Marco Antonio Duarte Hollman

Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
616/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Marco Antonio Duarte Hollman
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad responsable, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por sustitución; y, b) Por revocación. El primer supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El segundo supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados se actualizan ambas hipótesis antes reseñadas, cuestión que se expone a continuación. Para mejor proveer, y con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: El acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 1801/2020, en el que se señaló fecha para el desahogo de diversas probanzas. Del actuario adscrito a la Junta de mérito de notificar a los testigos Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco. Por lo que respecta al acto a), se provee lo siguiente: Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, aceptó la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe, sin embargo, manifestó que el dos de junio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señalaron nuevas fechas para el desahogo de las probanzas que se duele el quejoso, con lo que subsanó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de mayo de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Luego, se dejaron insubsistentes las diversas datas fijadas para el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes del juicio natural en el citado auto reclamado de dos de mayo de dos mil veintidós. Para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por la Junta responsable: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós Confesional por posiciones María Guadalupe Rodríguez Navarro Nueve horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós Confesional por posiciones Manuel de Jesús Peñuelas Zamora Posteriormente al desahogo de la diligencia que antecede. Confesional por posiciones Marco Antonio Duarte Hollman Posteriormente al desahogo de la diligencia que antecede. Testimonial Jesús Valenzuela Aguamea, Eduardo Minjares Romero y Hermenegildo Duarte Hollman Nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós Testimonial Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco Nueve horas del treinta de junio de dos mil veintidós Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan el informe de cuenta. En efecto, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la responsable, se desprende que el catorce de junio de dos mil veintiuno, la ahora quejosa presentó demanda ante la Junta responsable, en contra de María Guadalupe Rodríguez Navarro y Manuel de Jesús Peñuelas Zamora, por el pago de diversas prestaciones, radicado el juicio con el número 1801/2021, y que a la fecha, la responsable no ha desahogado las pruebas en el juicio, en contravención a lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, a la fecha, derogado. Cabe precisar, que la responsable al rendir informe justificado, expuso que dejó insubsistentes las datas designadas en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se encontraba señalado el catorce de septiembre del presente año para el desahogo de diversas pruebas testimoniales (las que reclamó en específico la parte quejosa); y en su lugar dictó el acuerdo de dos de junio del año actual, en el que señaló el treinta de junio de este año para el desahogo de las referidas pruebas. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que el auto reclamado de dos de mayo de dos mil veintidós, fue sustituido por el acuerdo de dos de junio del año actual, en el que se señalaron distintas fechas para el desahogo de los medios de prueba precisados con anterioridad. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las citados medios probatorios dentro del plazo establecido en el arábigo 883 de la ley obrera, datas que fueron sustituidas como se plasmó con anterioridad, entonces resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En cuanto al acto b), se acuerda a continuación: Al rendir su informe justificado, el fedatario público adscrito a la Junta responsable, aceptó la existencia del reclamo constitucional. Luego, previos requerimientos de constancias, el presidente responsable remitió, en el oficio de cuenta, lo concerniente a lo diligenciado en cuanto a las notificaciones de los absolventes de las probanzas precisadas con anterioridad. Asimismo, el presidente de la Junta del conocimiento, remitió documentales, de las que se advierten razones de imposibilidad de notificación levantadas por el actuario, de la que se denota que no fue posible notificar a los atestes Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco, en virtud de los motivos que ahí expone. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de notificar- ya que ordenó su notificación a los referidos atestes en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, según se desprende de la razón actuarial levantada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que los testigos Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco, aún no han sido notificados en el juicio obrero; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se dilucidó, este acató la orden de la junta de trabajo y pretendió notificar a los multicitados atestes; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de las razones actuariales levantadas, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de los aludidos absolventes, o bien, manifestar en relación con las razones actuariales lo que a su interés convenga. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento de ambas demandadas. De modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Ahora bien, de todo lo anterior se colige que aquél auto en el que se había omitido fijar fecha para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que la notificación de los consabidos testigos, el actuario responsable acató la orden de la junta de trabajo y pretendió notificar a los multicitados atestes; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de las razones actuariales levantadas por éste. De ahí, que con tales actuaciones efectuadas por las responsables, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos de los reclamos constitucionales precisados como a) y b), en los supuestos de sustitución y revocación, respectivamente. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con veintiséis minutos del diecisiete de agosto del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Después, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Escrito. Finalmente, glósese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, y en cuanto a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad responsable, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por sustitución; y, b) Por revocación. El primer supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El segundo supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados se actualizan ambas hipótesis antes reseñadas, cuestión que se expone a continuación. Para mejor proveer, y con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: El acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 1801/2020, en el que se señaló fecha para el desahogo de diversas probanzas. Del actuario adscrito a la Junta de mérito de notificar a los testigos Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco. Por lo que respecta al acto a), se provee lo siguiente: Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, aceptó la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe, sin embargo, manifestó que el dos de junio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señalaron nuevas fechas para el desahogo de las probanzas que se duele el quejoso, con lo que subsanó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de mayo de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Luego, se dejaron insubsistentes las diversas datas fijadas para el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes del juicio natural en el citado auto reclamado de dos de mayo de dos mil veintidós. Para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por la Junta responsable: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós Confesional por posiciones María Guadalupe Rodríguez Navarro Nueve horas del veintiocho de junio de dos mil veintidós Confesional por posiciones Manuel de Jesús Peñuelas Zamora Posteriormente al desahogo de la diligencia que antecede. Confesional por posiciones Marco Antonio Duarte Hollman Posteriormente al desahogo de la diligencia que antecede. Testimonial Jesús Valenzuela Aguamea, Eduardo Minjares Romero y Hermenegildo Duarte Hollman Nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintidós Testimonial Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco Nueve horas del treinta de junio de dos mil veintidós Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan el informe de cuenta. En efecto, de las manifestaciones de la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la responsable, se desprende que el catorce de junio de dos mil veintiuno, la ahora quejosa presentó demanda ante la Junta responsable, en contra de María Guadalupe Rodríguez Navarro y Manuel de Jesús Peñuelas Zamora, por el pago de diversas prestaciones, radicado el juicio con el número 1801/2021, y que a la fecha, la responsable no ha desahogado las pruebas en el juicio, en contravención a lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, a la fecha, derogado. Cabe precisar, que la responsable al rendir informe justificado, expuso que dejó insubsistentes las datas designadas en auto de dos de mayo de dos mil veintidós, a través del cual se encontraba señalado el catorce de septiembre del presente año para el desahogo de diversas pruebas testimoniales (las que reclamó en específico la parte quejosa); y en su lugar dictó el acuerdo de dos de junio del año actual, en el que señaló el treinta de junio de este año para el desahogo de las referidas pruebas. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que el auto reclamado de dos de mayo de dos mil veintidós, fue sustituido por el acuerdo de dos de junio del año actual, en el que se señalaron distintas fechas para el desahogo de los medios de prueba precisados con anterioridad. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las citados medios probatorios dentro del plazo establecido en el arábigo 883 de la ley obrera, datas que fueron sustituidas como se plasmó con anterioridad, entonces resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En cuanto al acto b), se acuerda a continuación: Al rendir su informe justificado, el fedatario público adscrito a la Junta responsable, aceptó la existencia del reclamo constitucional. Luego, previos requerimientos de constancias, el presidente responsable remitió, en el oficio de cuenta, lo concerniente a lo diligenciado en cuanto a las notificaciones de los absolventes de las probanzas precisadas con anterioridad. Asimismo, el presidente de la Junta del conocimiento, remitió documentales, de las que se advierten razones de imposibilidad de notificación levantadas por el actuario, de la que se denota que no fue posible notificar a los atestes Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco, en virtud de los motivos que ahí expone. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de notificar- ya que ordenó su notificación a los referidos atestes en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, según se desprende de la razón actuarial levantada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que los testigos Francisco Guadalupe García Tapia y Olga Lidia Gastelum Pacheco, aún no han sido notificados en el juicio obrero; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se dilucidó, este acató la orden de la junta de trabajo y pretendió notificar a los multicitados atestes; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de las razones actuariales levantadas, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de los aludidos absolventes, o bien, manifestar en relación con las razones actuariales lo que a su interés convenga. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento de ambas demandadas. De modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Ahora bien, de todo lo anterior se colige que aquél auto en el que se había omitido fijar fecha para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que la notificación de los consabidos testigos, el actuario responsable acató la orden de la junta de trabajo y pretendió notificar a los multicitados atestes; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de las razones actuariales levantadas por éste. De ahí, que con tales actuaciones efectuadas por las responsables, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos de los reclamos constitucionales precisados como a) y b), en los supuestos de sustitución y revocación, respectivamente. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con veintiséis minutos del diecisiete de agosto del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Después, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Escrito. Finalmente, glósese a los autos el escrito presentado por el autorizado legal de la parte quejosa, y en cuanto a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de julio de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, de los que se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, en virtud de que se encuentra pendiente que la autoridad responsable presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, atienda el requerimiento efectuado el siete de julio de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se señalan las diez horas con veintiséis minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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