Marco Antonio Espinosa Arguello
Expediente 56/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/01/2022
Partes del expediente
- Marco Antonio Espinosa Arguello
Actuaciones
- Principal
Incorpórese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Comitán y Primer Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual rinde su informe de suspensión de plano, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de diecinueve de enero del año en curso, se tuvo por rendido el mismo. V
- Principal
Incorpórese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Primero y Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual rinde su informe de suspensión de plano, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de diecinueve de enero del año en curso, se tuvo por rendido el mismo. Por otro lado, súmese a los autos el diverso comunicado firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del comunicado 861/2022 de nuestro índice, en el que le fue remitido el original del juicio de amparo 56/2022. Además, comunica que aceptó la competencia y asumió el conocimiento del citado juicio de amparo. En tal virtud, comuníquese mediante oficio el presente proveído a las autoridades responsables, por las que se concedió la suspensión de plano en el presente asunto; así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, hágase las anotaciones en el libro de registro y en la estadística correspondiente, y toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente cuaderno auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos para que obren como correspondan, las comunicaciones recibidas en el correo electrónico institucional a las cuales se le adjuntaron los archivos que contienen los oficios suscritos respectivamente por la 1) Jueza Segundo Civil del Distrito Judicial de Comitán y Primer Secretario de Acuerdos adscrito a dicho Juzgado, y por el 2) Fiscal del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Primero y Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, ambos con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, por medio del cual rinden su informe de suspensión de plano; con su contenido, dése vista a las partes, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, no pasa desapercibido el hecho de que el Fiscal oficiante en su informe de cuenta se advierte que lo rinde con el nombre de ***, en representación de los menores de iniciales ***; cuando lo correcto es, ***, por lo que se llega a la convicción de que el oficiante incurrió en un error mecanográfico, de ahí que resulte necesario mandar a aclarar su informe de suspensión de plano. En tal virtud, se tienen por rendidos los informes de suspensión de plano, antes aludidos, solicitados a través de los oficios 6/2022, 7/2022 y 8/2022.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Espinosa Arguello, por propio derecho y en representación de las menores de iniciales V.M.E.V. y A.E.E.V., contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 56/2022. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que, aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifiquen la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. Considerando que los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, con entrada en vigor el veintidós de junio pasado, se desprende que los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado de forma relacionada, cuando al capturar los datos de registro del asunto, el referido sistema arroje un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, por lo que se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. De igual modo, establecen que es criterio general de relación que un asunto de nuevo ingreso se turne a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en éste un antecedente que hace procedente la vinculación cuando el juicio de amparo directo o indirecto sea promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, respecto del cual otro órgano jurisdiccional haya conocido de diverso juicio promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; asimismo, cuando la demanda se promueva respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En el caso, el promovente del amparo precisó como acto reclamado la violación al artículo 22 Constitucional, al realizar tortura y tormento psicológico a Marco Antonio Espinosa Arguello, y a los menores de iniciales V.M.E.V. y A.E.E.V, derivado al negar fijar medida cautelar, providencia precautoria y/o nombrar interventor provisional y secuestro judicial en la masa hereditaria del de cujus Víctor Manuel Albores Guillen, amparado en el testamento bajo la escritura pública 48196 (cuarenta y ocho mil ciento noventa y seis) volumen 536 (quinientos treinta y seis) de veintiséis de septiembre de dos mil catorce ante la fe del licenciado Vicente Gerardo Pensamiento Maldonado, Notario Público 20 (veinte) del Estado de Chiapas, esto por cuanto a los menores revisten la calidad de herederos sustitutos, en autos de la sucesión testamentaria del finado Víctor Manuel Albores Guillen, radicado en el expediente 53/2021 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. Así como, la omisión de salvaguardar el interés superior de los menores de iniciales V.M.E.V. y A.E.E.V. al consentir directamente la pasividad de las autoridades responsables ordenadoras de emitir pronunciamiento en cuanto al negar fijar medida cautelar, providencia precautoria y/o nombrar interventor provisional y secuestro judicial en la masa hereditaria de la sucesión testamentaria antes precisada. En su narración de antecedentes, expone, entre otras cosas, que se tramita el juicio 530/2021, del Juicio Sucesorio Testamentario a bienes del cujus Víctor Manuel