MARCO ANTONIO GARCIA CRUZ y Otros.
Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MARCO ANTONIO GARCIA CRUZ y Otros.
- Marco Antonio Garcia Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió la vista otorgada a la parte quejosa y tercera interesada en proveído de dieciocho de octubre del año en curso, sin que realizaran manifestación sobre el cumplimiento de la ejecutoria realizado por la autoridad responsable. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la ejecutoria de amparo, se encuentra o no cumplida. Efectos de la resolución de amparo Mediante resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realizara lo siguiente: ". DE INMEDIATO, con plenitud de jurisdicción emita la resolución en forma de laudo que corresponda y la notifique a la parte quejosa.". Dicha determinación causó ejecutoria el treinta de septiembre del presente año. Análisis cumplimiento de la ejecutoria Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 1656/2022 (registro 13952) mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el cumplimiento de los lineamientos de la ejecutoria. Se afirma lo anterior, pues obra el laudo dictado el veintiséis de septiembre del año en curso, en el juicio laboral 652/2019, notificado a la parte quejosa el once de octubre del presente año. Se declara cumplida la ejecutoria. En atención a lo anterior, dado que la junta responsable dictó el laudo respectivo en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho a una impartición de justicia pronta, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho de impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Archivo En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Destino Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente ES DEPURABLE, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta población, remite el comunicado firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en que informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo -el cual fue dirigido a ese Juzgado, pero guarda relación con el presente juicio-. Al respecto, dado que la junta laboral en cita remite copia certificada de las constancias con las que manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada resolución. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como de las constancias que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, cumpla con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y en el mismo plazo remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto. Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento del fallo protector, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $9,622.00 moneda nacional (nueve mil seiscientos veintidòs pesos, cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector y no a la institución a la que representa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 650/2022 promovido por Marco Antonio García Cruz, Felipa Díaz Lucero, Carlos Gómez Ramírez, Teresita Reyna Martínez Barrita y Lilia Claudia Rodríguez Franco, por conducto de su apoderado Claudio Juárez Meneses, contra actos de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto de naturaleza laboral, que se reclama a una autoridad cuya residencia se ubica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclamó: Autoridad responsable Actos reclamados Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Omisión de dictar laudo en el expediente laboral 32/0652/2019 y su notificación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con la constancia que remitió en apoyo, a la que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa y el informe justificado de la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Que ante la Junta especial número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se encuentra radicado el expediente J.32/652/2019, promovido por la parte actora, aquí quejosa, en el cual, no obstante haberse cerrado la instrucción desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, no se ha dictado el laudo. Esa OMISIÓN constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: La autoridad responsable vulnera en perjuicio de los quejosos los artículos 1°, 17 y 123 Constitucionales, ya que al no dictar el laudo en el juicio laboral de origen, les niega su derecho de acceder a una justicia pronta y expedita, porque desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción, de modo que transcurrió en exceso el plazo para dictar el laudo respectivo. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, ya que con la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J.32/0652/2019, la autoridad responsable viola en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. En efecto, del análisis de la constancia remitida por la responsable, derivada del expediente laboral de origen, a la que previamente se le otorgó el valor probatorio de ley, se advierte que el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente para laudo, sin que lo hubiere dictado, por lo que omitió actuar con prontitud, como lo establece el citado precepto Constitucional. Ahora, el artículo 17 constitucional establece el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia pronta y expedita dentro de los términos que marcan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Por su parte, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, señala que una vez concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En el caso, de la citada constancia remitida por la autoridad responsable, se destaca que desde el tres de diciembre de dos mil veintiuno, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para la formulación del proyecto de laudo. Por lo que hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, es decir, el siete de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable ha sido omisa en emitir el laudo correspondiente, como lo aceptó al rendir su informe justificado. Por lo que se reitera, con su actuar la junta responsable evidentemente actúa en perjuicio de la parte quejosa, vulnerando el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, de impartición de justicia pronta, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, si el precepto constitucional citado protege precisamente la garantía de la administración de justicia pronta a favor de toda persona, en el caso, al no cuidar la autoridad responsable que se cumpla con lo establecido en el citado dispositivo legal, su falta de actuación vulnera la garantía consagrada en el artículo multicitado artículo 17 de la ley fundamental; razón por la cual, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que: Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, la Junta responsable, DE INMEDIATO, con plenitud jurisdiccional emita la resolución en forma de laudo que corresponda y la notifique a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, que aparece publicada en la página 226, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Febrero de 2004, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... por conducto de su apoderado Claudio Juárez Meneses, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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