Marco Antonio Esparza Montalvo
Expediente 966/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marco Antonio Esparza Montalvo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del dos al trece de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de veintidós de junio del presente año, dictada por este juzgado dentro del juicio de amparo 966/2018. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; Que no existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. De igual forma, se hace constar que sí se tramitó incidente de suspensión, que no se exhibió billete o alguna otra garantía sobre la cual deba proveerse y que no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del mencionado acuerdo, se determina que el expediente original del incidente de suspensión relativo al expediente principal en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
En veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con folio 13433. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Mauricio Chávez Ortiz autorizada en términos del artículo 12 de la ley de amparo del quejoso, en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se autoriza la copia certificada que solicita, previa toma de razón que por su transferencia y recibo se asiente en autos. En lo relativo a la reproducción de la resolución definitiva en unidad de almacenamiento USB, en formato con extensión .doc, hágasele de su conocimiento que al tratarse de una solicitud a través de medios electrónicos, deberá presentar su petición vía plataforma nacional de transparencia, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de remitir por correo electrónico la resolución que alude, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicho medio de información no da la certeza jurídica de una resolución judicial extraída de su original. Notifíquese. Lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 966/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Marco Antonio Esparza Montalvo demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ayuntamiento de Zacatecas; y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas; Actos reclamados: Del Ayuntamiento de Zacatecas: "La orden para que se obstruyera el acceso a mi propiedad. Debo añadir que, esta orden no la tengo en mi poder porque no fui citado, ni notificado en ninguna forma de que se había instruido procedimiento administrativo que concluyó con la emisión de una orden para privarme del acceso a un bien inmueble de mi propiedad. Tengo conocimiento de que existe una orden para la construcción de una jardinera que obstruye el paso a un bien inmueble de mi propiedad por el dicho de la señora Karen Paola Salazar Ruedas, quien en fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho se presentó en mi domicilio, y a mi cónyuge le expuso que tenía una orden para construir la jardinera, en el acceso que da al bien inmueble de mi propiedad que se encuentra en Plazuela de San Agustín número ciento dos, en el Fraccionamiento San Francisco de Herrera, en la cabecera municipal de Zacatecas.". Del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas: "La orden de construir una jardinera en el paso que da acceso a un bien inmueble de mi propiedad. Como he explicado no fui notificada en ninguna forma por parte de la autoridad, no he sido citado a ningún juicio en el que se me permitiera exponer mis pruebas y alegatos. Tengo conocimiento de que se expidió esta orden por versión de la señora Karen Paola Salazar Ruedas, quien en fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, se presentó en mi domicilio, y fue atendida por mi cónyuge, a quien le dijo que disponía de una orden para que con albañiles que ella había contratado iba a excavar y construir una jardinera en el acceso que da al bien inmueble de mi propiedad que se encuentra en Plazuela de San Agustín número ciento dos, en el Fraccionamiento San Francisco de Herrera, en la cabecera municipal de Zacatecas.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en proveído de dos de abril de la presente anualidad (fojas 6 a 9), la demanda se registró con el expediente 966/2018; se admitió la demanda a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: Del Ayuntamiento de Zacatecas: - La orden para que se obstruyera el acceso a la propiedad del quejoso, sin que se le hubiera citado ni notificado al procedimiento administrativo instruido para ello. Del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas: La orden de construir una jardinera en el paso que da acceso al bien inmueble propiedad del quejoso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Tanto el Ayuntamiento como el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ambos de Zacatecas, negaron la existencia del acto reclamado, sobre la base de que ninguno emitió el acto, ni ejecutaron éste que se tilda como ilegal (foja 19). No obstante, del informe justificado que remitieron en forma conjunta se desprende que manifestaron que el permiso de colocación de la jardinera otorgado a la tercero interesada Karen Paola Salazar Ruedas, atendió a promover la buena imagen de la colonia en lo general y de la plazuela en lo particular, y que ello, partió en primer lugar de una inspección que se realizó por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio ambiente, por lo que se declaró procedente la concesión del permiso de reforestación de la Plazuela San Agustín y colocación de jardineras y/o arriates. Por tanto, al existir manifestación de certeza en el informe justificado rendido en forma conjunta, en análisis, deben tenerse por existentes los actos reclamados. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con número de registro 2111004, aparece localizable en la página trescientos noventa y uno, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 194697, aparece visible en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". Debe sobreseerse en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Por su parte, el numeral 5°, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.).". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.).". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento de derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que con número de registro 170500 aparece visible en la página doscientos veinticinco, Tomo XXV, Enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4°. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 196932, aparece visible en la página cincuenta y seis, Tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número VII.2o.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que con número de registro 177771, aparece publicada en la página mil trescientos cinco, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.". Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. El interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que, se reitera, pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por ello, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de garantías, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado por el acto de autoridad. Así pues, si el quejoso se ostenta como propietario de un bien y aduce que se le ha afectado un derecho de ese bien, con el acto reclamado, es inconcuso que para acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular respecto del mencionado bien. En suma, el interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice afectado por el acto de autoridad, de tal manera que para demostrar que el quejoso tiene interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente ser el titular de tal derecho. Ahora, el quejoso comparece básicamente como tercero extraño, alegando ser propietario del bien donde dice se ordenó construir una jardinera para obstruir el acceso al bien inmueble de su propiedad, sin haber sido citado ni notificado del procedimiento administrativo que se hubiera instruido; empero, para justificar dicho derecho real no exhibió a su demanda documento alguno que así lo acreditara, ni de las constancias que integran este juicio se aprecia que hubiera exhibido medio de prueba alguno para tal