Marco Antonio Díaz Torres

Expediente 1032/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1032/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Marco Antonio Díaz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada por la superioridad en sesión de seis de septiembre del año en curso, en autos del recurso de queja 121/2018, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja por el quejoso Marco Antonio Díaz Torres, por conducto de su autorizado Iván Pérez Romero, contra el auto cinco de julio de dos mil dieciocho, dictado dentro el juicio de amparo indirecto 1032/2018 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Notifíquese. " En atención a ello, acúsese el recibo de estilo al Tribunal de Alzada y procédase a la destrucción de las copias certificadas del mismo. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Además, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por ******************** autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de ********************************, emitido en el presente sumario constitucional; por el que, se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el ordinal 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia; se tiene por presentado el medio de impugnación hecho valer. En consecuencia, visto el estado procesal que tiene el presente juicio en que se actúa, del que se advierte que está debidamente integrado; esto es, obra agregada la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del auto impugnado; asimismo, atendiendo a que el auto que se impugna es el que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario, por lo tanto, no existe diversa parte a la cual notificar la interposición del recurso de que se trata remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en Turno, copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el presente juicio de amparo 1032/2018-III. Asimismo, envíese el original y copia del escrito de expresión de agravios para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Finalmente, de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe justificado relativo, en el sentido de ser cierto el acto impugnado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la autoridad oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III. UN ACUERDO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    MESA III. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA (M.A.D.T) PROVEÍDO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Marco *****************cho y como Agente de la Policía Ministerial, Comisionado del Grupo de Prestaciones Valle de Toluca contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1032/2018-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama:  El oficio de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, número 1432 del índice del Jugado responsable, con la que se le hace efectivo el apercibimiento decretado dentro de la causa juicio oral 273/2017, consistente en una multa de cien días de salario mínimo o unidades de actualización. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso a estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Ahora bien, como se aprecia de las constancias que anexo a su escrito de demanda, se advierte el oficio signado por el quejoso de fecha catorce de marzo del año en curso, mediante el cual le solicitó a la autoridad responsable la cancelación de la medida de apremio impuesta a su persona, en el proveído de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el cual, hace efectiva la multa impuesta como apercibimiento dentro de la causa oral 273/2017 de su índice. Por tanto, el suscrito considera que al menos desde la fecha que promovió dicho ocurso, siendo esto el catorce de marzo del año en curso, tuvo conocimiento pleno de la medida de apremio impuesta dentro del juicio de origen que reclama en la presente vía constitucional. Documentales a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de la Materia. Es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En ese sentido, es dable considerar que desde el catorce de marzo de dos mil dieciocho, el peticionario de amparo tuvo conocimiento del acto que ahora reclama; lo cual evidencia que se actualiza la hipótesis normativa establecida en el segundo supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, el plazo de quince días debe computarse a partir del siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En el caso, el plazo de quince días con el que contaba para presentar la demanda, empezó a contar al día siguiente, es decir, inició el quince de marzo de la presente anualidad y feneció el once de abril del mismo año, sin contar los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, de citado mes de marzo, uno, siete y ocho de abril siguiente, por ser inhábiles, esto de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia, que excluye los sábados y domingos, asimismo, no se contabilizó el veintiocho, veintinueve, treinta y treinta uno de marzo de dos mil dieciocho por haberse suspendido las labores de este órgano jurisdiccional, como se ejemplifica en el siguiente cuadro: Ahora, la demanda de amparo la presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, hasta el tres de julio de dos mil dieciocho, por lo que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para presentar la demanda; de ahí que, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo. Se adopta tal postura, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir los actos reclamados precisados con anterioridad transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo como se dijo en párrafos precedentes tuvo conocimiento de tal acto el catorce de marzo dos mil dieciocho. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por lo anterior, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Díaz Torres, por propio derecho y como Agente de la Policía Ministerial, Comisionado del Grupo de Prestaciones Valle de Toluca contra actos del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios a Javier Reza Miranda y de Iván Pérez Romero; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona en el ocurso que se provee; hasta en tanto, registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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