Marco Antonio García Morales
Expediente 697/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/08/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio García Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1. El actuario de la junta responsable deberá realizar el emplazamiento ordenado en auto de radicación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete y reiterado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 27 y 27), dentro de los plazos y términos que prevé el numeral 873, de la Ley Federal del Trabajo; o bien, para el caso de que no pueda realizar la diligencia ordenada, deberá dar cuenta a su superior jerárquico a fin de que provea lo conducente, en el entendido que esta sentencia, se tendrá por cumplida, sólo cuando se demuestre haber realizado el emplazamiento correspondiente. 2. Por su parte, la Junta responsable deberá vigilar que dicho emplazamiento sea realizado en los términos anteriormente señalados, y en su caso conminar al actuario a que lo realice, bajo los medios que le otorga la ley, o en su caso sancionar administrativamente al fedatario; para así restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Cabe destacar que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo". Mediante auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (fojas 48 a 50), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad. Posteriormente, mediante proveído de nueve de agosto del año en curso (foja 62), se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, en relación a las constancias remitidas por la responsable, en las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, respecto al cumplimiento de las ejecutorias de amparo, el normativo 196 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgador estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, se advierte que el nueve de julio del año en curso el actuario judicial de su adscripción realizó el emplazamiento ordenado en auto de radicación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete y reiterado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral ***. En tal virtud, se determina que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la ejecutoria, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita que se realice estudio pormenorizado del cumplimiento de la sentencia para efecto de determinar si se encuentra debidamente fundada, motivada y congruente con la resolución de amparo. Atento a lo peticionado, se hace del conocimiento de la representación social que el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, obliga a los Órganos de Control Constitucional, a dictar una resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por lo que, como lo refiere en su escrito se analizará pormenorizadamente en su momento procesal oportuno si la ejecutoria está cumplida. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio proveniente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el acto que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, con el oficio ************ de ocho de agosto al año en curso, mediante el cual la responsable, remite copia certificada del acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, citatorio de espera de seis de julio de esta anualidad y tres cédulas de notificación de nueve de julio del mismo año, actuaciones relativas al juicio laboral ************; por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, este auto, así como el comunicado ************ de ocho de agosto al año en curso, mediante el cual la responsable, remite copia certificada del acuerdo de siete de agosto de dos mil dieciocho, citatorio de espera de seis de julio de esta anualidad y tres cédulas de notificación de nueve de julio del mismo año, actuaciones relativas al juicio laboral ************.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en este expediente, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa ********* se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que reciban el oficio que al efecto se les envíe, remitan copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "1. El actuario de la junta responsable deberá realizar el emplazamiento ordenado en auto de radicación de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete y reiterado el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 27 y 27), dentro de los plazos y términos que prevé el numeral 873, de la Ley Federal del Trabajo; o bien, para el caso de que no pueda realizar la diligencia ordenada, deberá dar cuenta a su superior jerárquico a fin de que provea lo conducente, en el entendido que esta sentencia, se tendrá por cumplida, sólo cuando se demuestre haber realizado el emplazamiento correspondiente. 2. Por su parte, la Junta responsable deberá vigilar que dicho emplazamiento sea realizado en los términos anteriormente señalados, y en su caso conminar al actuario a que lo realice, bajo los medios que le otorga la ley, o en su caso sancionar administrativamente al fedatario; para así restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. Cabe destacar que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo". Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tengan para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, a cada uno, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, para continuar con el trámite previsto en el artículo 193 de la citada legislación. Lo anterior, dado que la junta responsable no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con la ejecutoria en comento; pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro IV, tomo 4, enero de 2012, página 3515, registro electrónico 2000099, de contenido siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Cabe precisar que mediante oficio 7330/18, la secretaria general de acuerdos y conflictos colectivos y secretaria de pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, con domicilio en esta ciudad, informó a este Órgano de Control Constitucional que se autorizó el primer período vacacional, comprendido del diecisiete de julio al tres de agosto del año en curso, reanudándose las labores el seis de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, envíense los oficios correspondientes el primer día hábil en que las autoridades responsables reanuden sus labores. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, junio de 1994, página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Francisco Luna González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/3587/2018, de diez de julio de dos mil dieciocho, asistido de la secretaria que autoriza Rosadelhy Domínguez Serrano, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
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