Marco Antonio García Michel
Expediente 11/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Marco Antonio García Michel
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Colima, Colima, nueve de enero de dos mil diecinueve. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Marco Antonio García Michel, contra actos del Juez Penal del Sistema Tradicional de Manzanillo, Colima y de otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 11/2019-V. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: El auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, que fija fianza al imputado para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución en la causa penal 209/2016 instruida contra Humberto Villaseñor Contreras. Desechamiento. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 404, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En ese entendido, este juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria prevea algún recurso o medio de defensa para su impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El fundamento de este supuesto de improcedencia es el principio de definitividad del amparo que establece que antes de promoverlo, la parte agraviada debe agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación. La justificación de este principio radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, de ahí que se erija como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto de autoridad. Sin embargo, cuando la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio se actualiza una excepción al principio de definitividad y por ende, no está obligado a agotarlo. Los artículos 350 y 359 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Colima, establecen lo siguiente: [A]rtículo 350. Tienen derecho a interponer la impugnación que proceda, el Ministerio Público, el imputado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes, en los términos del artículo 35 de este Código; y, Articulo 359. El recurso de apelación procederá contra las siguientes resoluciones: I.- Las sentencias definitivas; II.- Los autos que nieguen el sobreseimiento, y aquellos que lo decreten, salvo los casos a que se refieren los artículos 318 y 324; III.- Los autos que nieguen o concedan la suspensión del procedimiento judicial, y los que concedan o nieguen la acumulación o la separación de procesos; IV.- Los autos de formal procesamiento y los de libertad con las reservas de ley; V.- Los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad; Conforme a los artículos transcritos, procede el recurso de apelación entre otros, contra todos los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad. En las relatadas condiciones, se concluye que de acuerdo a lo previsto en los artículos 350 y 359 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, los autos que resuelvan sobre cualquier tipo de libertad son apelables. Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que el auto pronunciado en la causa penal de origen el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en el que fue concedida al imputado el beneficio de libertad provisional bajo caución y se fija fianza para gozar de dicho beneficio, de acuerdo con los artículos 350 y 359 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, puede ser recurrido mediante el recurso de apelación por la parte quejosa, dado que el citado numeral establece la procedencia de dicho recurso contra todos los autos que concedan o nieguen cualquier tipo de libertad, como ocurre con el auto reclamado, en el cual se concedió al imputado dicho beneficio y se le fijó fianza para tal efecto; de ahí que deba agotarse dicho recurso para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En consecuencia, como el hoy quejoso no agotó el medio ordinario de defensa que la ley de la materia prevé contra la determinación que constituye el acto reclamado, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es evidente que no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; por tanto, se actualiza manifiesta y notoriamente la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se reitera, el aquí impetrante antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el recurso de apelación previsto por el artículo 359 del Código de Procedimientos Penales aplicable al juicio penal de origen. Por otro lado, no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, debido a que el acto impugnado no importa privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega libertad bajo caución o que se establezca los requisitos para su disfrute al imputado, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Finalmente, de la lectura del acto reclamado y de los antecedentes del mismo se advierte que, el solicitante de la protección constitucional tiene el carácter de ofendido, por lo que resulta evidente que se encuentra en aptitud de promover en su favor los recursos ordinarios que establece la ley, en defensa de sus derechos que considere son vulnerados por la autoridad y en su oportunidad, si es el caso, acudir al juicio de amparo. En las condiciones apuntadas se materializa el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, y 107 fracción VI, aplicado éste último en sentido contrario, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 113, todos de la Ley de Amparo; de ahí que el amparo es improcedente. En esa tesitura, no se configuran las excepciones al principio de definitividad. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda, ya que no se podría desvirtuar la naturaleza y los efectos de carácter procesal que los actos reclamados originan. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 103/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 112 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001 Materia(s): Penal, Novena Época que dice: REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA. Si de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el derecho del ofendido o de la víctima de algún delito a obtener la reparación del daño, fue elevado a rango de garantía individual y toda vez que la protección de ésta debe ser inmediata, resulta inconcuso que la autoridad jurisdiccional está obligada a respetarla y, por tanto, en contra de las resoluciones dictadas en segundo grado o en los incidentes de reparación o de responsabilidad civil que afecten aquel derecho, el ofendido o la víctima de algún delito que tengan la expectativa legal de dicha reparación están legitimados para promover el juicio de amparo, únicamente por lo que al aspecto de la afectación se refiere y siempre que contra ellas no exista medio ordinario alguno de defensa. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que conforme al criterio de este Alto Tribunal contenido en la tesis P. CLXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 111, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO.", el espíritu que impulsó el decreto de reformas al diverso artículo 21 de la citada Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estuvo inspirado en la necesidad de crear instrumentos regulados por normas y criterios objetivos, a fin de controlar la legalidad de los actos de autoridad sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, que afectaren los derechos del ofendido o de la víctima de algún delito, entre los que se encuentra el de obtener la reparación del daño. Por tanto, el amparo resulta manifiesta y notoriamente improcedente en términos del artículo 107, fracciones IV y VI, de la ley de la materia, interpretadas en sentido contrario. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, visible a fojas 1654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del tenor literal: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Asimismo, la tesis 5462, publicada en la página dos mil ochocientos veintidós, Tomo II, Penal, P.R. TCC, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice 2000, que dice: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL, OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS CUANDO NO ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DE LA AGRAVIADA. Si la resolución reclamada fue dictada en un proceso penal, por virtud de la cual se requirió a la hoy quejosa que restituyera provisionalmente el inmueble en controversia a la ofendida, y ésta no ataca la libertad personal de la agraviada, debió combatirla a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, requisito indispensable que debió agotar la recurrente previamente a interponer la tramitación del juicio de garantías, por lo cual sí debió hacer valer ante el Juez de la causa los medios ordinarios de defensa que la ley otorga, por lo que en esas condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Intervención de autorizados. Se autoriza a los autorizados mencionados para que consulten el expediente vía electrónica con el usuario que indicó en el escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Andreína Yunuén Herrejón Chávez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, Encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en contexto de lo indicado en el oficio CCJ/ST/5881/2018, de trece de noviembre de dos mil dieciocho, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Fabiola Aguirre Sierra, que autoriza y da fe. Doy fe.
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