Albores Guillen, del índice de Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, denunciado por Rolando Briones Rodríguez, en el que dio a conocer la existencia del Testamento Publico Abierto del extinto Víctor Manuel Albores Guillen amparado bajo la escritura pública número 48196 (cuarenta y ocho mil ciento noventa y seis) Volumen Numero 536 Quinientos Treinta y Seis, de fecha veintiséis de septiembre del dos mil catorce, ante la fe del Licenciado Vicente Gerardo Pensamiento Maldonado, Notario Público Número Veinte del Estado de Chiapas. Asimismo, expuso que la sucesión testamentaria a nombre de Newlson Briones Rodríguez, fue denunciado por la Edith Briones Rodríguez, por lo cual fue radicado en el Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia de la Ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, bajo el expediente 545/2020. De igual forma, mediante auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, la Jueza Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, ordenó la acumulación de los expedientes 545/2020 al 530/2021. Por otra parte, el promovente del amparo manifestó que derivado de los intereses de los menores involucrados en el presente, promovió el diverso juicio de amparo 557/2021 del índice del Jugado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Así, de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que el quejoso Marco Antonio Espinosa Arguello, por propio derecho y en representación de las menores de iniciales V.M.E.V. y A.E.E.V., efectivamente promovió el diverso juicio de amparo 557/2021, de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en el que precisó como acto reclamado la violación al 22 Constitucional al realizar tortura y tormento psicológico del suscrito y menores de iniciales V. M. E. V. y A. E. E. V., al negar fijar medida cautelar, providencia precautoria y/o nombrar interventor provisional y secuestro judicial a la mesa hereditaria del testamento público abierto del extinto Newlson Briones Rodríguez, amparado bajo la escritura pública número 53974, Volumen número 606, de diecisiete de junio de dos mil veinte, a pesar de tener acreditado el detrimento que existe en autos del expediente 545/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Comitán, Chiapas. Lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sin que sea el caso ordenar glosar al presente expediente, copia certificada de la citada información, en razón de lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página diez, décima época, de rubro y texto, siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, se observa que los actos aquí reclamados, derivan del juicio 530/2021 el cual está acumulado al juicio 530/2021 del cual derivan los actos reclamados en el diverso juicio de amparo 557/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, promovido por el mismo quejoso Marco Antonio Espinosa Arguello, por propio derecho y en representación de las menores de iniciales V.M.E.V. y A.E.E.V. En ese contexto, el suscrito estima que en la especie se cumplen los requisitos establecidos en los dispositivos los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y V, del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince, mismo que entró en vigor el veintidós de junio del mismo año, pues el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; conoció previamente del juicio de amparo 557/2021, de su índice, en el cual precisó como acto la violación al 22 Constitucional al realizar tortura y tormento psicológico del suscrito y menores de iniciales V. M. E. V. y A. E. E. V., al negar fijar medida cautelar, providencia precautoria y/o nombrar interventor provisional y secuestro judicial a la mesa hereditaria del testamento público abierto del extinto Newlson Briones Rodríguez, amparado bajo la escritura pública número 53974, Volumen número 606, de diecisiete de junio de dos mil veinte, a pesar de tener acreditado el detrimento que existe en autos del expediente 545/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Comitán, Chiapas. Por tanto, si bien este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, con el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; no puede pasar inadvertido que la aplicación del acuerdo general de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo. Sostiene lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 46/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, marzo de dos mil once, página 585, novena época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio." Así como, la jurisprudencia 2a./J. 194/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, página 233, novena época, del contenido siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES. El Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y se instaura nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, establece que, previo a la asignación aleatoria del asunto, los jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificarán si debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse, entre otros, en el supuesto del inciso b) de dicho artículo, esto es, cuando se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía. Ahora bien, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver un asunto, conoce previamente de hechos o antecedentes iguales a los de otro, tal conocimiento debe aprovecharse para determinar la competencia a efecto de conocer del asunto posterior derivado de aquéllos y evitar posibles sentencias contradictorias, sin que sea óbice que el supuesto del aludido inciso b) únicamente se refiera a cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía, y que en el supuesto indicado no se trate de un recurso de