Marco Antonio García Bailón
Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marco Antonio García Bailón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de donde se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la resolución pronunciada en este juicio de amparo el veintidós de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia: con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación en la que se sobreseyó en el juicio, promovido por **********, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Por otra parte, con base en lo previsto en los artículos 12 y 14, del Acuerdo General de referencia, en relación con el diverso apartado 7.5 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se hace constar que el ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó la suspensión provisional y se dejó sin materia la medida cautelar definitiva; en consecuencia, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de TRES AÑOS. Tomando en consideración que el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con los artículos 12, 14 y 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General; se ordena su guarda por cuerda separada de los presentes autos para que transcurridos SEIS MESES, se proceda a su destrucción. Ahora bien, dado que el juicio de amparo ha causado ejecutoria, devuélvase a la autoridad responsable Director Conciliador Personal de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Metropolitana de Tlalnepantla, tres tomos que remitió en apoyo a su informe justificado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que no es necesario el acuse de recibo de los mismos ya que la minuta respectiva hará las veces del mismo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al cual agregó la resolución de dos de febrero de dos mil veintitrés, pronunciada en el recurso de queja 340/2022, ejecutoria que en su único punto resolutivo senala: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, vista la certificación que antecede, se advierte que por auto de siete de julio de dos mil veintidós, se reservó realizar pronunciamiento respecto a acordar lo que en derecho corresponde en este asunto, hasta en tanto se resolviera el recurso de queja presentado por el quejoso; lo cual ya aconteció, en consecuencia se provee: Se convalidan actuaciones. Atento a lo anterior y toda vez que se reconoció el conocimiento previo planteado por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, en esta misma sede, en relación con los actos reclamados en el expediente 613/2022, de su índice, que se originó con motivo de la demanda promovida por **********, se dejan subsistentes todas las actuaciones practicadas en el sumario citado. Ahora bien, en la demanda de cuenta, en el apartado correspondiente al acto reclamado, la parte quejosa refirió lo siguiente: "A los siguientes empleados adscritos a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Metropolitana de Tlalnepantla adscritos a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO): 1. **********, Director, 2. **********, Jefa de Departamento de Servicios, Educación y Telecomunicaciones 3. **********, Conciliador Personal Se le reclama 1. La omisión de resolver en definitiva de la controversia planteada en el expediente **********. 2. Turnar el expediente al archivo para que la parte consumidora acredite su inasistencia, así como la omisión de notificar, motivar y fundamentar dicho acto." Ahora, de una revisión a las constancias que integran el presente expediente, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XX, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa como ya se dijo senaló como acto reclamado la omisión de resolver en definitiva de la controversia planteada en el expediente **********, así como realizar el turno del expediente al archivo a efecto de acreditar su inasistencia. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Federal del Consumidor, contra los actos reclamados por el quejoso, procede el recurso de revisión, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, quien esto juzga considera que se actualiza la citada causal de improcedencia. Dicho precepto legal senala: "ARTÍCULO 135.- En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." Lo anterior es así, ya que para que opere la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en dicho ordenamiento. Al respecto se tiene presente que para estimar la procedencia de algún medio ordinario de defensa que permita la impugnación del acto administrativo reclamado, es condición indispensable que la ley respectiva se refiera expresamente a él, así como a la competencia del órgano senalado para conocerlo, en atención al principio de que las autoridades sólo pueden actuar dentro del ámbito de sus atribuciones legales. De igual forma, se establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, como un juicio excepcional que, sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios. La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé al gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad que no sea tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. En lo relativo al principio de definitividad que se consagra en forma específica en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales puedan ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o procedan contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal con los cuales puedan ser modificados, revocados o anulados, con ello se da oportunidad al gobernado para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja la gobernada. Luego, como se advierte del contenido de la demanda y toda vez que el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, determina que en contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de dicha ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es importante advertir que el acto de autoridad que por esta vía se intenta combatir, implica cuestiones de legalidad que pueden ser combatidas a través de los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado, tal y como quedó senalado en párrafos que preceden, por lo tanto, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 2a./J. 104/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 415, con registro digital 180824, de rubro y texto siguiente: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que "contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad." Así como la jurisprudencia 1.4o.C. J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 361, con número de registro 224800, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extranos, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 902, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Resulta también aplicable, la jurisprudencia número 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Distrito, Volumen 12, Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 37, con número de registro 257209, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como en el caso que se examina, se advierte que la parte quejosa ha omitido realizar trámite alguno a efecto de promover el referido recurso de revisión en contra de los actos que por esta vía reclama; es que se estima actualizada de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, como se dijo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Por recibido nuevamente el oficio signado electrónicamente por la Magistrada Presidenta y el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual informa que el veintiuno de octubre pasado, se turnó para proyecto el recurso de queja 340/2022, relacionado con este asunto; atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, dado que por auto de catorce de noviembre del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Posibilidad de plantear causas de impedimento. Se hace del conocimiento de las partes que en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó por unanimidad de votos la adscripción de la Jueza Claudia Gabriela Villeda Mejía, como Titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, lo que fue notificado por oficio SEADS/691/2022, de la misma fecha, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción. Por tanto, con fundamento en los artículos 52, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se da vista a las partes dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la designación de la suscrita. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". ENRIQUE CAMACHO FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 30/07/23 18:30:39 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 799/2022 Notifíquese; y por lista a las partes.
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