Marco Antonio Escamilla Davila
Expediente 410/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marco Antonio Escamilla Davila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio JOPZ/2268/2022 remitido -vía correo electrónico institucional- por Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Zacatlán, a través del cual, acusa recibo de la misiva 830/2022 de ocho de julio de dos mil veintidós, por el que este órgano jurisdiccional le notificó la determinación dictada en esa fecha y le remitió lo siguiente: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dentro del control judicial previo número 8/2022/ZACATLÁN de su índice. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar el disco versátil digital que remitió el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Zacatlán: Celestino Martínez Bones, en apoyo a su informe justificado, se ordena su devolución, y se le requiere para que el término de veinticuatro horas acuse el recibo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso Marco Antonio Escamilla Dávila; por oficio a la autoridad responsable, a las diversas terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante el secretario Juan Miguel Juárez Caudillo, quien autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 410/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Marco Antonio Escamilla Dávila; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y luego turnada a este órgano de control constitucional, Marco Antonio Escamilla Dávila solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Zacatlán, y otra autoridad. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20, Apartado C, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el veinte de abril del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 410/2022; asimismo, previno al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realizara lo siguiente: ( Aclarara cuál era la audiencia que reclamaba en el presente juicio, toda vez que en el capítulo del acto reclamado señaló que la audiencia era la celebrada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dentro del control judicial previo 8/2022/ZACATLÁN, mientras que en el capítulo relativo a los conceptos de violación hizo manifestaciones atinentes a controvertir una audiencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós; y, ( Especificara cuál era el número de la carpeta de investigación, pues de la demanda se advertían tanto la carpeta número 872/2019/ZACATLÁN como la indagatoria número 872/2022/ZACATLÁN. Tercero. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de la presente anualidad, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla -recibido en este juzgado el diez de mayo siguiente-, el promovente dio cumplimiento a la prevención formulada, precisando que la resolución que reclamaba se emitió en audiencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente de origen, y que la carpeta de investigación era la número 872/2019/ZACATLÁN. Cuarto. Auto de parcial desechamiento y admisión. En auto de once de mayo de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional tuvo al quejoso dando cumplimiento a la prevención formulada, por lo que acordó lo siguiente: ( Desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación 872/2019/ZACATLÁN, que consistieron en "las consecuencias en contra de los derechos de la víctima, que se pudiesen tener durante la secuela de la investigación inicial, originadas por la negativa del Juez de Control de ordenar al representante social que reciba los elementos de convicción ofrecidos por la víctima"; ello, por considerar que dicho fiscal no tenía el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, actualizándose la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° y 5, fracción II, de la ley de la materia; y, ( Admitió a trámite el asunto respecto a la resolución dictada en audiencia oral de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro del control judicial previo 8/2022/ZACATLÁN -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Parte tercera interesada. En términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia, se tuvieron y se emplazaron con el carácter de autoridades terceras interesadas a: 1. Verónica Mendoza Gutiérrez, Agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla -interviniente en el procedimiento de origen-; y, 2. Laura Guadalupe Garrido Vega, Agente del Ministerio Público Investigadora del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla -interviniente en el procedimiento de origen-. Sexto. Cita para audiencia. En auto de treinta y uno de mayo del actual, se fijaron las nueve horas con cincuenta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama una resolución proveniente de un procedimiento penal, radicado ante una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso Marco Antonio Escamilla Dávila reclama: ( La resolución dictada en audiencia oral de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de control judicial previo número 8/2022/ZACATLÁN, promovido en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el juez de control negó la solicitud formulada por el asesor jurídico victimal, que consistió, en esencia, en requerir a la fiscalía investigadora para que recibiera todos los datos de prueba y actos de investigación propuestos para esclarecer los hechos denunciados en la carpeta de investigación 872/2019/ZACATLÁN. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Zacatlán. Acepta. 47. Tabla 1. La referida autoridad convino en la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, esto es, con la copia certificada del expediente de control judicial previo número 8/2022/ZACATLÁN de su estadística y con la audiencia correspondiente a la emisión de la determinación reclamada, contenida en el disco versátil digital (DVD); las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Quinto. Procedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. A mayor abundamiento, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Por ende, este juzgado procede al estudio de la causal de improcedencia que se advierte de oficio respecto del acto ahora reclamado. ( Improcedencia por no existir un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Este órgano de control constitucional considera que respecto de la resolución reclamada, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1° de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, se colige que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora bien, para explicar la actualización de la causa de improcedencia aludida, es menester indicar que en audiencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de control judicial previo 8/2022/ZACATLÁN, existió, sustancialmente, el siguiente ejercicio argumentativo: 1. Primera intervención de José Francisco Antonio Ramírez Orta, asesor jurídico del quejoso Marco Antonio Escamilla Dávila. 1.1 Narró que el nueve de abril de dos mil dieciocho, Lilia Ortiz Ramírez y catorce personas más, ejerciendo violencia, ocuparon el restaurante ubicado en Calle Libertad, número 4, Colonia Centro, Zacatlán, Puebla, que estaba en posesión de su representado [el quejoso] con motivo de un contrato de arrendamiento, celebrado en el año dos mil dieciséis con María Rafaela Ramírez López. 1.2 Señaló que el día de los hechos, su representado, la supuesta víctima, formuló denuncia ante el ministerio público; asimismo, indicó que se presentaron documentos, videos y peritos en criminalística y topografía. 1.3 Mencionó que el trece de febrero de dos mil veintidós, él y su representado se presentaron a las oficinas del ministerio público para que les informara el motivo del retraso en la investigación, por lo que la representación social les señaló que no habían elementos suficientes para solicitar ante un juez de control audiencia inicial; que al respecto, el asesor jurídico le respondió que habían hasta 14 videos en cuya reproducción se apreciaba la conducta criminal pero el fiscal le contestó que lo procedente era enviar esos videos al personal especializado, de los cuales, expuso el asesor, tres de ellos ya se encontraban con la policía investigadora, sin tener noticia acerca del avance que se le haya dado a esos medios de convicción. 1.4 Agregó que el ministerio público no ha notificado la respuesta eficaz de los peritos sobre el examen practicado al local comercial despojado ni tampoco ha informado sobre las identidades de las personas que aparecen en los videos, a pesar de que la policía ya sabía quiénes eran. 1.5 En esas condiciones, solicitó al juez de control requerir o conminar al ministerio público para que recibiera todos los datos de prueba con los que contaba, a fin de que este último tuviera una percepción amplia de cómo ocurrieron los hechos. 2. Primera intervención de la fiscalía (réplica). 2.1 Narró que el nueve de abril de dos mil dieciocho, se inició el expediente de número de atención temprana NUAT 131/2018/ZACATLÁN, con motivo de la denuncia formulada por la víctima Marco Antonio Escamilla Dávila -el ahora quejoso-, en donde únicamente nombró a José Francisco Antonio Ramírez Orta como abogado para recibir notificaciones y no como asesor jurídico. 2.2 Señaló que dentro de la carpeta de investigación no existía constancia de que José Francisco Antonio Ramírez Orta hubiera protestado el cargo de asesor jurídico de la víctima. 2.3 Comunicó que el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, Daniel Martín Barroso Castañón, entonces agente del ministerio público encargado de la carpeta de investigación de origen adscrito a Zacatlán, Puebla, determinó el no ejercicio de la acción penal porque no se encontraba acreditada la posesión o propiedad del bien en favor de la víctima. 2.4 Precisó que no se mencionó cómo se obtuvieron los videos para que pudieran incorporarse en audiencia, lo que denotaba un desconocimiento por parte del asesor a las técnicas de litigación en el nuevo sistema de justicia penal. 2.5 Mencionó que dentro de la carpeta existía una constancia de tres de diciembre de dos mil veinte, en donde se hizo constar que el fiscal se comunicó por teléfono con la víctima para decirle que debía presentarse a las instalaciones del ministerio público, con el objeto de notificarse de la determinación del no ejercicio de la acción penal, sin que dentro de la indagatoria existiera constancia de comparecencia. 2.6 Relató que existe un registro de trece de febrero de dos mil veintidós, en el que se hizo constar la comparecencia del asesor y la víctima, de los cuales, el primero solicitó al fiscal que viera unos videos; sin embargo, cuando se le dijo que esos videos tenían que tener una justificación de su legal obtención para que pudieran analizarse por técnicos profesionales, el asesor se levantó de su silla y se retiró molesto, sin notificarse de la determinación del no ejercicio de la acción penal. 