revisión, queja o reclamación, sino de un asunto jurisdiccional nuevo, pues dicho inciso debe interpretarse en un sentido amplio, es decir, por mayoría de razón, por lo que si procede el turno del asunto por conocimiento previo de un recurso, con mayor razón por conocimiento previo de hechos o antecedentes comunes, pues así se evita el dictado de sentencias contradictorias." En esas condiciones, remítase al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el original del juicio de amparo 56/2022, previo cuadernillo de antecedentes que se forme, así como las copias exhibidas de la demanda de amparo, para que el Juez competente provea lo que en derecho corresponda; solicitándole que en caso de no existir inconveniente alguno, comunique respecto de la aceptación o no de la competencia planteada y acuse el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, resérvese proveer sobre la admisión la demanda de amparo una vez que se acepte la competencia por turno planteada en este proveído. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, no obstante que la demanda de amparo no es clara y la competencia de su conocimiento corresponde a un diverso órgano jurisdiccional, sin embargo, de su lectura se advierte que el promovente del amparo señala que se realiza tortura y tormento psicológico al promovente y a los menores que representa. Asimismo, es importante precisar que, la solicitud de la medida suspensional la realiza el impetrante con fundamento en los artículos 125, 127, 128 y 138 de la Ley de Amparo; por tanto, queda claro el propósito de ubicar la petición en el supuesto suspensional que se decreta sólo a petición de la parte quejosa; no obstante, por el hecho de invocar la violación al artículo 22 de la Constitución Federal, así como la tortura y tormento psicológico al promovente y a los menores que representa, se torna necesario atender dicho aspecto de la demanda, por su relevancia, desde la perspectiva de la suspensión de plano, a fin de dejar definida esa cuestión, considerada por el espíritu de la ley de la materia, como de imperioso pronunciamiento, al margen del sentido que se adopte sobe la misma y del curso que tome el asunto, que como se ha visto, su conocimiento corresponde a diverso Juzgado de Distrito. En ese orden, acorde al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, establecido en la jurisprudencia 1a./J.25/2018 (10a.), la cual es obligatoria para este juzgado, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, o bien, como acontece en la especie, se declina el conocimiento del asunto a diverso Juzgado de Distrito; el órgano de control constitucional debe otorgar la suspensión de oficio y de plano en el propio auto en el que expresa su decisión no admisoria, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de septiembre de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2017844, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido." Bajo ese contexto, con independencia de que el peticionario de amparo no precisa los actos que de manera específica atribuye a las autoridades responsables y que significan la tortura psicológica e incomunicación que aduce, en tanto se refiere a ello de manera abstracta, más como un efecto del proceder de ellas, que como una actuación específica, el juzgador debe analizar con especial cuidado la totalidad de las manifestaciones formuladas por el promovente en su demanda, con el objeto de advertir si se está o no en alguno de los supuestos de los numerales 15 de la Ley de Amparo o 22 constitucional, recordando que al narrarse los hechos "bajo protesta de decir verdad", como se exige en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, implica que por lo menos en la fase inicial las manifestaciones expuestas por la parte quejosa se consideran ciertas. Es decir, al satisfacción de ese requisito (108, fracción V) crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado; y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de la falsedad de su dicho o de la omisión de datos que debe aportar. En lo conducente, es aplicable la tesis I.15o.A.28 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2613, registro digital 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Por tanto, si bien en el caso concreto no se ha admitido la demanda, atendiendo a los actos que refiere la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los actos que posiblemente reclama consistentes exclusivamente en tormento y tortura psicológica, así como cualquiera de los previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que sea objeto el quejoso Marco Antonio Espinosa Arguello, así como los menores de iniciales V.M.E.V. y A.E.E.V., para el único efecto de que las autoridades responsables cesen los actos de tortura o tormento de cualquier tipo, eviten que se ejecuten o que se sigan ejecutando dichos actos que puedan significar la tortura o tormento de cualquier tipo, es decir, realicen todas las medidas que estén a su alcance para evitar que se generen daños a la salud mental o física de la parte quejosa, que puedan significar tortura o tormento de cualquier tipo. Sin que la medida cautelar de manera alguna tenga efectos sobre las cuestiones procesales del juicio de origen, sino que únicamente se limita a la protección de la integridad física y emocional de la parte quejosa. Dicha medida cautelar, surtirá sus efectos de inmediato, sin necesidad de fijar garantía, toda vez que no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que queden notificadas del presente proveído, informen respecto de la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión, agregando copia certificada de las constancias relativas. Comuníquese a las