Marco Antonio Espinoza Inzunza

Expediente 282/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
282/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Marco Antonio Espinoza Inzunza

Actuaciones

  1. Principal

    Se ordena el archivo del presente expediente y es susceptible de depuración y destrucción.-

  2. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo.

  3. Principal

    I. Promovente. Visto el escrito de demanda signado por Marco Antonio Espinoza Inzunza; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Desechamiento. De la demanda en estudio se observa que el quejoso reclama de la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, de esta ciudad, la omisión de acordar y notificar el escrito de contestación de demanda presentado por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y oficio de comparecencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, dentro del término establecido en los artículos 45 y 62 de la Ley de Justicia, en el juicio de nulidad 176/2019-III, no obstante que transcurrió el plazo de quince días para contestar la demanda admitida el trece de febrero de dos mil diecinueve. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta a desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las anteriores normas legales (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de garantías es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Entonces el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que solo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En el caso concreto, la omisión de la autoridad responsable Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, de esta ciudad, de acordar y notificar el escrito de contestación de demanda presentado por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y oficio de comparecencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, dentro del término establecido en los artículos 45 y 62 de la Ley de Justicia, en el juicio de nulidad 176/2019-III, no obstante que transcurrió el plazo de quince días para contestar la demanda admitida el trece de febrero de dos mil diecinueve, no puede considerarse acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Sin embargo, no se está en el supuesto de dilación excesiva, virtud que el juicio de nulidad se admitió el trece de febrero del año en curso, luego se concedió a la parte demanda el término de quince días establecido por el artículo 62 de la Ley de Justicia Administrativa para contestar la demanda, por lo que no transcurre dilación excesiva a partir de la fecha en la que concluyó el plazo otorgado para dar contestación (seis de marzo de dos mil diecinueve, al considerar como inicio el día siguiente a la admisión de demanda). Es decir, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Por tanto, la determinación que se impugna no es de aquéllas que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no causa agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ello, aunado a que la solicitud ante la autoridad responsable fue realizada el quince del mes y año en curso, como lo adujo la parte quejosa en su propio escrito de demanda, por lo que no existe abierta dilación del procedimiento o su paralización total; luego, el presente juicio de garantías resulta improcedente. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2011580, visible a página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Así como, de manera ilustrativa, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, registro 2019400, Materia(s): (Común, Laboral), Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, señaló: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En las relacionadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. III. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio procesal el que se refiere en el escrito de cuenta, y autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Adolfo Guillermo Hach Delgado, Claudia López Navarrete y Javier Isaac Calderón Félix; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al licenciado Jesús Fernando Domínguez García, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se autoriza la utilización y consulta del expediente electrónico a la parte quejosa por conducto de su autorizado, en el entendido que la clave de su autorizado es "CALDERÓN". Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Asimismo, se autoriza el empleo de lector óptico, fotográfico y escáner para copiar o reproducir actuaciones del presente juicio de amparo, ante presencia del personal de este juzgado.

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