Marco Antonio Díaz Jacinto
Expediente 75/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Marco Antonio Díaz Jacinto
- Yeni Santacruz Villalba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
*** V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 75/2018-V-A; y, RESULTANDO: Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el dos siguiente, del mes y año citados, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Diligenciaria adscrita a la Sala y Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora, le reclamo la ilegal y violatoria de mis derechos humanos resolución de fecha once de enero del año dos mil dieciocho, misma que me fue notificada el día doce de enero del año en curso, misma que fue dictada dentro del TOCA DE QUEJA número 415/2017, dictada por los Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mis (sic) que resolvió el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Ciudad Judicial, Apizaco, Tlaxcala, misma que fue dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del expediente número 708/2016, relativo al Juicio de Reconocimiento de Paternidad, promovido por YENI SANTACRUZ VILLALBA en representación de su (sic) de menor ALEXA SANTACRUZ VILLALBA, en contra del suscrito MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO, misma que es violatoria de mis derechos humanos, en su totalidad, así como en sus puntos resolutivos que a la letra establecieron lo siguiente: (Transcribe) De la autoridad señalada como responsable ejecutoria, le reclamo el cumplimiento que han dado a dicha resolución es decir, de la Diligenciaria adscrita a la Sala Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, le reclamo la notificación que hizo en mi favor de la resolución dictada por la autoridad señalada como responsable ordenadora y del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, le reclamo el cumplimiento que debe dar a dicha resolución dictada por la responsable ordenadora." SEGUNDO.- Por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó emplazar a la tercero interesada, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Las autoridades responsables Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y Diligenciaría Interina, al rendir su informe en vía de justificación, aceptaron la certeza de los actos que se les atribuyen; en virtud de lo anterior, se tiene por acreditada su existencia y porque así se acredita además con el cuaderno de pruebas de la demandada deducido del expediente 708/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación, que acompañó el Juez responsable, así como los autos de Primera y Segunda Instancia contenidos en la copia certificada del cuaderno de pruebas de la parte demandada del expediente 708/2016 y Toca Civil de Queja 415/2017, que acompañó la Sala responsable; documentales que adquieren valor probatorio pleno en los términos que disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, de acuerdo con el diverso 2º de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO.- Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y por la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Luego entonces, el suscrito advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la determinación de once de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca Civil de Queja 415/2017, que confirmó la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala, dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto, mediante el cual acordaron lo relativo a la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico, esto es, se negó su petición de señalar día y hora para la toma de muestras biológicas de saliva, por los motivos expuestos en el mismo auto. Ahora bien, en contra de dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, se cita la Tesis de Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual manera, en apoyo a lo anterior, se cita la Tesis de Jurisprudencia I.4o.C.2, visible en la página 827, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." De igual manera, también tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del Toca Civil de Queja número 415/2017, que confirmó la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala, dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación número 708/2016, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto, que confirmó el auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó lo relativo para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico, ofrecida por la parte quejosa en el juicio natural. Luego entonces, es conveniente señalar lo determinado por el Juez del conocimiento en la resolución del treinta de agosto de dos mil diecisiete que, en lo que interesa, en su resolutivo segundo, cita: [.] "Por las razones establecidas en el cuerpo de esta resolución, se confirma el auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete." [.] Así, como se dijo anteriormente, el acto reclamado en esta vía, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado tiene el efecto de proveer lo relativo para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico ofertada por la parte demandada dentro del cuaderno de pruebas deducido del expediente número 708/2016, relativo al Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación número 708/2016, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto; por tanto, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el Juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Efectivamente, el acto reclamado no se puede catalogar como de imposible reparación, pues, como se dijo anteriormente, el auto emitido el once de enero de dos mil dieciocho, que la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue emitido al resolver el Recurso de Queja hecho valer en contra de la determinación emitida el treinta de agosto de dos mil diecisiete, dentro del cuaderno de pruebas, deducido del expediente del Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación número 708/2016, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto, que confirmó el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se proveyó lo relativo a para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico "ADN"; lo cual no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa. Efectivamente, el acto reclamado, por su propia naturaleza, sólo tiene una repercusión formal en los derechos adjetivos o procesales de la parte quejosa, que pueden quedar reparados o no dejar huella alguna en su esfera jurídica sí, por cualquier motivo, obtiene sentencia favorable. Lo anterior, porque con entera independencia de las consecuencias que de suyo traiga la resolución reclamada, lo cierto es que ese acto no es de imposible reparación, pues las ventajas procesales que en su caso había obtenido el peticionario, y que ahora puedan variar, quedarían resarcidas si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio, beneficia a la parte quejosa; sin perjuicio de que, de resultarle adversa, pueda plantear como violación procesal en el juicio de amparo directo, la determinación de que ahora se duele. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 63 de la propia ley de la materia, lo procedente será SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Atenta la conclusión alcanzada, resulta innecesario realizar un análisis exhaustivo de las pruebas documentales que obran en autos, y también resulta improcedente analizar el fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Judicial Alejandro Galicia Lara, que autoriza.- Doy fe.
