MARCO ANTONIO GARCIA CALVI y Otros.

Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
263/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Garcia Calvi
  • MARCO ANTONIO GARCIA CALVI y Otros.
  • KARLO FABRICIO GARCIA SABOGAL y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de julio de dos mil veintidós. Feneció término legal. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede a las partes el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del auto de seis de junio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el citado auto ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de ley. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, y toda vez que, como se advierte de la certificación de cuenta, no existen acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Cuaderno incidental original. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; debiéndose conservar únicamente la determinación en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes referido; por lo que una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se le elabora para constancia. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, ya que el diecinueve de mayo del año en curso, se dictó la resolución interlocutoria en el presente incidente, por lo que respecta a dicha autoridad. Domicilio y delegados. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 9 y 28 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase a las responsables señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, designando como delegados a los que nombran en sus informes. Medios de contacto. Finalmente, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngaseles señalando el correo electrónico y los números telefónicos que indican única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se ordenó ratificar el escrito de desistimiento de los quejosos Marco Antonio García Calvi y Karlo Fabricio García Sabogal; sin embargo, ante la imposibilidad que tuvo la fedataria de notificar a los quejosos de dicha determinación, en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se ordenó notificar al promovente del amparo Armando Bernal Reyes para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la continuación del procedimiento en relación a los quejosos Marco Antonio García Calvi y Karlo Fabricio García Sabogal, o en su defecto proporcione un domicilio donde puedan ser localizados los referidos quejosos; misma que se encuentra en vías de notificación. Diferimiento. Por tanto, en virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

