Marco Antonio Garcia Morales
Expediente 1890/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 1 actuación registrada, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1890/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio Garcia Morales
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en representación del directo quejoso ***Morales, contra actos del Director General de Reinserción Social del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1890/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien del contenido de la demanda se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades responsables la reubicación y traslado de un centro penitenciario a otro, por lo que, al no existir certeza total de la intervención de la autoridad judicial competente, debe suspenderse de oficio y de plano pues produce una afectación indirecta a la libertad personal fuera de procedimiento, precisamente porque dicha orden se emite y ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia. Criterio que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente. "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta". En este contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de trasladar al quejoso Marco Antonio García Morales del centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido, y se garantice su integridad en ese lugar; no obstante, de haberse ejecutado el acto, el enjuiciado sea reincorporado al centro de reclusión del que fue sustraído, pues sólo así se salvaguardan los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en párrafos precedentes. Lo cual no implica desconocer las facultades que tiene la autoridad penitenciaria en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la faculta para realizar el traslado del quejoso sin control judicial previo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ejercicio de esa atribución debe partir de bases objetivas, y no de probabilidades sobre situaciones futuras, por lo que, mientras no se tenga certeza de esas condiciones (objetivas), opera la regla general relativa a que no es factible condicionar o restringir los efectos de la suspensión de plano. Estimar lo contrario, genera el riesgo de que la suspensión no tenga efecto material alguno y se concrete un acto que afecta gravemente los derechos de libertad del quejoso, pues bastaría que las autoridades responsables invocaran ulteriormente, por ejemplo, que la afectación a la libertad personal fuera de procedimiento fue por seguridad, para que así se viera truncada la medida cautelar concedida. Además debe precisarse que la suspensión de oficio y de plano NO surtirá efecto si la orden de traslado proviene de una autoridad judicial, o bien, si procede de una autoridad administrativa, empero dicha orden ya fue calificada de legal por la autoridad judicial. Así, a fin de tener la certeza de que han cesado los actos materia de la suspensión enunciados en párrafos que preceden en los términos ahí decretados, las autoridades responsables administrativas deberán informar dentro de un término improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que queden notificadas del presente proveído, las medidas que hayan tomado para dar cumplimiento con lo ordenado; apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se dará vista al representante social federal, pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si llegara a consumarse, el o los responsables, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en su contra. Por otra parte, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, y toda vez que el directo quejoso ***, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social CERESO" de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Paz de Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a quien corresponda se constituya de inmediato en el Centro de Reinserción Social de esa localidad, en busca del directo quejoso ***, y una vez localizado lo requiera para que en el acto de la diligencia o dentro de los tres días siguientes al de la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor por ***, contra actos de las señaladas autoridades, consistentes en la reubicación y orden de traslado. De igual forma, el Fedatario Judicial deberá apercibir directamente al quejoso, que en el supuesto de no ratificar la demanda, ésta se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, quedando sin efecto las providencias que se hubieren dictado. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el quejoso en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír, recibir, notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que cita por no cumplir con el requisito anterior. Por otra parte, dado que las autoridades responsables se encuentran gozando de su segundo periodo vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que reanuden sus labores hagan entrega del oficio que derive del presente proveído. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, expídase copia certificada del presente proveído, por conducto de las personas que autoriza, previa constancia que por su recibo se deje en autos. Notifíquese; y personalmente al directo quejoso ***.
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