Marco Antonio Fuentes Montiel

Expediente 1628/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1628/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Fuentes Montiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de seis de enero de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d), se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales conducentes. Anotaciones en el libro de gobierno. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó el juicio fuera de audiencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en vía de alcance a su informe justificado remite copia certificada del acuerdo de catorce de los actuales, dictado en el juicio de origen, dados los motivos que expone. Lo anterior toda vez que mediante auto de seis de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; doce de enero de dos mil veintidós. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el treinta de enero de dos mil diecinueve, se pronunció sentencia en el presente juicio, en la que en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 30 a 34), para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: "Tome las medidas necesarias a fin de desahogar la totalidad de las pruebas ordenadas en el juicio laboral 1108/15, dentro de los plazos y términos de ley, para así estar en aptitud de continuar con el procedimiento entro de dicha contienda laboral; a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, de la Ley de Amparo." Determinación que causó ejecutoria el veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 45 a 46) y se requirió a la autoridad responsable el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de la sentencia dictada por este órgano de control constitucional se advierte que las pruebas que se encontraban pendientes por desahogar dentro del juicio laboral de origen eran las siguientes: Pruebas ofrecidas por la parte demandada: 1. Prueba pericial médica (ordenada en auto de once de enero de dos mil diecisiete). 2. Prueba pericial técnica en medio ambiente laboral (ordenada en auto de once de enero de dos mil diecisiete). La junta responsable, por acta de audiencia por videoconferencia de tres de abril de dos mil diecinueve, tuvo por legalmente desahogada la prueba pericial técnica en medio ambiente laboral ofertada por la parte demandada (foja 74). Ahora bien, del análisis realizado a las constancias remitidas, se advirtió que la autoridad responsable omitió allegar copia certificada de las constancias relativas al desahogo de la prueba pericial médica (ordenada en auto de once de enero de dos mil diecisiete), razón por la cual, en auto de primero de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró no cumplida la misma y se requirió el cabal cumplimento (fojas 286 y 287). Así las cosas, mediante oficio recibido en este juzgado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, allegó copia certificada del auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, en el que se declaró desierta la prueba pericial médica (ordenada en auto de once de enero de dos mil diecisiete) dentro del juicio laboral 1108/15 (fojas 289 y 290) Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La presente determinación es emitida en apoyo a lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), visible en la página 1981, tomo II, Libro I, Mayo 2021, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023104, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; seis de enero de dos mil veintidós. Autoridad responsable y sentido de informe Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje y en Representación del Pleno de la misma, con sede en esta ciudad, en el que ACEPTA EL ACTO RECLAMADO. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que allega la autoridad responsable como complemento a su informe justificado. Delegados y Domicilio En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Autoridad cumple requerimiento Se tiene a la autoridad responsable informando de la inexistencia de diverso juicio de amparo, que pudiera estar relacionado con el presente asunto; lo que se tiene por informado para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, se tienen por allegadas las constancias de las que se advierte la personalidad del promovente del amparo ***, como apoderado legal de la parte quejosa, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de la materia, se le reconoce tal carácter. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó la omisión de dictar la resolución correspondiente sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, así como la resolución del incidente de acumulación planteado en el juicio de origen **** Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictó la resolución correspondiente al incidente de acumulación planteado en el juicio de origen, asimismo dictó el acuerdo correspondiente a la admisión o desechamiento de los medios ofertados por las partes, lo cual fue notificada a la parte quejosa el tres de los actuales a través de la apoderada legal de la parte actora, aquí quejosa. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictó el acuerdo correspondiente al desechamiento y admisión de pruebas ofertadas por las partes, así como la resolución correspondiente al incidente de acumulación planteado en el juicio de origen, el cual se notificó el tres de enero de dos mil veintidós, a través de su apoderada legal, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente al desechamiento y admisión de pruebas, así como la resolución correspondiente en el incidente de acumulación planteado en el juicio de origen, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de enero de dos mil veintidós, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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