Marco Antonio Delgado Baldazo

Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
592/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio Delgado Baldazo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda de amparo e identificación de las partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra el acto que reclama del Juez Primero de lo Civil del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles, San Luis Potosí, que considera violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 592/2023. Digitalización Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 3, fracción II y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (reformado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós). Expediente electrónico y físico Se hace del conocimiento de las partes que el expediente físico del juicio de amparo en que se actúa, se integrará únicamente con los documentos que se reciban físicamente y las constancias de notificación que se realicen. En la inteligencia de que el expediente electrónico se integrará con la totalidad de las constancias que se reciban de forma física y/o electrónica, además de las actuaciones que se lleven a cabo en el presente juicio, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el peticionario señala como acto reclamado el que deriva del juicio ejecutivo mercantil ******************** del control del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, consistente en: "DE LA ORDENADORA: LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN FECHA 13 TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS QUE RESOLVIÓ EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DEL AUTO EMITIDO EN FECHA 11 ONCE DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PROMOVIDO POR EL SISCRITO DENTRO DEL EXPEDIENTE ******************** DEL ÍNDICE DEL H. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO CON RESIDENCIA EN CIUDAD VALLES, S.L.P., DECLARANDO IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN COMENTO, EN CONSECUENCIA SE RECLAMA TAMBIÉN TODO LO ACTUADO POSTERIORMENTE AL AUTO DICTADO EN FECHA 11 ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN OCURSO DENTRO DEL JUICIO DE ORIGEN, EXPEDIENTE ********************, RELATIVO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL TRAMITADO ANTE EL H. JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL, PUESTO QUE RESULTA ILEGAL EL PROVEÍDO QUE SE COMBATE POR MEDIO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES MENCIONADO, A PESAR DE ELLO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA CITADA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN REALIZADO EN EL EXPEDIENTE ******************** DEL INCIDENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Antecedentes del acto reclamado Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado expresado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, indicó los siguientes: En auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil ******************** del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, con motivo de la demanda promovida por Carlos Alberto Lárraga Murillo. El veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, Marco Antonio Delgado Baldazo -aquí quejoso- promovió incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones por defecto en el emplazamiento, además contestó de la demanda ad cautelam y por auto de veintiocho de agosto del mismo año, se admitió a trámite el incidente planteado y se le tuvo contestando la demanda. Luego, en resolución de doce de septiembre del año actual, se declaró improcedente el referido incidente. Por auto de veinticinco de septiembre del año en curso, se decretó el término para el desahogo de pruebas y se señaló fecha y hora para el especial desahogo de las probanzas que lo ameritaran. Mediante escrito de veintisiete de septiembre de este año, el quejoso solicitó la regularización del procedimiento, pues consideró que el auto de veinticinco de septiembre del actual, viola las formalidades del procedimiento, afectando su defensa; petición respecto de la cual el juez responsable se pronunció el once de octubre de dos mil veintitrés. El diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el quejoso interpuso recurso de revocación contra el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, el que se admitió mediante acuerdo de dieciocho siguiente, por lo que una vez que se dio vista a la parte actora, el siete de noviembre del año en curso, se citó para resolver. Finalmente, en trece de noviembre de este año, se dictó la resolución, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto. -Esta resolución y todo lo actuado posteriormente constituyen los actos reclamados.- Ahora bien, de los antecedentes expuestos se advierte que el juicio ejecutivo mercantil ********************, se encuentra en etapa de desahogo de pruebas. Desechamiento En tales condiciones, se considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la Libro 29, Tomo III, abril de 2016, página 1902 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 211338, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En conclusión, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte; no así los adjetivos como son las que declaran improcedente el recurso de revocación. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En efecto, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los tratados internacionales, en los que México es parte, en favor del promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos procesales, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. En efecto, la resolución de trece de noviembre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa contra el auto de once de octubre de dos mil veintitrés, únicamente produce efectos intraprocesales, pero ciertamente no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), por lo que la parte podrá hacerla valer como violación procesal al promover juicio de amparo contra la sentencia definitiva que, en su caso, se dicte en el juicio de origen y sea adversa a sus intereses. Así es, las consecuencias que produce el declarar la improcedencia del recurso de revocación no son de imposible reparación, pues en todo caso podría tener afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que de obtenerse una sentencia favorable dicha violación procesal es reparada y desaparece en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino que hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo, siempre y cuando afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Por analogía de condiciones, resulta aplicable, la tesis VI.2o.102 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Página: 735, registro digital 198061, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UNA PRUEBA SUPERVENIENTE. El desechamiento del recurso interpuesto contra la negativa de admisión de una prueba superveniente ofrecida en un incidente penal no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso de apelación que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracciones III, IX y XI, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Domicilio Por otro lado, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su demanda. Autorizados Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************y ********************, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Por lo que hace al diverso autorizado ********************, toda vez que no proporciona número de cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, se le autoriza únicamente para únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de amparo, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. Correo electrónico Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona el quejoso, que en caso de estimarse necesario, podrá tomarse en consideración únicamente para establecer contacto con éste, mas no así para realizarle notificaciones procesales como lo solicita, pues el artículo 26 de la Ley de Amparo no contempla dicho medio para ello. Acceso a expediente electrónico Por lo que hace a la solicitud de acceso al expediente y toda vez que el promovente proporciona el usuario "********************", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica del expediente, a dicha parte procesal, a través de ese usuario. En ese contexto, hágase del conocimiento del promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. De la atención a las partes a través de los medios electrónicos y digitales para la consulta del expediente electrónico Por otro lado, las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso del equipo de cómputo que este órgano jurisdiccional ha dispuesto para la consulta del expediente electrónico, o a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con su usuario respectivo. Lo anterior, debido a que todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; en la inteligencia de que sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberán dar de alta su usuario; pues de esa manera, siempre tendrán disponible las constancias electrónicas que integren el expediente electrónico del que sean parte procesal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 261, 262 y 263 fracciones I y II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Uso de medios electrónicos Única y exclusivamente, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, para obtener imágenes de constancias que debido a su volumen y tamaño en gigabytes, superen el máximo que soporta la plataforma electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, y que no haya sido posible digitalizarlos para agregarlos al expediente electrónico, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el juicio sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación al actuario Ahora, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la zona conurbada, si así se requiere. Sirve de apoyo a ello, en lo conducente la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Notifíquese pelosamente . ...

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