Marco Antonio Esquivel Cruz
Expediente 72/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 72/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Marco Antonio Esquivel Cruz
Actuaciones
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, mediante el cual transcribe acuerdo y acusa recibo del oficio 2901/2019-II.1 de este índice, mediante el cual se le envió copia certificada de la resolución pronunciada el seis de febrero de dos mil diecinueve.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud que de la certificación que antecede se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el desechamiento de seis de febrero de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la ley de amparo, en relación 356, fracción II, del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la ley de amparo, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por la autoridad responsable magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, consistentes en un tomo del toca 597/2018-F; dos tomos expediente F2832/2017, así como un sobre cerrado que contiene diversas documentales, se ordena devolverlos a la autoridad mencionada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al cual adjuntó el original de la demanda de amparo promovida por ***, con dos copias de la misma; oficios 230 y 254 en copias certificadas; boleta de turno; dos escritos; oficio JOFAC/9911/2018 y constancia de emplazamiento; toca original 597/2018-F; original del expediente F-2832/2017 en dos tomos; y, un sobre cerrado con documentos. Acúsese recibo. Se ordena formar tres tomos de pruebas con los expedientes referidos en el párrafo que antecede. Hágase del conocimiento de la superioridad declinante que en este juzgado federal acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de cuenta. Por ende, téngase por recibida la demanda de amparo signada por ***, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, residente en dicha ciudad; fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 72/2019-II.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo, se estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, textualmente dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, el acto reclamado es el siguiente: SENTENCIA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA SÉPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DENTRO DEL TOCA 597/2018, MEDIANTE EL CUAL RESOLVIÓ EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MI MANDATARIA JUDICIAL LIC.*** EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA DENTRO DEL JUICIO ORAL ORDINARIO F 2832/2018, PRONUNCIADA POR EL JUEZ DE PARTIDO ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR DE CELAYA, GUANAJUATO. De los tomos del juicio oral ordinario y toca que se anexan, se advierte que ***, demandó en la vía ordinaria civil a ***, el divorcio necesario; así como diversas prestaciones ante el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Celaya, Guanajuato; y, que en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el expediente F2832/2017, en la que resolvió: PRIMERO.- Este Tribunal resultó competente para instruir y definir esta controversia. SEGUNDO. Fue procedente la vía oral ordinaria abordada por la parte actora. TERCERO. En aplicación ex officio de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos, se DECRETA la disolución de vínculo matrimonial que une ***, recobrando ambos cónyuges su entera capacidad para contraer nuevas nupcias. Lo anterior (sic) del considerando tercero de la presente resolución. CUARTO. De acuerdo con lo definido en el considerando CUARTO, se CONDENA a ***, al pago de pensión alimenticia a favor de la actora ***, en un 20% veinte por ciento del total de sus percepciones, tanto ordinarias como extraordinarias, menos deducciones de ley, que obtiene con motivo de su empleo; para lo cual una vez que la presente resolución Cause Estado, se ordenará girar el oficio dirigido a la Fuente Laboral del deudor alimentista, para los efectos de determinar que el descuento será en calidad de alimentos definitivos. QUINTO. Se CONDENA a *** por concepto de compensación indemnizatoria a favor de ***, al 50% cincuenta por ciento del valor de los bienes adquirido dentro de la vigencia del matrimonio, ello en términos del considerando quinto de la presente resolución. SEXTO. No se hace condena especial en costas en términos del considerando sexto. Inconforme con dicha resolución *** interpuso recurso de apelación, tocando conocer de dicho medio de impugnación a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; medio extraordinario de defensa el cual quedó registrado bajo el número de toca 597/2018-F; y el trece de noviembre del año dos mil dieciocho, se dictó resolución en la que el magistrado responsable resolvió dejar insubsistente la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, para el efecto únicamente por lo que hace a las prestaciones diversas al divorcio. Una revisión a los agravios del apelante permiten advertir que no están relacionados con la disolución del vínculo matrimonial que fue decretado por el juez aquo, sino con el resto de las prestaciones que se reclamaron, es decir, el pago de pensión alimenticia a favor de la actora ***, en un 20% del total de sus percepciones, tanto ordinarias como extraordinarias, menos deducciones de ley, que obtiene con motivo de su empleo; asimismo, se condena el pago por concepto de compensación indemnizatoria a favor de la actora, al 50% del valor de los bienes adquiridos dentro de la vigencia del matrimonio. En la sentencia que recae al recuro que es donde deriva el acto reclamado, el magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó intocado el punto que no fue controvertido por el incoforme, es decir, la disolución del vínculo matrimonial de ***; y, acogiendo uno de los agravios que le fue formulado por el hoy quejoso, ordena reponer el procedimiento para que se determine el grado de discapacidad de ***, como al efecto se pude apreciar en la resolución siguiente: Por lo tanto, esta Alzada considera dejar sin efectos la sentencia recurrida, pero únicamente en lo que hace a las prestaciones diversas al divorcio, ante la necesidad de la reposición del procedimiento para que de manera oficiosa, el a quo recabe la prueba pericial en medicina del trabajo que permita establecer con certeza el estado de invalidez y en su caso, grado de incapacidad de ***, ya que dependerá del grado de discapacidad que la persona presente la determinación de la imposibilidad total o parcial para proporcionarse los medios suficientes para subsistir; consecuentemente y acorde a ese estado de necesidad, se podrá realizar pronunciamiento con relación al derecho a recibir alimentos por quien tenga la obligación de hacerlo. Tal determinación implica que el tribunal de alzada, a través de la reposición en comento, no dejó insubsistente actuaciones que inciden o que afectan derechos sustantivos del quejoso ***, sino que tiene los alcances dicha reposición de que se recaben pruebas con el objeto de conocer el grado de discapacidad que ***, presenta para proporcionarse total o parcialmente medios suficientes para subsistir; hecho lo cual el juez podrá determinar el pronunciamiento relativo al derecho a recibir alimentos por quien tenga la obligación de hacerlo. De todo lo antes resaltado, se desprende que el acto reclamado no se trata de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, aplicado en forma contraria, para la procedencia del juicio de amparo por la vía biinstancial, pues no afecta derechos sustantivos, sino únicamente produce efectos intraprocesales, los cuales, en su caso, se traducen en violaciones a derechos de carácter adjetivo o procesal que pondrán ser alegadas y reparadas en un momento distinto, es decir, en sentencia, o bien, a través del fallo que se emita en contra del recurso que contra aquella llegue a promover la parte que se sienta afectada. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis II.1o.C.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 2075, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. También es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis de Jurisprudencia número IV.2°J/13, visible en la página 538, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial. Y la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo IV, Primera Parte, Tesis 3ª./J 43 29/89, en la página 291, la cual es del tenor siguiente: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En la inteligencia de que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley, que a la letra dice: SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida, por actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia analizado. Ahora bien, en razón de que la parte quejosa señala los estrados para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente (por conducto de su autorizado), por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. Se tiene como autorizados del accionista constitucional a los licenciados ***, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y a ***, en términos restringidos del citado numeral por no tener registrada su cédula en la referida base de datos.
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