  4. Incidental

    Certificación. Se certifica que la autoridad responsable Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, no rindió su informe previo, no obstante que se le requirió oportunamente por el mismo, como se aprecia del acuse de recibo del oficio 7380/2022, que obra en auto (fojas 47 y 48), el cual fue entregado el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Acuerdo. Vista la certificación que antecede, se obtiene que la autoridad responsable Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su respectivo informe; por tanto, se proveerá lo conducente en la presente resolución. Lectura de constancias. A continuación, el Secretario da lectura de las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda, las constancias de notificación a las autoridades responsables del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós y la resolución de dos de mayo de dos mil veintidós. Acuerdo: Se tiene por hecha la relación de constancias que se indican para los efectos legales conducentes. Pruebas. Seguidamente, se abre el periodo probatorio, haciendo constar la prueba documental que ofreció la parte quejosa; mientras que las partes restantes no ofrecieron medios de prueba en la presente incidencia. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, misma que podrá ser tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Con lo anterior, se da por terminada la presente etapa. Abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se cierra esta etapa. A lo que la Jueza acuerda: Sin pruebas pendientes por desahogar ni escritos de alegatos que tener por reproducidos, se tiene por terminada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución: Resolución. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 263/2022-Vl, promovido por Armando Bernal Reyes, a favor de los quejosos Karlo Fabricio García Sabogal y Marco Antonio García Calvi, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California y otras autoridades; y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido ese mismo día Armando Bernal Reyes, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal a favor de los quejosos Karlo Fabricio García Sabogal y Marco Antonio García Calvi, así como la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados. Segundo. Trámite. Por razón de turno tocó conocer del juicio del que deriva el presente incidente de suspensión a este órgano de control constitucional, y previa ratificación por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se acordó la apertura del presente incidente, ordenándose formar por duplicado y cuerda separada, y en la misma fecha se proveyó respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia incidental, por lo que previa celebración parcial de la misma y una vez agotados los trámites de instancia, corresponde dictar la resolución que en derecho corresponda; y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 31/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación de este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1.- La incomunicación de los quejosos. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. 2.- El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en calle Diamante, sin número, Fraccionamiento La Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, C.P. 22640, Tijuana, Baja California, actos que se le atribuyen en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. 3.- Toda orden verbal o escrita que hayan emitido y que en ningún momento le ha notificado a los quejosos, con la cual o las cuales se ha determinado incorrectamente e ilegalmente el aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención por más de 36 horas dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, sin que medie un acuerdo o resolución debidamente fundado y motivado y notificado al quejoso; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. 4.- Toda omisión de emitir en perjuicio de la libertad de los quejosos la correspondiente orden de salida de la mencionada Estación Migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de 36 horas que se encuentran alojados en ese recinto contados a partir de su presentación; acto que se le atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. 5.- La omisión de no establecer un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad de los quejosos. Omisión que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. 6.- La omisión de hacer del conocimiento de los quejosos el procedimiento administrativo incoado en su contra con el propósito de determinar su condición migratoria en este país y, cualquier procedimiento, acuerdo o resolución relacionado con su suspensión, el cual difiere del "Alojamiento", que se ha tornado violatorio de los dispuesto en lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Migración. Acto que se les atribuye en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4. 7.- Cualquier orden de regreso asistido, traslado o deportación de los quejosos que son actos de imposible reparación mismos que se encuentran establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Actos que se les atribuyen en su calidad de ordenadoras y ejecutoras a las autoridades señaladas en los números 1, 2, 3 y 4, o bien, por cualquier otro servidor público del Instituto Nacional de Migración en Baja California." Sin que sea el caso de hacer pronunciamiento respecto de los actos señalados en los números 1 y 7, toda vez que éstos fueron motivo de la suspensión de plano concedida en el cuaderno principal. Tercero. Presume certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante que fue requerida oportunamente mediante oficio 7380/2022, mismo que fue notificado el veintinueve de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el arábigo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Cuarto. Efectos de la suspensión provisional. Así, si bien la parte quejosa señaló que los efectos para los cuales solicita la suspensión provisional de los actos reclamados es para que sean puestos en inmediata libertad en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva este incidente. Una vez precisados los actos reclamados y los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la suspensión, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse. Sirve de apoyo a este razonamiento la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2019200, de rubro y de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Procedencia de la suspensión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social; asimismo, tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se evite perjuicios al interesado, ni quede sin materia el juicio. Al considerar que se reclama la ilegal detención por parte de las autoridades migratorias responsables y conforme a la narrativa de hechos que realizan los promoventes, se advierte deriva de una cuestión migratoria; conforme al artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que se actualizan, las hipótesis previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues los peticionarios de amparo solicitan expresamente la suspensión de los actos reclamados; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse la misma, con la ejecución de los actos se causarían a los promoventes daños y perjuicios de difícil reparación. Esto, porque hasta este momento no se tiene certeza del origen y los hechos que motivan la privación de la libertad de la parte quejosa, así como la retención del pasaporte o documento alguno con el que se puedan identificar, y los motivos por los cuales se encuentran a disposición de las autoridades migratorias, ante lo cual no es posible anticipar un perjuicio al interés social que motivaría, en todo caso, la negativa de la medida cautelar. Cierto, en el artículo 129 de la Ley de Amparo, el legislador estableció en forma ejemplificativa, diversas hipótesis en que considera que se siguen perjuicios al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público; sin embargo, en este momento no se considera que con la concesión de la suspensión provisional se vulnere el orden público y el interés social. Aunado a lo anterior, es importante precisar que la parte quejosa es de nacionalidad extranjera y que al parecer se le sigue un procedimiento administrativo migratorio; por tanto, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, las personas migrantes, solicitantes de asilo, sujetas de protección internacional, refugiadas y apátridas, son titulares de derechos, este reconocimiento implica la obligación de los Estados de respetar y garantizar sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria. Además, es importante tener en cuenta que la promoción de acceso a la justicia de las personas extranjeras se originó, a partir de la ratificación del Estado Mexicano de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en mil novecientos noventa, la adhesión a la Convención de mil novecientos cincuenta y uno sobre el Estatuto de los refugiados en el dos mil y, los cambios a la Ley General de Población en México, ya que en dos mil ocho se despenalizó la migración, cuando se reconoció que las personas que entran de manera irregular al territorio nacional no cometen ningún delito, sino únicamente una falta administrativa. Asimismo, la Ley de Migración señala como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Dicha ley también establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito. Además, prevé que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. En esa virtud, de vital importancia convine también traer a colación lo que estipula el numeral 164 de la ley de materia, en su segundo párrafo, al determinar que cuando el acto reclamado consista en la detención de los quejosos efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público y no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. De lo hasta aquí expuesto se concluye que es posible el otorgamiento de la suspensión, tratándose de personas detenidas por orden de la autoridad migratoria, en los que con posterioridad se ordene su alojamiento -estación migratoria o centro de detención- para resolver sobre su situación migratoria, para efectos de que la persona quede en libertad -provisional- mediante las medidas de aseguramiento correspondientes, a disposición de la autoridad administrativa para la continuación del procedimiento y a la de esta juzgadora por cuanto hace a su libertad personal. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para los siguientes efectos: Para el efecto de que los quejosos Karlo Fabricio García Sabogal y Marco Antonio García Calvi, sean puestos en libertad al no derivar su detención y/o retención de la comisión de un delito y estar a disposición de una autoridad distinta al ministerio público. Sin perjuicio de que la autoridad migratoria correspondiente, establezca las medidas de aseguramiento que considere necesarias para el caso de que los agraviados se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo en términos de la Ley de Migración. Lo anterior, ya que en los casos como en el que acontece, en el que se reclama la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza la hipótesis del artículo 165 de la Ley de Amparo, en razón de que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al ministerio público. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis I.20o.A.19 A (con número de registro electrónico 2016412) emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 3551 del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional". Supuestos en que dejará de surtir efecto la suspensión definitiva concedida. Asimismo, la suspensión que se concede no producirá el efecto apuntado, de concurrir alguno de los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de privación de libertad girada en su contra por autoridad judicial; b) Si se le sorprende en la comisión flagrante de delito; c) Si la privación de la libertad de la que dice es sujeto es con motivo de una situación diversa a su situación migratoria; y, d) Si deja de cumplir con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas. Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Único. Se concede a Karlo Fabricio García Sabogal y Marco Antonio García Calvi, la suspensión definitiva por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

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