Marco Antonio Estrada Zavala
Expediente 1927/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1927/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/04/2018
Partes del expediente
- Marco Antonio Estrada Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los oficios y anexos (fojas 112 a 113 y 118 a 119) enviados por el Presidente Suplente y el Director General del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informaron que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de garantías. En ese sentido, mediante proveído de nueve de marzo de la presente anualidadse dio vista al promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó al aludido accionante de garantías el quince de marzo del año actual, notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dicha parte, para que expresara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector, transcurrió como se indica en la certificación que antecede; sin que en dicho término se realizara manifestación respecto del cumplimiento al fallo protector concedido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, por sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Marco Antonio Estrada Zavala, para el efecto de que: "(.) las autoridades responsables destacadas en el considerando cuarto, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del numeral 19, fracción I inciso b) de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma; por ende, las autoridades responsables ejecutoras Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el oficio reclamado FP/2263/2017, de septiembre de dos mil diecisiete; y a su vez , emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala el precepto reclamado para el caso de las mujeres. Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 75 a 76). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consistían en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales de referencia y dejar insubsistente el oficio reclamado FP/2263/2017, de septiembre de dos mil diecisiete y emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala el precepto reclamado para el caso de las mujeres. Luego, mediante oficios y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el quince de febrero (fojas 102 a 105), el ocho de marzo (fojas 112 a 113) y trece de marzo (fojas 118 a 119) del presente año, las autoridades responsables le notificaron al quejoso que se le había desincorporado de su esfera jurídica los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales; así también, que se dejó sin efectos el oficio reclamado FP/2263/2017, de septiembre de dos mil diecisiete y remitió copia certificada y simple, respectivamente del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, el cual se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de ******************** violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los oficios y anexos (fojas 112 a 113 y 118 a 119) enviados por el Presidente Suplente y el Director General del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informaron que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de garantías. En ese sentido, mediante proveído de nueve de marzo de la presente anualidadse dio vista al promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó al aludido accionante de garantías el quince de marzo del año actual, notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dicha parte, para que expresara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector, transcurrió como se indica en la certificación que antecede; sin que en dicho término se realizara manifestación respecto del cumplimiento al fallo protector concedido. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, por sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Marco Antonio Estrada Zavala, para el efecto de que: "(.) las autoridades responsables destacadas en el considerando cuarto, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del numeral 19, fracción I inciso b) de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la misma; por ende, las autoridades responsables ejecutoras Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el oficio reclamado FP/2263/2017, de septiembre de dos mil diecisiete; y a su vez , emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala el precepto reclamado para el caso de las mujeres. Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 75 a 76). De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consistían en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales de referencia y dejar insubsistente el oficio reclamado FP/2263/2017, de septiembre de dos mil diecisiete y emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala el precepto reclamado para el caso de las mujeres. Luego, mediante oficios y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el quince de febrero (fojas 102 a 105), el ocho de marzo (fojas 112 a 113) y trece de marzo (fojas 118 a 119) del presente año, las autoridades responsables le notificaron al quejoso que se le había desincorporado de su esfera jurídica los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales; así también, que se dejó sin efectos el oficio reclamado FP/2263/2017, de septiembre de dos mil diecisiete y remitió copia certificada y simple, respectivamente del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, el cual se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. De ahí, que resulte evidente que se ha restituido al aludido promovente del amparo en el goce de ******************** violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que resulte necesario realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual realiza manifestaciones respecto al cumplimiento a la sentencia de amparo; luego entonces, sin mayor acuerdo agréguese el mismo a los presentes autos, toda vez que mediante proveído de nueve de marzo del presente año (foja 114), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando haber dado cumplido el fallo protector y con ello, se dio vista a la parte quejosa, para su conocimiento y efectos legales a los que haya lugar.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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