- Principal
*** V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 75/2018-V-A; y, RESULTANDO: Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el dos siguiente, del mes y año citados, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Diligenciaria adscrita a la Sala y Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora, le reclamo la ilegal y violatoria de mis derechos humanos resolución de fecha once de enero del año dos mil dieciocho, misma que me fue notificada el día doce de enero del año en curso, misma que fue dictada dentro del TOCA DE QUEJA número 415/2017, dictada por los Magistrados que integran la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mis (sic) que resolvió el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de fecha treinta de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Ciudad Judicial, Apizaco, Tlaxcala, misma que fue dictada dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del expediente número 708/2016, relativo al Juicio de Reconocimiento de Paternidad, promovido por YENI SANTACRUZ VILLALBA en representación de su (sic) de menor ALEXA SANTACRUZ VILLALBA, en contra del suscrito MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO, misma que es violatoria de mis derechos humanos, en su totalidad, así como en sus puntos resolutivos que a la letra establecieron lo siguiente: (Transcribe) De la autoridad señalada como responsable ejecutoria, le reclamo el cumplimiento que han dado a dicha resolución es decir, de la Diligenciaria adscrita a la Sala Civil y Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, le reclamo la notificación que hizo en mi favor de la resolución dictada por la autoridad señalada como responsable ordenadora y del Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, le reclamo el cumplimiento que debe dar a dicha resolución dictada por la responsable ordenadora." SEGUNDO.- Por auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se ordenó emplazar a la tercero interesada, se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, del veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Las autoridades responsables Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y Diligenciaría Interina, al rendir su informe en vía de justificación, aceptaron la certeza de los actos que se les atribuyen; en virtud de lo anterior, se tiene por acreditada su existencia y porque así se acredita además con el cuaderno de pruebas de la demandada deducido del expediente 708/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación, que acompañó el Juez responsable, así como los autos de Primera y Segunda Instancia contenidos en la copia certificada del cuaderno de pruebas de la parte demandada del expediente 708/2016 y Toca Civil de Queja 415/2017, que acompañó la Sala responsable; documentales que adquieren valor probatorio pleno en los términos que disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, de acuerdo con el diverso 2º de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305, visible en la página 206, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO.- Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y por la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Luego entonces, el suscrito advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la determinación de once de enero de dos mil dieciocho, dictada dentro del Toca Civil de Queja 415/2017, que confirmó la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala, dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto, mediante el cual acordaron lo relativo a la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico, esto es, se negó su petición de señalar día y hora para la toma de muestras biológicas de saliva, por los motivos expuestos en el mismo auto. Ahora bien, en contra de dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruye fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, se cita la Tesis de Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, cuyo texto en el siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen, ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual manera, en apoyo a lo anterior, se cita la Tesis de Jurisprudencia I.4o.C.2, visible en la página 827, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." De igual manera, también tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1086, visible en la página 751, del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de once de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del Toca Civil de Queja número 415/2017, que confirmó la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Apizaco, Tlaxcala, dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, deducido del Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación número 708/2016, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto, que confirmó el auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se acordó lo relativo para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico, ofrecida por la parte quejosa en el juicio natural. Luego entonces, es conveniente señalar lo determinado por el Juez del conocimiento en la resolución del treinta de agosto de dos mil diecisiete que, en lo que interesa, en su resolutivo segundo, cita: [.] "Por las razones establecidas en el cuerpo de esta resolución, se confirma el auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete." [.] Así, como se dijo anteriormente, el acto reclamado en esta vía, se trata de un acto dentro de juicio que no afecta por sí mismo un derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante de amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. De lo anterior, se desprende que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado tiene el efecto de proveer lo relativo para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico ofertada por la parte demandada dentro del cuaderno de pruebas deducido del expediente número 708/2016, relativo al Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación número 708/2016, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto; por tanto, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, tal situación únicamente implica base para que el Juez competente dicte la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Efectivamente, el acto reclamado no se puede catalogar como de imposible reparación, pues, como se dijo anteriormente, el auto emitido el once de enero de dos mil dieciocho, que la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, fue emitido al resolver el Recurso de Queja hecho valer en contra de la determinación emitida el treinta de agosto de dos mil diecisiete, dentro del cuaderno de pruebas, deducido del expediente del Juicio de Reconocimiento de la Paternidad con efectos de Filiación número 708/2016, promovido por Yeni Santacruz Villalba, contra Marco Antonio Díaz Jacinto, que confirmó el auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se proveyó lo relativo a para el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular de ácido desoxirribonucleico "ADN"; lo cual no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa. Efectivamente, el acto reclamado, por su propia naturaleza, sólo tiene una repercusión formal en los derechos adjetivos o procesales de la parte quejosa, que pueden quedar reparados o no dejar huella alguna en su esfera jurídica sí, por cualquier motivo, obtiene sentencia favorable. Lo anterior, porque con entera independencia de las consecuencias que de suyo traiga la resolución reclamada, lo cierto es que ese acto no es de imposible reparación, pues las ventajas procesales que en su caso había obtenido el peticionario, y que ahora puedan variar, quedarían resarcidas si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio, beneficia a la parte quejosa; sin perjuicio de que, de resultarle adversa, pueda plantear como violación procesal en el juicio de amparo directo, la determinación de que ahora se duele. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 63 de la propia ley de la materia, lo procedente será SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Atenta la conclusión alcanzada, resulta innecesario realizar un análisis exhaustivo de las pruebas documentales que obran en autos, y también resulta improcedente analizar el fondo del asunto, de acuerdo con la jurisprudencia 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta resolución, en términos del considerando último de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado Ignacio Manuel Cal y Mayor García, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Secretario Judicial Alejandro Galicia Lara, que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Por otro lado, agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO; mediante el cual ofrece como pruebas la documental pública consistente en el informe rendido por la autoridad señalada como responsable ordenadora, así como la presuncional legal y humana; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte las que refiere en su escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de dichas probanzas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Incidental
... se... R E S U E L V E... ÚNICO.- Se CONCEDE, la suspensión definitiva solicitada por MARCO ANTONIO DÍAZ JACINTO contra actos de las autoridades responsables señaladas en el resultando único de esta interlocutoria, en términos del segundo considerando de la misma interlocutoria. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
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