia, conduce a desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, es evidente que la demanda carece de validez, ya que no se puede determinar que se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado ante lo referido, en la promoción del juicio de amparo. Máxime que de admitir y tramitar esa promoción, en relación a dicho quejoso, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escrito en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que es su firma o que ella suscribió el documento, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Todo lo anterior, se sostiene debido a que la firma del promovente no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, pues en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma. Lo anterior, en virtud de que si la firma autógrafa es el signo gráfico con el cual, en general, se obligan todas las personas en todos los actos jurídicos en los que se requiere la forma escrita, tal como lo es la demanda de amparo; de ahí que, denota la voluntad de ejercicio del derecho que en propio escrito se consagra; yendo más allá una formalidad; siendo incuestionable lo indispensable la firma al pie del documento, para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, pues sirve para dar autenticidad al mismo y su ausencia o cuando la misma resulta apócrifa trae como consecuencia que se desconozca la intención del que se presume suscriptor. Lo que también ocurre en el presente caso, pues si bien la firma electrónica tiene como objetivo la expeditez en la administración de justicia, así como en el uso eficaz y eficiente de las tecnologías de la información, también lo es que tal intención no debe causar un menoscabo a la certeza jurídica de las partes; por lo que las promociones que se presenten deberán de ser firmadas de manera electrónica con la FIREL por el interesado, a fin de que este sea considerado como un documento con firma autógrafa. En consecuencia, al realizar la suscripción de un documento, no sólo queda determinado el sujeto, sino también la voluntad del suscriptor o signante. Entonces, como en el caso es evidente que el quejoso no hizo uso de la FIREL ni de otra firma electrónica autorizada, ni reclama los actos a que se refiere, este juzgador no puede tener reconocida ni la individualización del quejoso ni la expresión de voluntad a que nos referíamos en párrafos anteriores. En virtud de que, se insiste, la demanda de amparo de cuenta fue presentada por el quejoso valiéndose de los medios electrónicos, y por consiguiente el Oficial de Partes de este juzgado no estuvo en posibilidad de realizar la certificación correspondiente en el acuse del quejoso, relativa a que se presentó sin firma autógrafa del promovente, ya que esta fue presentada en forma electrónica. Al margen de lo anterior, de la lectura de la boleta generada a la recepción de la demanda por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se desprende que en el rubro de observaciones se asentó: demanda de cinco fojas, sin firma y sin evidencia criptográfica. Por lo anterior, al carecer de firma el escrito presentado por el quejoso Marco Antonio García Rivera, a través de su apoderada legal ***; y, ante la imposibilidad de este Juzgador de prevenir o mandar aclarar la demanda de amparo, por las razones que quedaron reseñadas anteriormente, se desecha de plano la demanda de garantías. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de mérito y por autorizada en términos amplios a ***, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Juzgados de Distrito y a los demás profesionistas que menciona en términos restringidos, por no contar con cédula registrada en dicho sistema.

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