2.7 Agregó que no existía petición realizada por escrito para recabar o realizar datos de prueba o actos de investigación. 3. Segunda intervención del asesor jurídico (réplica). 3.1 Manifestó que dentro de la carpeta de investigación no existe evidencia de que tanto él [el asesor jurídico] como la víctima hayan sido notificadas de la determinación del no ejercicio de la acción penal. 3.2 Señaló que en enero de dos mil veintidós, al consultar la carpeta de investigación, no vio resolución de archivo alguna. 3.3 Indicó que el ministerio público debió investigar si era lícita o no la obtención de los videos, por lo que si no lo hizo no podía afirmar que era ilícita la forma en que se recaudaron. 4. Segunda intervención de la fiscalía (contrarréplica). 4.1 Expuso que nunca se había negado a recibir u ordenar actos de investigación. 4.2 Insistió en que el problema consistía en el desconocimiento del asesor de las técnicas de litigación, puesto que primero debía notificarse del no ejercicio de la acción penal, a fin de que estuviera en aptitud de promover lo que en derecho correspondiera y, sólo así, se reanudara la investigación. 5. Resolución del juez de control. 5.1 Señaló que toda víctima tenía el derecho de contar con un asesor jurídico dentro de las etapas del procedimiento penal; sin embargo, recalcó que el solicitante del control judicial previo, promovido en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ningún momento fue designado con dicho carácter dentro de la carpeta de investigación de origen, por lo que no tenía interés, es decir, no se cumplía con el presupuesto procesal de legitimación. 5.2 No obstante ello, indicó que el solicitante no impugnó la determinación del no ejercicio de la acción penal, por lo que se encontraba impedido para requerir al fiscal que realizara actos de investigación o recibiera datos de prueba, pues la existencia de dicha resolución resultaba un "candado procesal" que debía desbloquearse para la reapertura de la investigación. 5.3 Añadió que el recurso o control judicial previo, interpuesto de conformidad con el citado numeral, era extemporáneo porque los hechos impugnados ocurrieron el trece de febrero de dos mil veintidós. En esencia, son los fundamentos y consideraciones que sirvieron de sustento para la emisión de la resolución aquí reclamada. En ese tenor, se deduce que el acto reclamado no afecta derechos fundamentales del quejoso en su carácter de víctima u ofendido del delito. Si bien es cierto, en dicha actuación, el juez de control se negó a requerir al fiscal para que recibiera diversos datos de prueba o realizara determinados actos de investigación porque existía una determinación de no ejercicio de la acción penal vigente y previamente dictada en la indagatoria de origen; también lo es que esta resolución es la que, en todo caso, causa un perjuicio irreparable y afecta los derechos fundamentales del ahora quejoso. En efecto, la determinación del no ejercicio de la acción penal puso fin al procedimiento y a la investigación antes de ser judicializada, impidiendo así, que en algún momento pueda materializarse el derecho a la reparación del daño proveniente del delito, por lo que, como bien lo señaló el juez de control, esa actuación constituye un impedimento técnico-jurídico para que el fiscal siga ejerciendo sus facultades de investigación y, por tanto, debe o debió impugnarse en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de reabrir la investigación. Ciertamente, dicho numeral prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Asimismo, como ya lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 233/2017, la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Mientras, la naturaleza de la decisión ahora reclamada, por sí sola, no significó el fin del controvertido penal, cuenta habida que no decretó el sobreseimiento del asunto ni se trató propiamente del no ejercicio de la acción penal, del archivo temporal o de la aplicación de un criterio de oportunidad; y, por ende, a partir del acto reclamado no se vio afectado su derecho a la reparación del daño ni sus derechos a la justicia y al conocimiento de la verdad. Entonces, los actos que, en todo caso, causan o causarán una afectación a los derechos fundamentales de la víctima, serán aquéllos en los que el ministerio público determine el no ejercicio de la acción penal, un criterio de oportunidad o el archivo temporal, así como actuaciones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; asimismo, aquéllos en los que el juez de control decrete el sobreseimiento de la causa, en términos de los artículos 327, 328, 329 y 330 del código nacional; o bien, no vincule a proceso a los imputados o dicte una sentencia absolutoria, entre otros. Lo anterior, porque hasta cualquiera de esos momentos podrán verse afectados, directa o indirectamente, los derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia. En conclusión, en el caso en concreto, la actuación del juez en la que niega requerir al fiscal que reciba diversos datos de prueba o realice determinados actos de