efecto. Por tanto, es evidente que no se encuentra acreditada la titularidad del bien que dice, es de su propiedad y, por ende, el interés jurídico del quejoso, al no ser patente que los actos reclamados inciden en un derecho del cual es titular. En consecuencia, se sobresee en el juicio, en conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Esparza Montalvo contra los actos que reclamó del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ambos de Zacatecas, consistentes en la orden de construir una jardinera que obstruyera el acceso a un bien de su propiedad; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe, hasta el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 966/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Marco Antonio Esparza Montalvo demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ayuntamiento de Zacatecas; y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas; Actos reclamados: Del Ayuntamiento de Zacatecas: "La orden para que se obstruyera el acceso a mi propiedad. Debo añadir que, esta orden no la tengo en mi poder porque no fui citado, ni notificado en ninguna forma de que se había instruido procedimiento administrativo que concluyó con la emisión de una orden para privarme del acceso a un bien inmueble de mi propiedad. Tengo conocimiento de que existe una orden para la construcción de una jardinera que obstruye el paso a un bien inmueble de mi propiedad por el dicho de la señora Karen Paola Salazar Ruedas, quien en fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho se presentó en mi domicilio, y a mi cónyuge le expuso que tenía una orden para construir la jardinera, en el acceso que da al bien inmueble de mi propiedad que se encuentra en Plazuela de San Agustín número ciento dos, en el Fraccionamiento San Francisco de Herrera, en la cabecera municipal de Zacatecas.". Del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas: "La orden de construir una jardinera en el paso que da acceso a un bien inmueble de mi propiedad. Como he explicado no fui notificada en ninguna forma por parte de la autoridad, no he sido citado a ningún juicio en el que se me permitiera exponer mis pruebas y alegatos. Tengo conocimiento de que se expidió esta orden por versión de la señora Karen Paola Salazar Ruedas, quien en fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho, se presentó en mi domicilio, y fue atendida por mi cónyuge, a quien le dijo que disponía de una orden para que con albañiles que ella había contratado iba a excavar y construir una jardinera en el acceso que da al bien inmueble de mi propiedad que se encuentra en Plazuela de San Agustín número ciento dos, en el Fraccionamiento San Francisco de Herrera, en la cabecera municipal de Zacatecas.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en proveído de dos de abril de la presente anualidad (fojas 6 a 9), la demanda se registró con el expediente 966/2018; se admitió la demanda a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: Del Ayuntamiento de Zacatecas: - La orden para que se obstruyera el acceso a la propiedad del quejoso, sin que se le hubiera citado ni notificado al procedimiento administrativo instruido para ello. Del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas: La orden de construir una jardinera en el paso que da acceso al bien inmueble propiedad del quejoso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Tanto el Ayuntamiento como el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ambos de Zacatecas, negaron la existencia del acto reclamado, sobre la base de que ninguno emitió el acto, ni ejecutaron éste que se tilda como ilegal (foja 19). No obstante, del informe justificado que remitieron en forma conjunta se desprende que manifestaron que el permiso de colocación de la jardinera otorgado a la tercero interesada Karen Paola Salazar Ruedas, atendió a promover la buena imagen de la colonia en lo general y de la plazuela en lo particular, y que ello, partió en primer lugar de una inspección que se realizó por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio ambiente, por lo que se declaró procedente la concesión del permiso de reforestación de la Plazuela San Agustín y colocación de jardineras y/o arriates. Por tanto, al existir manifestación de certeza en el informe justificado rendido en forma conjunta, en análisis, deben tenerse por existentes los actos reclamados. Es ilustrativa de lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que con número de registro 2111004, aparece localizable en la página trescientos noventa y uno, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 194697, aparece visible en la página 13, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". Debe sobreseerse en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". Por su parte, el numeral 5°, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.).". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.).". Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, en contra de ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas por el ordenamiento de derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada. Por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, se cita por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que con número de registro 170500 aparece visible en la página doscientos veinticinco, Tomo XXV, Enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto literalmente dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4°. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con número de registro 196932, aparece visible en la página cincuenta y seis, Tomo VII, Enero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número VII.2o.C. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que con número de registro 177771, aparece publicada en la página mil trescientos cinco, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.". Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. El interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse plena o fehacientemente, sin que, se reitera, pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Por ello, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de garantías, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado por el acto de autoridad. Así pues, si el quejoso se ostenta como propietario de un bien y aduce que se le ha afectado un derecho de ese bien, con el acto reclamado, es inconcuso que para acreditar su interés jurídico debe demostrar que es titular respecto del mencionado bien. En suma, el interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice afectado por el acto de autoridad, de tal manera que para demostrar que el quejoso tiene interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente ser el titular de tal derecho. Ahora, el quejoso comparece básicamente como tercero extraño, alegando ser propietario del bien donde dice se ordenó construir una jardinera para obstruir el acceso al bien inmueble de su propiedad, sin haber sido citado ni notificado del procedimiento administrativo que se hubiera instruido; empero, para justificar dicho derecho real no exhibió a su demanda documento alguno que así lo acreditara, ni de las constancias que integran este juicio se aprecia que hubiera exhibido medio de prueba alguno para tal efecto. Por tanto, es evidente que no se encuentra acreditada la titularidad del bien que dice, es de su propiedad y, por ende, el interés jurídico del quejoso, al no ser patente que los actos reclamados inciden en un derecho del cual es titular. En consecuencia, se sobresee en el juicio, en conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Esparza Montalvo contra los actos que reclamó del Ayuntamiento y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ambos de Zacatecas, consistentes en la orden de construir una jardinera que obstruyera el acceso a un bien de su propiedad; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Ana Cecilia Castañeda Abundis, secretaria que autoriza y da fe, hasta el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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