Marco Antonio Galván Martínez
Expediente 755/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/01/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Galván Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por **************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de persives Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amaro, devuélvase a la parte quejosa las documentales originales que exhibió en el presente asunto; de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruida junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el Artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la parte quejosa la determinación de veinticuatro de enero del año en curso, cuyo texto es: "Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por **************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de persives Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Inclúyase el presente asunto en el acta y relación que deberá elaborarse en su oportunidad, para efectos de la transferencia del archivo judicial o de la destrucción de expedientes, según corresponda, de conformidad con la normatividad aplicable. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amaro, devuélvase a la parte quejosa las documentales originales que exhibió en el presente asunto; de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del citado Acuerdo General, se ponen a disposición de su oferente por el término de noventa días contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en el local de este Juzgado a fin de que las recoja, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruida junto con las constancias que correspondan. Se instruye a la Secretaria encargada de la mesa de trámite para que al momento de realizar la devolución de que se trata, únicamente proceda a dejar en autos la certificación de desglose de las documentales devueltas, sin que al efecto sea necesario dejar copia certificada de las mismas, previa toma de razón que por su recibo y entrega se asiente para constancia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Ana Cruz Morales Ramírez, que autoriza y da fe."
- Principal
En Ciudad de México a las catorce horas del veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 755/2021 promovido por *** en audiencia pública Eliana Damián Gaspar Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha asistida del Secretario Héctor Javier Ramírez Avendaño que autoriza y da fe procedió a celebrar la referida audiencia sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia de ley el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el juicio de amparo sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas conforme a la tesis 26 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 39 de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". De igual manera el Secretario CERTIFICA: 1. Que dentro del presente juicio de amparo no transcurre ningún plazo ni se encuentra pendiente algún emplazamiento. A lo anterior la Encargada del Despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el presente juicio para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio el Secretario da cuenta con las documentales e instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana ofrecidas por la parte quejosa; las documentales presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones ofrecidas por la Apoderada General para la Defensa Jurídica en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A lo que la Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas las que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Cerrado el período de pruebas enseguida se declara abierto el periodo de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes realizó manifestaciones a manera de alegatos y que el Fiscal Federal adscrito no presentó pedimento. A lo que la Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en lo establecido en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para presentar alegatos y el del representante social adscrito para presentar pedimento. Al no haber diligencia pendiente por practicar ni escrito que acordar se cierra el período de alegatos y se procede a dictar la siguiente resolución. Visto para resolver en el juicio de amparo 755/2021 promovido por contra actos de los Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México turnado a este Juzgado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDAD RESPONSABLE CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO... ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE El Acto Reclamado por parte de la Autoridad señalada como Responsable lo es la omisión de notificarme de manera personal el inicio de los procedimientos administrativos y instrumentados en mi contra por la ahora Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a efecto de que se me otorgue mi garantía de audiencia y de debido proceso." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa manifestó que no existe tercero interesado; narró los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; indicó como derecho violado el que establecen los artículos 14 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. Por acuerdo de dieciocho de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 42 a 47 de autos) se ordenó el registro del juicio de amparo 755/2021 y se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable (Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México) informe justificado; se dio participación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintidós de octubre del presente año (foja 147 de autos) se tuvo a la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhibiendo copia certificada del expediente administrativo (fojas 139 a 145 de autos) y se dio vista a la parte quejosa para que manifestará lo que a su interés legal conviniera. No obstante lo anterior por proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 152 a 153 de autos) con la copia certificada de las constancias relacionadas con el procedimiento administrativo consistentes en la resolución de veintisiete de octubre de dos mil nueve en la que se destituyó al quejoso de su empleo cargo o comisión como policía preventivo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal al concluir que ese acto guardaba estrecha relación con el acto reclamado en esta instancia; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 108 110 y 111 fracción II de la Ley de Amparo se requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado la resolución referida en líneas anteriores y en caso afirmativo indicara a que autoridad le atribuía dicha actuación; con el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría con el trámite del presente asunto únicamente por cuanto hace al acto reclamado y autoridad responsable hasta ahora señalados. En proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo al autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo comunicando que en cumplimiento al proveído de doce de noviembre del año en curso en contra de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil nueve dictada en el procedimiento administrativo en la que se destituyó al quejoso de su empleo cargo o comisión como policía preventivo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal promovió juicio de nulidad. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede por lo que se procede al dictado de esta sentencia; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa con apoyo en los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° fracción I 33 fracción IV 35 y 37 párrafo primero de la Ley de Amparo; 57 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero fracción I segundo fracción I numeral 3 y cuarto fracción I del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito en virtud de que se reclama una omisión de una autoridad administrativa dentro del ámbito donde ejerce jurisdicción este órgano federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso del análisis integral de la demanda de amparo así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente se advierte que la parte quejosa reclama: 1. De la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: La omisión de notificar de manera personal el inicio de los procedimientos administrativos y sus acumulados y . TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México consistente en la omisión de notificar de manera personal el inicio de los procedimientos administrativos y sus acumulados y aunque al momento de rendir su informe justificado ni lo haya aceptado o negado (fojas 55 a 60 de autos) por las siguientes consideraciones. Al respecto debe recordarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico es la existencia del acto reclamado habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y en su caso el fondo del asunto si no existe la conducta que se atribuye a la responsable. En ese sentido siguiendo el principio general del proceso de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho debe recordarse que la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que el acto cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existe. Ahora los artículos 63 fracción IV 117 y 124 de la Ley de Amparo prevén: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional atendiendo a las circunstancias del caso podrá ampliar el plazo por otros diez días. (.) En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. (.) 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. (.) De los citados dispositivos legales se advierten tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es la prueba directa la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables y la última se actualiza a través del reconocimiento que hacen estas últimas al justificar su proceder. Es aplicable a lo anterior respecto del segundo supuesto prueba directa de la existencia del acto reclamado la jurisprudencia VI.2o. J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Octava Época tomo 80 agosto de mil novecientos noventa y cuatro página 77 con número de registro 210769 cuyo rubro y texto señalan: ACTO RECLAMADO LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega ya que el que interpone una demanda de amparo está obligado a establecer directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas que dicho acto es inconstitucional aunque incluso las autoridades responsables no rindan su informe justificado caso en el cual la ley establece la presunción de la existencia de los actos arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Asimismo sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito de la Novena Época de rubro y texto: PRUEBA CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo en el sentido de que las autoridades responsables al rendir sus informes justificados deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe" en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa pues en tal supuesto el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías en primer lugar los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y en esa hipótesis de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En el presente caso la autoridad responsable ni negó ni aceptó el acto que se le reclama consistente en la omisión de notificarle de manera personal el inicio de los procedimientos administrativos y sus acumulados y instrumentados en contra del aquí quejoso por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a efecto de que se le otorgara su garantía de audiencia y debido proceso. Ello a que dicha autoridad señaló que había imposibilidad jurídica y material para pronunciarse respecto de si era cierto o no el acto reclamado lo anterior ya que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en el archivo de trámite de la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia se obtuvo registro de los expedientes y mismos que fueron enviados al archivo de concentración de esa Secretaria; agregando que la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia solo está obligada a resguardar la información por un término de cinco años conforme a lo establecido en el Catalogo de Disposiciones Documentales de esa Institución y el numeral 8.5.12 de la Circular Uno 2015 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias Unidades Administrativas Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito federal publicada el dieciocho de septiembre de dos mil quince en el órgano de difusión oficial de la Ciudad de México. Por lo anterior al haberse agotado todas y cada una de las etapas del procedimiento administrativo en mención el mismo se concluyó ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido. Además que por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México manifestó que los expedientes citados fueron destruidos (fojas 95 a 117 de autos). No obstante lo anterior de conformidad con el artículo 116 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se advierte que son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia las siguientes: 116. En las Instituciones de Seguridad Ciudadana existirá un Comisión de Honor y Justicia que será el órgano colegiado competente para conocer y resolver sobre: I. Las faltas graves en que incurran el personal policial a los principios de actuación previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; II. La suspensión temporal de carácter preventivo o correctivo de los integrantes; III. La destitución de los integrantes; IV. El recurso de rectificación y V. El otorgamiento de condecoraciones y determinar con arreglo a la disponibilidad presupuestal estímulos incentivos reconocimientos y recompensas sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta materia. Lo anterior evidencia que para efectos del presente juicio de amparo no es posible atribuirle a la autoridad responsable de que se trata la omisión reclamada dado que la notificación personal del inicio de los procedimientos administrativos y no es de su competencia. En ese sentido al no ser de la autoridad responsable una atribución las notificaciones del inicio de cualquier procedimiento sino de diversa instancia no es dable atribuirle la omisión reclamada. Por tanto como el quejoso no aportó prueba alguna que desvirtúe lo anteriormente expuesto con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto y autoridad señalada con antelación. Al respecto es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la página 6673 Tomo LXXIX del Semanario Judicial de la Federación Quinta Época cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento en el juicio de garantías cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." No pasa desapercibido para esta autoridad que por proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno con la copia certificada de resolución de veintisiete de octubre de dos mil nueve derivada del procedimiento administrativo en la que se destituyó al quejoso de su empleo cargo o comisión como policía preventivo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal se le dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda contra ese acto; no obstante por proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo al autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo comunicando que contra la mencionada determinación había promovió el juicio de nulidad respectivo. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió Eliana Damián Gaspar Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización de vacaciones aprobada a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno comunicada en el oficio CCJ/ST/4732/2021 de la misma fecha con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010 asistida de Héctor Javier Ramírez Avendaño Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por el autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual en cumplimiento al proveído de doce de noviembre del año en curso, informa que en contra de la resolución de veintisiete de octubre de dos mil nueve, dictada en el procedimiento administrativo ****************, en la que se destituyó al quejoso de su empleo, cargo o comisión como policía preventivo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, promovió el juicio de nulidad respectivo, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Héctor Javier Ramírez Avendaño, que autoriza y da fe.
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