investigación, no afecta derechos fundamentales del ahora quejoso en su carácter de víctima u ofendido del delito, pues no incide directa ni indirectamente en la reparación del daño ni en algún otro derecho sustantivo de la víctima dentro del procedimiento penal. No pasa desapercibido que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio, como el aquí combatido, pues éste tuvo lugar antes de la celebración de la audiencia inicial, tomando en cuenta que el artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la ley de la materia, dispone que para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control; luego, en términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Sin embargo, el hecho de que el acto aquí reclamado haya tenido lugar fuera de juicio, no es suficiente para concluir que procede el amparo en el presente asunto, ya que ese tipo de actos deben afectar de manera directa y actual derechos fundamentales del quejoso. En similares términos, lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro la contradicción de tesis 141/2018, en donde estableció que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. Justamente, dicho Tribunal Constitucional si bien reconoció que la citación para audiencia inicial se trataba de un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio, también indicó que ello no era suficiente para concluir que procedía el amparo, ya que debía afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso, tal como se desprende de la siguiente transcripción: "(.) 27. El punto a dilucidar es si procede el juicio de amparo indirecto en contra de la citación a la audiencia inicial, dictada en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece, en lo que interesa, que cuando el Ministerio Público considere que tiene elementos para creer que se ha cometido un delito y que el imputado probablemente participó en su comisión, solicitará al Juez de Control que se cite al imputado para la audiencia inicial del juicio, en la que se le comunicará la imputación, se determinará si se le vincula o no a proceso, en su caso se le fijará una medida cautelar y se determinará plazo para concluir la investigación. 28. Conforme a lo artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. 29. Luego, para determinar si procede o no el juicio de amparo en este supuesto, debe partirse de que la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio. 30. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo,(13) establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. La pregunta, entonces, es si la citación para acudir a la audiencia inicial causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo. (.)" En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, en relación con la resolución dictada en audiencia oral de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, celebrada dentro del expediente de control judicial previo número 8/2022/ZACATLÁN, en donde el juez de control negó la solicitud formulada por el asesor jurídico victimal, que consistió, en esencia, en requerir a la fiscalía investigadora para que recibiera todos los datos de prueba y actos de investigación para esclarecer los hechos denunciados, con apariencia del delito de despojo. Atento a lo considerado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra de la aludida resolución, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de diez de junio de dos mil once- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, porque ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 410/2022, promovido por Marco Antonio Escamilla Dávila, contra el acto y por los motivos precisados en los considerandos segundo, tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de la sentencia. Notifíquese por lista al quejoso Marco Antonio Escamilla Dávila; y, por oficio a la autoridad responsable, a las fiscales terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a las autoridades foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No. Autoridades responsables 1 Juez de Control y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla -Celestino Martínez Bones-. Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y el disco versátil digital que remite, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del citado disco, dada su naturaleza jurídica. Guárdese en sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." EMPLAZAMIENTO AUTORIDAD TERCERA INTERESADA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceras interesadas a Verónica Mendoza Gutiérrez y Laura Guadalupe Garrido Vega Agentes del Ministerio Público Investigadoras, que intervinieron dentro del expedientillo CJP 8/2022/ZACATLAN. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al presente juicio por medio de oficio que se gire vía correo electrónico para tal efecto, anexándole copia simple de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de ésta y del auto admisorio. DIFERIMIENTO ANTICIPADO En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del diez de junio de dos mil veintidós, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE; y, en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, para su celebración Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades terceras interesadas de referencia.
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