Marco Antonio García Blanco
Expediente 331/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 04/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Marco Antonio García Blanco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Acapulco, Guerrero cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de cinco de julio del año en curso, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva, así como las inherentes al original del incidente de suspensión, al actualizarse el supuesto que prevé el segundo párrafo de la fracción III, del ordinal antes indicado, al haberse concedido la medida cautelar; además, se hace la precisión de que no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Por otra parte, en relación al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído destrúyase, esto al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción III, del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto referido, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, cinco de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, y otra autoridad, de quienes reclamó: a) La orden de aprehensión dictada en su contra el dos de diciembre de dos mil catorce, dentro de la causa penal 158/2014-I, por el delito de fraude, en agravio de Magdaleno Suasteguí Barrera, así como su posible ejecución por parte de la autoridad ejecutora. Ahora bien, se advierte que en la sentencia dictada por este Juzgado el veinte de julio de dos mil dieciséis, se negó el amparo y la protección de la justicia al quejoso Marco Antonio García Blanco, sin embargo la sentencia fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el quejoso del presente juicio, quedando al tenor de sus puntos resolutivos siguientes: "[.PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antoni García Blanco, contra las autoridades responsables y acto reclamado indicados en el resultando segundo de la presente resolución, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria." Ahora bien, los efectos precisados en el último considerando de la ejecutoria de amparo son los siguientes: ".que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada; 2) En su lugar, emita una nueva resolución, en la que se pronuncie sobre si la conducta del encausado que se consideró constitutiva del delito conforme al Código Penal abrogado, está prevista como delito también en la legislación actual, lo que permitirá concluir si subsiste o no como delictiva; en seguida, si es el caso, como consecuencia de ese estudio, hacer la traslación del tipo correspondiente, a fin de puntualizar la identidad sustancial de sus elementos, sin soslayar de atender en todo momento a la ley más favorable. 3) Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda.]" En cumplimiento a esa sentencia, la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, Guerrero, remitió a este Juzgado el veintiuno de julio del presente año, copia certificada de la sentencia dictada el catorce de junio del año en curso, dentro de la causa penal número 423/2016, de su índice, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión librada el dos de diciembre de dos mil catorce, en contra de Marco Antonio García Blanco, asimismo, emitió otra resolución en la que declaró hacer la traslación del tipo penal atribuido a Marco Antonio García Blanco, y que de conformidad con el artículo 14° constitucional, concluyó que la ley más benéfica al inculpado es el nuevo Código Penal, al establecer en su artículo 237 por el delito de fraude específico, la pena de uno a cinco años de prisión, y multa de cincuenta a doscientos cincuenta días; lo que pone de manifiesto que siguió los lineamientos a que le obligaba la ejecutoria de amparo; en consecuencia, a dichas documentales públicas se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con sede en San Luis Acatlán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero; treinta de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, el incidente de suspensión relativo, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Glósese a los autos únicamente el original del incidente de suspensión; y en relación con el destino de este cuaderno, así como del duplicado del mismo, resérvese proveer hasta en tanto se ordene el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antoni García Blanco, contra las autoridades responsables y acto reclamado indicados en el resultando segundo de la presente resolución, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria." Ahora bien, los efectos precisados en el último considerando de la ejecutoria de amparo son los siguientes: ".que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada; 2) En su lugar, emita una nueva resolución, en la que se pronuncie sobre si la conducta del encausado que se consideró constitutiva del delito conforme al Código Penal abrogado, está prevista como delito también en la legislación actual, lo que permitirá concluir si subsiste o no como delictiva; en seguida, si es el caso, como consecuencia de ese estudio, hacer la traslación del tipo correspondiente, a fin de puntualizar la identidad sustancial de sus elementos, sin soslayar de atender en todo momento a la ley más favorable. 3) Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al juez responsable, para que dentro del plazo de tres días informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, sin que haya lugar a ejercer la facultad conferida en el último párrafo del citado numeral, dado que la complejidad del cumplimiento se considera que no exige mayor plazo; sin embargo, en el supuesto de que requiera un término adicional, deberá motivar la solicitud de prórroga. En la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
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