Marco Antonio García López

Expediente 465/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
465/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Marco Antonio García López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 22-25), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por último, como en la demanda de amparo se acompañaron diversos documentos considerados como originales por el punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que es insustituible por otro. En consecuencia, hágase del conocimiento al quejoso Marco Antonio García López, que se deja a su disposición las documentales que adjuntó a su demanda de amparo, para que dentro del plazo de noventa días y por escrito, solicite su entrega y devolución; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado plazo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo de cuenta que promueve Marco Antonio García López, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora bien, es menester señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si la demanda de amparo está afecta a alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, por disposición de su artículo 62 que dice: . La recta intelección de los preceptos legales transcritos, debidamente correlacionados en su aspecto integral, conducen a concluir que el plazo genérico con que cuenta un gobernado que se siente agraviado por un acto de autoridad, para reclamarlo en la vía de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; con la consecuencia procesal que de no hacerlo dentro del indicado plazo, entonces el juicio de amparo resultará improcedente por haberse consentido tácitamente el acto. Sentada la premisa de que para la procedencia del ejercicio de la % acción constitucional, se requiere que ésta se promueva dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se concluye que el amparo pedido por el quejoso Marco Antonio García López, contra los actos reclamados señalados en su demanda de amparo, resulta improcedente en términos de los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo, por haberse promovido la demanda de amparo fuera del plazo de quince días, siguientes al día en que el quejoso manifestó tener conocimiento de la existencia de dichos actos reclamados. En efecto, de la demanda se advierte que el quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o, párrafo segundo, y que adquiere eficacia probatoria plena acorde a lo señalado por el artículo 199 de la legislación procesal civil mencionada, que el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, pues fue en esa fecha, cuando recibió la notificación expedida por el Agente Comercial de Ixtepec, Oaxaca, Licenciado Julio Villavisencio Sánchez, en la cual ordenan un ajuste en su servicio eléctrico, así como ordenan el pago de una multa excesiva consistente en la cantidad de $185,751.00 (ciento ochenta y cinco mil pesos seiscientos cincuenta y un pesos 00/100), misma que pretende cobrarle como resultado de la verificación realizada, sin que se haya seguido un juicio para defenderse y manifestar lo que a su interés convenga. En ese tenor, al existir confesión expresa del quejoso, respecto de la fecha en que se ostentó sabedor de la existencia de los actos reclamados, siendo dicha fecha, el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, resulta evidente que, la acción constitucional entablada en contra de los actos reclamados, resulta improcedente de conformidad con lo señalado por los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la nueva Ley de Amparo. Se considera así, en la medida que, el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover demanda de amparo en contra de los actos reclamados, empezó a transcurrir a partir del día hábil siguiente en que tuvo conocimiento de la existencia de los actos reclamados, esto es, el veinte de julio de dos mil dieciséis y feneció dicho plazo el diez de octubre del presente año, sin contar los días quince, dieciséis diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco de septiembre, uno, dos ocho y nueve de octubre de esta anualidad, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la ley de Amparo, y respecto al día quince de septiembre último, fue declarado como inhábil por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De lo anterior, se sigue que, si el agraviado hasta el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, promovió demanda de amparo contra los actos reclamados, resulta claro que, el plazo de quince días que tenía para ello, transcurrió en exceso, pues como se dijo, tuvo hasta el diez de octubre de dos mil dieciséis, para presentar su demanda de garantías. Sin soslayar que el impetrante de garantías, manifieste que fue el diez de octubre de dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las diez horas, cuando se presentaron en su domicilio ubicado en calzada Joaquín Amaro y Antonio León, sin número de la colonia Moderna de ciudad Ixtepec, Oaxaca, personal de Comisión Federal de Electricidad CFE, del Centro Comercial de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, manifestándole que traían una orden de ajuste al servicio eléctrico y que pretendían retirar el medidor y los cableados exteriores que distribuyen la energía eléctrica en su domicilio; orden que no fue ejecutada, dada la intervención de los vecinos. En efecto, si bien el diez de octubre de dos mil dieciséis, el personal de la Comisión Federal de Electricidad, se presentó en el domicilio del quejoso, pretendiendo ejecutar la orden de ajuste al servicio eléctrico y retirar el medidor y cableados exteriores que distribuyen la energía eléctrica; sin que se haya ejecutado, dada la intervención de los vecinos del quejoso, quienes impidieron ejecutar la orden de ajuste ya mencionado; debe decirse que dicho acto se trata meramente de actos relativos a la ejecución de la orden de ajuste en su servicio eléctrico, misma que le fue notificado desde el catorce de septiembre de dos mil dieciséis; por ende, desde la fecha en que le fue notificado la orden de ajuste a su servicio eléctrico, se encontraba en aptitud de promover la demanda de amparo. . Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV, y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Marco Antonio García López, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en la ciudad de México y otra autoridad. Sin que haya lugar a tenerlo señalando como domicilio el que indica, toda vez que no menciona la Colonia, Barrio o Agencia Municipal, en la cual se encuentra ubicada la calle "Libertad, sin número"; por consiguiente, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele sus notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones. Asimismo, ténganse únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, porque en esos términos lo autoriza. Hágase saber a las partes que el presente auto y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional..."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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