autoridades responsables que la violación de este mandato es sancionable con pena de hasta nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación. Además, se precisa a las autoridades responsables que en caso de no recibir el oficio o comunicaciones que les sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables por falta de cumplimiento de la resolución que contengan, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se imponga multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el numeral 245 de la Ley de Amparo. En el entendido que, dada la exhortación a las partes para tramitar el juicio en línea, las autoridades responsables deberán remitir su informe y constancias respectivas preferentemente al expediente en línea, haciendo uso de su firma electrónica, con la finalidad de evitar al máximo la entrega de oficios de manera personal de acuerdo a las medidas establecidas para evitar el contagio y propagación del virus COVID-19. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que informen su dirección de correo electrónico institucional, a fin que en su caso, este juzgado esté en condiciones de remitirles comunicaciones en esa vía y, de así estimarlo, en caso de no ser posible la remisión de sus comunicados vía "juicio en línea", podrán enviar sus informes y constancias respectivas vía correo electrónico (e-mail) a la dirección 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, previa llamada telefónica con el Secretario de guardia, para corroborar que fueron recibidos. Además, únicamente de no ser posible el envío de los informes de manera electrónica, podrán remitirlos físicamente a este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ubicado en boulevard Ángel Albino Corzo número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040, atendiendo las medidas necesarias para evitar el contagio y propagación del virus COVID-19, previa comunicación telefónica con el Secretario de guardia, para programar su recepción. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (según el AG 21/2020, de lunes a viernes de las 13:00 a las 18:00 horas). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ismael Rodríguez Ramírez, Fabián Bravo Perea, Juan Carlos Gómez Méndez y Agustín Díaz García, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, la parte quejosa señaló domicilio, fuera de la jurisdicción de este juzgado, esto es, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; sin embargo, señaló el usuario "ISmaRR1905", el cual está registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por tanto, dado el estado de contingencia sanitaria derivada de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, así como, para dar celeridad a las notificaciones en el presente juicio de amparo, se ordena por única ocasión la notificación del presente proveído vía electrónica. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto al usuario "ISmaRR1905" que menciona, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En relación a su solicitud, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico. De igual forma, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que, en la medida de lo posible, realice las notificaciones respectivas a las autoridades responsables, si llegaran a darse, por los medios electrónicos a su alcance, con la finalidad de cumplir con las medidas establecidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2 y en ese caso, deberá remitir los archivos correspondientes a las autoridades en formato PDF, a fin de evitar su modificación. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal (si fueran necesarias), la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que, en su caso, el envío de los telegramas respectivos se deberá realizar a la par de los oficios por medios electrónicos para mayor celeridad del asunto y el Actuario adscrito se deberá asegurar de que sean recibidos y se acuse recibo de los mismos. Asimismo, se instruye a los Secretarios de guardia y de la mesa de trámite respectiva, a fin de que verifiquen que las comunicaciones ordenadas en el presente acuerdo sean enviadas correctamente, así como se mantengan pendientes de su debida diligenciación; en el entendido que si advierten cuestión que no admita demora, deberán dar nueva cuenta de inmediato. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza al Secretario y/o Actuario para que de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. COMPENSACIÓN En términos de la Circular DGGJ/0007/2020, en la cual, con motivo al oficio CE./003/1921/2020, emitido por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se hizo saber el punto de acuerdo relativo a los lineamientos para el registro y turno de los asuntos con motivo de la reanudación de actividades a distancia, de las Oficinas de Correspondencia Común a partir del 16 de junio para que realicen el turno de los asuntos nuevos recibidos a través del Portal de Servicios en Línea, considerando la compensación de cargas de trabajo, hágase saber por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, la recepción del presente asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Yadira Moreno Alonso, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 9,303 expedientes
- Marco Antonio Anza Perez1866/2022
- Marco Antonio Arevalo Grajales902/2021
- Marco Antonio Cruz Clemente610/2020
- Marco Antonio Cruz Clemente1222/2019
- Marco Antonio Cruz Cruz1065/2021
- Marco Antonio de Jesus Leep Chanona1643/2022
- Marco Antonio García Caballero1362/2019
- Marco Antonio Garcia Laparra588/2020
- Marco Antonio Gomez Jimenez548/2020
- Marco Antonio Gomez Perez575/2020
- Marco Antonio Gomez Perez574/2020
- Marco Antonio Gómez Pérez1492/2019