Marco Antonio Flores Flores

Expediente 861/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
861/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Flores Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 12 a 21), a través del cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto adquirió firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibido el oficio firmado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve en el Estado de México, por medio del cual remite la demanda de amparo indirecto promovida por Marco Antonio Flores Flores, contra actos de la autoridad oficiante; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 861/2019-III. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y de orden preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del análisis de la demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente éste se hace consistir en: La resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil diecinueve dictada en el juicio agrario 70/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve en el Estado de México, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad intentado por el ahora quejoso. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la resolución interlocutoria que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil diecinueve dictada en el juicio agrario 70/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, en el Estado de México, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, no se actualiza dicho supuesto. A efecto de explicar el por qué dichos actos no se consideran de imposible reparación, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, esencialmente se advierte que María del Carmen Flores Hernández, promovió a nombre de su difunto esposo J. Carmen y/o Carmen y/o José Carmen Flores Iniesta, demanda de nulidad de asamblea en contra de la Asamblea Ejidal de San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México, lo que dio origen al expediente 70/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, en el Estado de México, demandada que al dar contestación reconvino a efecto de recuperar el terreno que a dicho del ahora quejoso a la fecha posee. Durante la tramitación del juicio Marco Antonio Flores Flores (quejoso) en su calidad de tercero interesado en la contienda, opuso la excepción de falta de personalidad de la actora, misma que se resolvió vía incidental catorce de mayo de dos mil diecinueve, declarando improcedente la excepción referida, determinación que en el caso constituye el acto reclamado. Esto es, del contexto que refiere el ahora quejoso, se advierte claramente que se trata de un acto de carácter intraprocesal, pues como lo refiere, la responsable señaló fecha para la continuación en dicho juicio (once horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve), es decir son aspectos procesales en etapa de juicio, de ahí que hasta este momento no le genera un daño irreparable a la parte quejosa. En efecto, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Por ende, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que el sentido de la sentencia de fondo le se benéfica, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la sentencia definitiva; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en una resolución interlocutoria que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Es aplicable la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Tomo III, Página: 2317, de Marzo de 2015, Décima Época, con número de registro 2008665, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". Así como la jurisprudencia VI.1o.A. J/10 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo III, Página: 1570, Mayo de 2014, Décima Época, con número de registro 2006339, de rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de una resolución interlocutoria que declaró infundado el recurso de revocación contra el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no aceptado ni protestado el cargo de perito para el desahogo de una prueba pericial, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Se itera, los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga sentencia definitiva favorable, o en su defecto, violación reclamable en amparo directo contra la sentencia definitiva que se emita en el juicio de origen, momento procesal en el cual podrá determinarse si la violación que alega afectó sus derechos fundamentales y la dejó sin defensa, supuesto previsto en la fracción III del artículo 179 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, a criterio de quien esto determina, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra se transcribe: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." La hipótesis normativa invocada en esencia se refiere a que cuando un acto de autoridad afecta a una persona y ésta no promueve el juicio de amparo dentro del plazo que la propia ley le concede se debe entender que se encuentra conforme con el mismo. A su vez, el primer párrafo del artículo transcrito, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra relacionado con los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que aducen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional -que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad en la contienda agraria-, no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Además, de la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional para reclamar la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad, misma que le fue notificada el once de junio de dos mil diecinueve, según se advierte de la manifestación asentada por el quejoso en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, a saber: ".EL ACUERDO que me causa agravio, me fue notificado por boletín laboral en fecha ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE." En ese sentido, se concluye que el promovente del amparo, tuvo conocimiento a partir de que fue notificado de la determinación que ahora combate, esto es, desde el once de junio de dos mil diecinueve. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos -conforme a la ley que rige el acto- la notificación de la resolución que combate, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto que reclama. Ahora, en el caso a estudio, se debe precisar que la ley que rige el acto lo es la Ley Agraria, misma que no contempla expresamente cuándo surten efectos las notificaciones realizadas, por tanto, se estima que ello ocurrió en el instante mismo de la notificación, por lo que el cómputo iniciará a partir del día siguiente al en que se notificó el acto. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pagina 7, Libro 42, Tomo I, Mayo de 2017, Decimo Época, Materia Común, registro 2014199 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." De ahí que el plazo para impugnar la resolución reclamada transcurrió del doce de junio al dos de julio de dos mil diecinueve, con exclusión de los sábados y domingos por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el tres de los actuales, como se advierte del sello de recepción impuesto al oficio por el que la responsable remitió el escrito de demanda, su presentación resulta extemporánea conforme a la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la demanda de amparo se haya presentado ante la responsable el veintiocho de junio del año en curso, pues tal circunstancia no interrumpe el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación, tomando en consideración que el quejoso tenía conocimiento de la vía intentada, hecho que se deduce al haberse redactado el escrito inicial en términos del artículo 116 de la ley de la materia y haberse dirigido al Juez de Distrito en turno, pues es evidente y objetivo que la intención del impetrante no fue la de promover juicio de amparo en la vía directa, por lo que tal acontecimiento corresponde a una patente equivocación en cuanto a la presentación material de la demanda. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.17 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página: 793, Novena Época, con número de registro 187821, cuyo rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE FORMULÓ EN LA VÍA DIRECTA, SE DIRIGIÓ AL TRIBUNAL COLEGIADO Y SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO LEGAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ESTIMARSE OPORTUNA SU PROMOCIÓN, POR MÁS QUE SE HAYAN EXPRESADO EN ELLA LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En tal supuesto no es válido estimar que la demanda respectiva es improcedente, aun cuando por la declaración de incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió de la autoridad responsable, se reciba en la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo para su promoción, pues en esta hipótesis debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo. Caso diverso sería aquel en el que la demanda se hubiere redactado en términos del artículo 116 de la ley de la materia y dirigido al Juez de Distrito en turno, pero presentado ante la autoridad responsable, en el que sería evidente y objetivo que la intención no fue la de promover el juicio de garantías en la vía directa, sino que existió una patente equivocación en cuanto a la presentación material de la demanda, que en esa hipótesis debió exhibirse ante la oficialía de partes del Juzgado de Distrito correspondiente. Sin que para tal conclusión sea óbice que en la demanda se hayan expresado los antecedentes de los actos reclamados, incluso bajo protesta de decir verdad, ya que no puede estimarse que por la expresión de tal requisito no exigido en el artículo 166 de la legislación de la materia, la intención fue la de promover el juicio en la vía indirecta. En efecto, no es dable al juzgador de garantías pretender desentrañar de la simple cita de antecedentes en la demanda de garantías, la intención de presentarla en la vía indirecta del amparo, pues sería injusto que por haberse señalado en demasía un capítulo de antecedentes que es propio de la demanda de amparo indirecto, según el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, se determinara que la intención fue promover un amparo indirecto. Además, porque es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que basta que la demanda de garantías se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito y se presente por conducto de la autoridad responsable para concluir que la intención del quejoso fue la de promover un juicio de amparo directo, sin que de la satisfacción de esos presupuestos pueda considerarse otro para llegar a una conclusión diversa, ya que al respecto no existe precepto alguno que permita establecer con base en indicios un criterio subjetivo, sino que el arbitrio que debe aplicarse ha de ser objetivo y, por ello, sustentarse en datos de la misma naturaleza, que no den lugar a interpretación alguna, como lo son la autoridad a la que se dirige la demanda y el lugar en el que se presenta; de otra manera, a pesar de que se cumplieran los requisitos para la promoción de una demanda de amparo directo, podría llegarse al injusto de considerar que se pretendió promover en la vía indirecta, cuando, además, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de garantías, el juzgador de amparo tiene, en su caso, la obligación de ordenar su regularización. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del quejoso el precisado en su escrito de demanda. Autorizados. Dada la naturaleza del juicio, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas referidas por el quejoso. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION DEL QUEJOSO III) Toluca, Estado de México; cuatro de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibido el oficio firmado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve en el Estado de México, por medio del cual remite la demanda de amparo indirecto promovida por Marco Antonio Flores Flores, contra actos de la autoridad oficiante; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 861/2019-III. Desechamiento. