Marco Antonio García González

Expediente 321/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
321/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio García González
  • MARCO ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ y Otros.
  • Humberto García González

Actuaciones

  1. Principal

    El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil, con residencia en la Ciudad de México, informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del presente juicio de amparo, registrándolo bajo el número 411/2019-II. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que el presente expediente es susceptible de ser destruido. archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 25 DE ABRIL DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa desahoga requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Francisco Javier Rodríguez Meléndez, apoderado legal de los quejosos Marco Antonio García González y Humberto García González, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formuló en auto de doce de abril de dos mil diecinueve, y en atención a ello, se acuerda: II. Incompetencia. Resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, atento a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden las tres hipótesis que rigen la competencia de los jueces de distrito, las cuales son, a saber: 1) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro para determinar la competencia consiste en que será competente el que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En dicho supuesto se atiende a la naturaleza material de ejecución del acto reclamado, es decir, si necesita la participación de al menos una autoridad ejecutora que deba ejecutarlo, trate de ejecutarlo o lo haya ejecutado. Esta regla de competencia es la general e implica que el juicio de amparo debe promoverse ante el juez de distrito en cuya jurisdicción tenga verificativo o pueda tener verificativo la materialización del acto reclamado, de ahí que resulte aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o ya se ejecutó. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no precisa ejecución material, es decir, no requiere intervención de autoridad ejecutora alguna, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo antes expuesto, puede concluirse que la competencia en materia de amparo, guarda relación con la naturaleza de los actos reclamados, siendo la primera regla competencial de carácter general, en tanto que las otras dos solo desarrollan la casuística de la naturaleza de los mismos. Por tanto, la competencia territorial de un juez de distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere o no ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o de ser el caso, no lo requiera. Por su parte, el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". De la porción normativa reproducida, se desprende que en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo ante un juez de distrito legalmente incompetente, éste debe declinar la competencia en favor del diverso juzgador que, en su concepto, deba conocer de dicho asunto. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, los quejosos acuden a reclamar la resolución dictada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro del toca 445/2019, que confirma el auto emitido el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por el Juez Vigésimo Noveno Familiar, con sede en la Ciudad de México, dentro del expediente 393/2018 de su estadística, así como su ejecución, los cuales atribuyeron al Magistrado de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, como autoridad ordenadora, y al Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar, como ejecutor, ambos con residencia en la Ciudad de México. Por su parte, de la copia de la resolución reclamada que acompaña la parte quejosa al escrito de cuenta, se advierte que en la resolución de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado, la sala responsable confirmó el auto de dieciocho de enero del año en curso, en el que el Juez de origen fijó la cantidad que mensualmente los quejosos deben proporcionar a Enrique García Gámez (parte actora), monto que deben consignar dentro de los primeros cinco días de cada mes, en la cuenta bancaria que para ese efecto proporcione el referido actor. Por tanto, si los peticionarios del amparo acuden a reclamar la resolución de segundo grado, citada con antelación, así como su ejecución, a cargo del Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar, con sede en la Ciudad de México, se determina que de conformidad con la primera regla para fijar la competencia de los juzgados de distrito, contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal es incompetente para conocer del presente asunto, puesto que los actos tildados de inconstitucionales tendrán ejecución en la Ciudad de México, de ahí que la competencia para conocer del mismo debe recaer en un Juzgado de Distrito en Materia Civil en turno, con residencia en la Ciudad de México, pues es dentro de su jurisdicción donde se llevarán a cabo los actos reclamados. Lo anterior, toda vez que los impetrantes no acuden a reclamar un acto como la orden de girar un exhorto, despacho u oficio para conseguir la ejecución de la pensión alimenticia decretada, puesto que únicamente comparecen a combatir la resolución de segundo grado, que confirmó el auto dictado por el juez de origen, y su ejecución, cuyos efectos se hacen consistir en que de manera voluntaria los quejosos depositen al actor en la cuenta bancaria que para ese efecto proporcione, la cantidad que les fue fijada por concepto de pensión alimenticia, sin que se advierta la emisión de alguna comunicación oficial u oficio de descuento dirigido a los deudores alimentarios, a ejecutarse en esta ciudad, como lo aseveran los quejosos, toda vez que la ejecución de la determinación reclamada no implica el cobro de dicha pensión en esta ciudad. Bajo ese contexto, la suscrita juzgadora determina carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente juicio constitucional, toda vez que los actos reclamados tendrán ejecución en la Ciudad de México, sitio en el que se tramita el juicio de origen y reside el Juzgado Vigésimo Noveno de lo Familiar, que materialmente llevará a cabo la ejecución de la resolución emitida por la sala responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así como la tesis VI.2o.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Febrero de 1996; Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Así las cosas, se advierte que resulta imperativo que se atiendan a las consecuencias jurídicas de los actos reclamados por la parte quejosa, es decir, si requieren o no ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, debido a que en el presente asunto el magistrado responsable confirmó el auto de dieciocho de enero del año en curso, emitido por el Juzgado primigenio, en el que fijó la cantidad que los quejosos deben consignar en favor del actor de manera mensual, por concepto de pensión alimenticia, dentro de un juicio que se tramita fuera de la jurisdicción de este tribunal, debe concluirse que la competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo y a los criterios señalados a supralíneas, corresponde al Juez de Distrito en Materia Civil en turno, con residencia en la Ciudad de México. En ese tenor, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado de Distrito se declara incompetente legalmente para resolver el juicio de amparo en estudio. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo y una vez notificado el presente proveído remítase el presente expediente, con sus anexos, al Juez de Distrito en Materia Civil en turno, con residencia en la Ciudad de México, quien se estima competente para conocer y resolver el mismo, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 12 DE ABRIL DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a doce de abril de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. Marco Antonio García González y Humberto García González, por conducto de su apoderado legal Francisco Javier Rodríguez Meléndez, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, y lo acredita con copias certificadas de las escrituras públicas 62,436 y 62,437, tiradas ante la fe del Notario Público número 47, en legal ejercicio en esta ciudad. II. Autoridades responsables. Magistrado de la Tercera Sala Civil de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad. III. Registro. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 321/2019-I. IV. Prevención. Vista la demanda de amparo de cuenta, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracciones II y IV, en íntima vinculación, a su vez, con el numeral 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: - Señale con precisión la resolución que reclama y la data en qué se le notificó o tuvo conocimiento de la misma, debiendo exhibir además una copia de dicha determinación. Lo anterior, toda vez que en el capítulo que denomina "IV. DE LOS ACTOS RECLAMADOS DE LAS AUTORIDADES QUE SE SEÑALAN RESPONSABLES Y DE LAS CUALES RECLAMO", se advierte que señala como acto reclamado la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, que le fue notificada el veinticinco de ese mismo mes y año; sin embargo, en el capítulo que denominó como "IV. ACTO RECLAMADO", precisa como tal la resolución de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, notificada el veintidós de marzo siguiente. Asiste como apoyo a lo que precede, la tesis número XX.57K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS.". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes e integrar el incidente de suspensión, toda vez que es parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.". Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y, en su caso, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas de estrados de este Juzgado; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rubén Darío Gutiérrez Miranda y Francisco Carrillo Ramírez, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral a Alondra Stephany Rodríguez Saavedra y Roberto Rodríguez Meléndez, por así haber sido solicitado en la demanda de amparo. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano