Marco Antonio Flores Baraja
Expediente 1099/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Marco Antonio Flores Baraja
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-OAXACA.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita se le expida copia de todo lo actuado en este juicio de amparo por la razón que expone; al respecto, por tratarse de una autoridad ministerial, se autorizan las copias simples solicitadas. Asimismo, se precisa al referido representante social, que se encuentra en aptitud de señalar un usuario electrónico para que por ese medio, pueda consultar el expediente electrónico, en el que podrá descargar copia de la totalidad de constancias que obren en el mismo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por********************, autorizada de la parte quejosa en el presente asunto, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto de desechamiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés. Al respecto, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, y remítanse: 1) copias certificadas de este juicio de amparo; 2) original y copia del escrito por el que se formulan agravios; al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación. Notifíquese por lista electrónica y mediante oficio al AD QUEM.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la constancia de notificación que antecede, en la cual, el directo quejoso realiza diversa manifestación, misma que se tiene por hecha sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de quince de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por *************, autorizada de la parte quejosa, por conducto del cual, manifiesta que el expediente electrónico se encuentra incompleto, pues refiere no se encuentran algunas constancias que obran en el expediente físico, como son las siguientes: Constancia en la que el quejoso ratificó la demanda de amparo. Constancia en la que el quejoso desahogó la prevención formulada en autos. Acuerdo al que recae lo referente a la investigación del delito de tortura e incomunicación. Auto en el que se le tuvo como autorizada legal a la que suscribe el escrito de cuenta, manifestando que este órgano jurisdiccional ha sido omiso en acordar lo mencionado. Al respecto, dígasele a la promovente que contrario a lo que expone dichas constancias sí se encuentran en el expediente electrónico del presente juicio, como se advierte de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, concuerda fielmente con el expediente físico, ya que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado con cada promoción, auto y notificación, en términos del artículo 3, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, dígasele que en proveído de siete de noviembre del año en curso, se le tuvo como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídanse copia simple de las constancias que se solicitan, poniéndose a su disposición en el área de actuaría de este Juzgado, debiendo comparecer en días y horas hábiles, con documento oficial que lo identifique, para su entrega previa razón que al efecto se levante. Notifíquese vía usuario electrónico.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Escrito con folio de recepción 14092. Visto el escrito de cuenta, suscrito por ***, representante del quejoso ***, se tiene que manifiesta que en auto de once de noviembre del año en curso, este órgano le informó a la citada parte que fue admitida la demanda de amparo, y que se realizó la notificación del citado acuerdo el nueve de noviembre del presente año; además, que se formularon diversas prevenciones, sin embargo, señala que no ha sido notificada del citado acuerdo admisiorio en su carácter de representante, por lo que solicita que se realice la notificación del mismo. Al respecto, dígasele que en proveído de siete del actual, se radicó la demanda que promovió a favor del quejoso citado, auto en el cual, entre otros aspectos, se ordenó que el quejoso ratificara la demanda promovida a su favor, auto que se notificó el ocho de noviembre del año en curso (foja 16); sin embargo, la demanda de amparo no fue admitida, pues previo a ello era necesario que el quejoso la ratificara. Luego, en acuerdo de nueve de este mes, se tuvo a dicho quejoso ratificando la demanda, y previo a su análisis, se previno al directo quejoso para que precisara cuál es el acto que reclama en este juicio, de lo cual quedó notificado el catorce de noviembre actual. De ahí que, contrario a lo que señalo la promovente, la parte quejosa ha quedado debidamente notificada de los proveídos emitidos en este expediente, cuyas notificaciones han sido de carácter personal en el centro donde se encuentra interno, dada la naturaleza de tales determinaciones, en términos del artículo 26, fracción, inciso a), de la Ley de Amparo. Cumplimiento de prevención y causa de improcedencia. Ahora, vista la diligencia de notificación de catorce del mes en curso, se advierte que en atención a la prevención formulada en autos, el directo quejoso Marco Antonio Flores Barajas, manifestó lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad (sic) manifiesto que el ilegal traslado fue el 22 a 23 de Julio del año 2019" Por lo que es evidente que el acto que reclama en este juicio es el traslado que se llevó a cabo del veintidós al veintitrés de julio de dos mil diecinueve, al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", sin existir mandamiento judicial que autorizara el mismo. En ese sentido, analizado el acto reclamado, se advierte que resulta procedente el desechamiento de plano de la demanda de amparo, al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Ahora, del precepto en comento, se advierte que la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución o acto proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado. c) Que por virtud de ese medio, la resolución o acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que la suspensión del acto reclamado con motivo de la interposición del recurso, medio de defensa o juicio, tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, y no exija mayores requisitos ni plazos que los contemplados para el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. Así, una vez contrastado el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el primero de ellos se desprende de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, pues el acto reclamado es atribuido sólo a una autoridad administrativa, esto es, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca". En cuanto a la segunda y tercera hipótesis, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama, el traslado que se llevó a cabo del veintidós al veintitrés de julio de dos mil diecinueve, al Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", sin existir mandamiento judicial que autorizara el mismo. En esa tesitura, cabe precisar que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se complementó la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, ello a través del Juez de Ejecución; asimismo, la referida legislación contempla varios regímenes relacionados con las personas internadas en centros de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de pena. En ese sentido, es de concluir que tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento sea por prisión preventiva o ejecución de pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objeto, de acuerdo a la contradicción de tesis 57/2018, resuelta el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el siguiente: "Objeto. Del contenido del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad." Por otra parte, resulta necesario precisar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece una serie de mecanismos, a efecto de que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, resuelvan las controversias que se susciten, entre otras hipótesis, cuando se encuentren relacionadas con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con la orden de traslado o reubicación -actos reclamado en la presente instancia constitucional-. En efecto, los artículos 1, fracción II, 4, párrafo sexto, 5, 9, 25, 30, 50 a 53, 57, 116, 117, 120 a 125, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados o reubicación de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos antes mencionados, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado o reubicación de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto. Asimismo, respeto del traslado dicha legislación establece tres tipos y su procedimiento, a saber: Traslados voluntarios; Traslados involuntarios; y, Traslados urgentes (o excepcionales). 1) El traslado voluntario, se encuentra previsto en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; inicia a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2) El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado urgente o excepcional, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Aunado a lo anterior, el artículo 116, fracción I, en relación con el numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad y condiciones de internamiento o en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. Por tanto, previo acudir al juicio amparo, los quejosos deben agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra todo acto relacionado con las condiciones de internamiento, a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir dichos actos y que prevén la suspensión del acto combatido, el cual debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Máxime, que si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado y reubicación en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o actos que se reclaman. Además, debe precisarse que la suspensión del acto, prevista en los artículos 122 y 124 de la citada ley, no exige mayores requisitos para decretarla, ya que únicamente contemplan que el acto sea considerado urgente, y que la misma sea solicitada por el interno o se advierta de oficio por el juzgador, para que éste se pronuncie y mantenga su vigencia hasta el momento en que resuelva. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el traslado reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos fundamentales, respecto de la orden de traslado reclamada. Asimismo, es importante destacar que el traslado de los quejosos a diverso centro de reclusión, no se encuentran en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -dado que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en el capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En ese sentido, no pasa desapercibido que si bien en la demanda de amparo, el quejoso señaló ser objeto de tortura física y psíquica, así como encontrarse incomunicado; del análisis de la demanda se aprecia que tales actos son manifestaciones de inconformidad que realiza la promovente del amparo en cuanto a las condiciones de internamiento en las que se encuentra el directo quejoso, la cuales derivan propiamente del traslado que reclama en este juicio, tales como no poder ver a su hijo, dado que habita en el Estado de México, y no contar con la solvencia económica para poder visitarlo, así como que no han permitido ingresar al centro de reclusión a su pareja sentimental; además de referir que se encuentra en una celda con poca iluminación y esposado, con una cobija rota. Sin embargo, todas estas condiciones de internamiento referidas, como se precisó, son materia de la referida controversia judicial ante el jue de ejecución, prevista por el artículo 116, fracción I, en relación con el numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aunado a que, también los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la referida ley, establecen un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura de reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio de las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2023190, Undécima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506, del tenor siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Asimismo, es necesario indicar que no se oponen a la decisión adoptada, los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Nación, que a continuación se detallan: Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), visible en la página 800 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro electrónico 2003323, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO." Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), consultable en la página 824 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materias Constitucional y Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2006256, intitulada: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), que obra en la página 247 del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2010596, del título siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA." Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), que aparece en la página 865 del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2013066, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Pues de su lectura, como primer aspecto relevante a destacar, se advierte que fueron emitidas, tomando como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, en la que, como quedó indicado en los párrafos anteriores, se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselas a la autoridad judicial; lo que conlleva a que las autoridades administrativas ya no tengan competencia propia para ordenar los traslados, sino que éstos deben ser autorizados por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se estaría frente a actos emitidos fuera de procedimiento judicial. Circunstancia que se materializó con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que de su contenido, como también quedó reseñado en los párrafos anteriores, se aprecia la creación de un procedimiento judicial para autorizar, controlar y verificar la legalidad de los traslados, destacando de éste que la regla general es la autorización judicial previa en esos actos, y excepcionalmente en casos urgentes, esa autorización será posterior, esto es, que la autoridad administrativa ordenará y ejecutará el traslado para posteriormente solicitar a la autoridad judicial su validación, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa; además de prever la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial para combatir ese traslado. Por otro lado, debe señalarse, que los criterios reseñados atienden a situaciones anteriores a la entrada en vigor de la legislación de ejecución penal en comento, donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial, en donde, ante la falta de normatividad especial sobre la materia, se consideró pertinente la procedencia del juicio de amparo para controlar la constitucionalidad de tales actos. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) haya sido publicada con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación especial, esto es, en noviembre de dos mil dieciséis, ya que de la lectura de los razonamientos expuestos al resolver la Contradicción de tesis 154/2016, que dio origen a dicho criterio, no se aprecia que los mismos hayan dirimido una problemática atendiendo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino a una cuestión que surgió con anterioridad a la vigencia de ésta. Adicionalmente, debe expresarse que tampoco se opone a lo anterior, el hecho de que con base en los criterios antes reseñados y el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se haya considerado a la orden de traslado como un acto emitido fuera de procedimiento judicial. Pues como quedó señalado, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cambió la naturaleza del referido acto reclamado, y a consideración de este juzgador, no actualiza ninguna de las hipótesis contempladas en el mencionado precepto para que se considere como asunto urgente, y por ende, se provea a su inmediata tramitación. Máxime que el numeral 48 del Acuerdo en cita, constituye una disposición de carácter administrativo que regula el actuar de los servidores públicos adscritos a las oficinas de correspondencia común, por lo que la calificación de un asunto como urgente para su turno, sólo tiene como efecto su atención oportuna; pero no restringe ni influye en el trámite legal que le corresponde conforme a la facultad de análisis jurídico exclusiva de los órganos jurisdiccionales. En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión de los ahora quejosos; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Resta decir que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en los términos aquí planteados, el recurso de queja**/2020 Notifíquese personalmente al directo quejoso y vía electrónica a **********, como promovente y representante del quejoso.
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