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ello es así, toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y de orden preferente, por lo que deben analizarse de manera oficiosa por este juzgado, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del análisis de la demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que sustancialmente éste se hace consistir en: La resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil diecinueve dictada en el juicio agrario 70/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve en el Estado de México, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad intentado por el ahora quejoso. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se acredita la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que la resolución interlocutoria que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, aspecto sobre el cual versa en esencia el acto que se tilda de inconstitucional, no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil diecinueve dictada en el juicio agrario 70/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, en el Estado de México, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad, no se actualiza dicho supuesto. A efecto de explicar el por qué dichos actos no se consideran de imposible reparación, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, esencialmente se advierte que María del Carmen Flores Hernández, promovió a nombre de su difunto esposo J. Carmen y/o Carmen y/o José Carmen Flores Iniesta, demanda de nulidad de asamblea en contra de la Asamblea Ejidal de San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México, lo que dio origen al expediente 70/2018 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, en el Estado de México, demandada que al dar contestación reconvino a efecto de recuperar el terreno que a dicho del ahora quejoso a la fecha posee. Durante la tramitación del juicio Marco Antonio Flores Flores (quejoso) en su calidad de tercero interesado en la contienda, opuso la excepción de falta de personalidad de la actora, misma que se resolvió vía incidental catorce de mayo de dos mil diecinueve, declarando improcedente la excepción referida, determinación que en el caso constituye el acto reclamado. Esto es, del contexto que refiere el ahora quejoso, se advierte claramente que se trata de un acto de carácter intraprocesal, pues como lo refiere, la responsable señaló fecha para la continuación en dicho juicio (once horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve), es decir son aspectos procesales en etapa de juicio, de ahí que hasta este momento no le genera un daño irreparable a la parte quejosa. En efecto, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Por ende, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que el sentido de la sentencia de fondo le se benéfica, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la sentencia definitiva; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en una resolución interlocutoria que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. .... El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". Así como la jurisprudencia .....El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de una resolución interlocutoria que declaró infundado el recurso de revocación contra el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecinueve, por el que se tuvo por no aceptado ni protestado el cargo de perito para el desahogo de una prueba pericial, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Se itera, los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga sentencia definitiva favorable, o en su defecto, violación reclamable en amparo directo contra la sentencia definitiva que se emita en el juicio de origen, momento procesal en el cual podrá determinarse si la violación que alega afectó sus derechos fundamentales y la dejó sin defensa, supuesto previsto en la fracción III del artículo 179 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, a criterio de quien esto determina, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que a la letra se transcribe: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." La hipótesis normativa invocada en esencia se refiere a que cuando un acto de autoridad afecta a una persona y ésta no promueve el juicio de amparo dentro del plazo que la propia ley le concede se debe entender que se encuentra conforme con el mismo. A su vez, el primer párrafo del artículo transcrito, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra relacionado con los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que aducen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional -que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad en la contienda agraria-, no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Además, de la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, c) Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En la primera hipótesis, debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; la segunda hipótesis, contempla la falta de notificación, en la que, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado; y, la tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que el quejoso acude a esta instancia constitucional para reclamar la resolución interlocutoria de catorce de mayo de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad, misma que le fue notificada el once de junio de dos mil diecinueve, según se advierte de la manifestación asentada por el quejoso en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, a saber: ".EL ACUERDO que me causa agravio, me fue notificado por boletín laboral en fecha ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE." En ese sentido, se concluye que el promovente del amparo, tuvo conocimiento a partir de que fue notificado de la determinación que ahora combate, esto es, desde el once de junio de dos mil diecinueve. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos -conforme a la ley que rige el acto- la notificación de la resolución que combate, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto que reclama. Ahora, en el caso a estudio, se debe precisar que la ley que rige el acto lo es la Ley Agraria, misma que no contempla expresamente cuándo surten efectos las notificaciones realizadas, por tanto, se estima que ello ocurrió en el instante mismo de la notificación, por lo que el cómputo iniciará a partir del día siguiente al en que se notificó el acto. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 11/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Pagina 7, Libro 42, Tomo I, Mayo de 2017, Decimo Época, Materia Común, registro 2014199 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." De ahí que el plazo para impugnar la resolución reclamada transcurrió del doce de junio al dos de julio de dos mil diecinueve, con exclusión de los sábados y domingos por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el tres de los actuales, como se advierte del sello de recepción impuesto al oficio por el que la responsable remitió el escrito de demanda, su presentación resulta extemporánea conforme a la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la demanda de amparo se haya presentado ante la responsable el veintiocho de junio del año en curso, pues tal circunstancia no interrumpe el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para su presentación, tomando en consideración que el quejoso tenía conocimiento de la vía intentada, hecho que se deduce al haberse redactado el escrito inicial en términos del artículo 116 de la ley de la materia y haberse dirigido al Juez de Distrito en turno, pues es evidente y objetivo que la intención del impetrante no fue la de promover juicio de amparo en la vía directa, por lo que tal acontecimiento corresponde a una patente equivocación en cuanto a la presentación material de la demanda. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.17 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página: 793, Novena Época, con número de registro 187821, cuyo rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE FORMULÓ EN LA VÍA DIRECTA, SE DIRIGIÓ AL TRIBUNAL COLEGIADO Y SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO LEGAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ESTIMARSE OPORTUNA SU PROMOCIÓN, POR MÁS QUE SE HAYAN EXPRESADO EN ELLA LOS ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En tal supuesto no es válido estimar que la demanda respectiva es improcedente, aun cuando por la declaración de incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió de la autoridad responsable, se reciba en la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo para su promoción, pues en esta hipótesis debe considerarse que la intención del quejoso fue promover un juicio de amparo directo. Caso diverso sería aquel en el que la demanda se hubiere redactado en términos del artículo 116 de la ley de la materia y dirigido al Juez de Distrito en turno, pero presentado ante la autoridad responsable, en el que sería evidente y objetivo que la intención no fue la de promover el juicio de garantías en la vía directa, sino que existió una patente equivocación en cuanto a la presentación material de la demanda, que en esa hipótesis debió exhibirse ante la oficialía de partes del Juzgado de Distrito correspondiente. Sin que para tal conclusión sea óbice que en la demanda se hayan expresado los antecedentes de los actos reclamados, incluso bajo protesta de decir verdad, ya que no puede estimarse que por la expresión de tal requisito no exigido en el artículo 166 de la legislación de la materia, la intención fue la de promover el juicio en la vía indirecta. En efecto, no es dable al juzgador de garantías pretender desentrañar de la simple cita de antecedentes en la demanda de garantías, la intención de presentarla en la vía indirecta del amparo, pues sería injusto que por haberse señalado en demasía un capítulo de antecedentes que es propio de la demanda de amparo indirecto, según el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, se determinara que la intención fue promover un amparo indirecto. Además, porque es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que basta que la demanda de garantías se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito y se presente por conducto de la autoridad responsable para concluir que la intención del quejoso fue la de promover un juicio de amparo directo, sin que de la satisfacción de esos presupuestos pueda considerarse otro para llegar a una conclusión diversa, ya que al respecto no existe precepto alguno que permita establecer con base en indicios un criterio subjetivo, sino que el arbitrio que debe aplicarse ha de ser objetivo y, por ello, sustentarse en datos de la misma naturaleza, que no den lugar a interpretación alguna, como lo son la autoridad a la que se dirige la demanda y el lugar en el que se presenta; de otra manera, a pesar de que se cumplieran los requisitos para la promoción de una demanda de amparo directo, podría llegarse al injusto de considerar que se pretendió promover en la vía indirecta, cuando, además, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de garantías, el juzgador de amparo tiene, en su caso, la obligación de ordenar su regularización. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio del quejoso el precisado en su escrito de demanda. Autorizados. Dada la naturaleza del juicio, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas referidas por el quejoso. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano