Marco Antonio de los Santos López

Expediente 1950/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1950/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Marco Antonio de los Santos López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    A continuación, se abre el período de pruebas, en el que se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, y al no encontrase pendiente de acordar promoción al respecto, se cierra dicho período y se continúa con el de alegatos. Enseguida, se abre el período de alegatos, en el que se hace constar que las partes no los formularon, y al no encontrase pendiente de acordar promoción al respecto, se cierra dicho período. A su vez, se hace constar que el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito a este juzgado federal no interviene ni formula pedimento. Acto continuo, la Juez dicta la siguiente resolución: V I S T O S los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1950/2023, promovido por Marco Antonio de los Santos López, en contra de los actos del Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. R e s u l t a n d o: PRIMERO. Por demanda recibida en la Oficialía de Partes de este juzgado el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés Marco Antonio de los Santos López, presentó demanda de amparo respecto de la autoridad y acto que a continuación se precisan: Autoridad responsable: Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Acto reclamado: La audiencia de contestación de demanda de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, llevada a cabo en el juicio de guarda y custodia identificado con número de carpeta digital JOF/DJTPACA/0678/2023/GC, que promovió Claudia Sarai Montiel Sánchez, en representación de los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M., C.D.L.S.M., en contra de Marco Antonio de los Santos López, aquí quejoso, por medio de la cual, en esencia, el Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla reiteró la resolución judicial de limitación de visitas y convivencias ordenada en el juicio oral de origen y, ordenó girar oficio al Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, a efecto de que informe los días y horas en los que sea posible desarrollar un régimen de visita y convivencia provisional del quejoso Marco Antonio de los Santos López con los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M. y C.D.L.S.M. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo con el número de amparo 1950/2023, se admitió a trámite y ordenó tramitar el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. En auto de esa misma fecha, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio principal, este órgano jurisdiccional proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó los informes previos a las autoridades señaladas como responsables y, fijó hora y fecha para la audiencia incidental. Efectos por el que se solicitó la suspensión. TERCERO. Del capítulo relativo del incidente de suspensión de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicita la medida cautelar para que no se consume el acto reclamado. En ese tenor, este juzgado de Distrito precisa que los efectos del acto reclamado se traducen en que el Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla conceda al quejoso Marco Antonio de los Santos López las visitas y convivencias con los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M. y C.D.L.S.M., de manera libre y sin restricción, esto es: sin supervisión del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla. Por tanto, se proveerá solamente en relación a tal efecto, y se aplica al caso la tesis de jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro digital: 2019200 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias: Constitucional Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) Página 14 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 143, 144 y 146 de la Ley de Amparo, así como los numerales 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Certeza del acto reclamado SEGUNDO. La autoridad responsable Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, omitió rendir su informe previo correspondiente, no obstante encontrarse debidamente notificada desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se le tiene por cierta la conducta que se le reclama de la citada autoridad, para el solo efecto de proveer sobre la suspensión definitiva. Negativa de la suspensión. Se contravienen disposiciones de orden público. TERCERO. En el presente asunto, respecto de los efectos por los cuales el quejoso solicitó la medida cautelar consistentes en que no se consume el acto reclamado, esto es, que el Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla conceda al quejoso Marco Antonio de los Santos López las visitas y convivencias con los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M. y C.D.L.S.M., de manera libre y sin restricción, no se cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el numeral 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: .VIII. Se afecte intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." Asimismo, cabe traer a colación los artículos 635 y 637 del Código Civil para el Estado de Puebla, el cual enuncia lo siguiente: "Artículo 635. La ley reconoce el derecho de convivencia que tienen los menores con sus padres y con las familias de ambos. La convivencia permite el conocimiento directo de los menores con sus ascendientes y demás parientes, a fin de lograr su integración al núcleo familiar y obtener la identidad plena de los menores en el grupo social a que pertenece. La custodia puede establecerse de manera compartida y mediante ella se determinan derechos iguales de convivencia en favor de los menores con sus padres y demás familiares. Cuando conforme a este Código deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda de un menor, uno solo de los padres, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. El padre y la madre convendrán quién de ellos ejercerá la guarda, poniendo a los hijos a cuidado de la persona que de común acuerdo hubieren designado los cónyuges, debiendo ser uno de éstos y pudiéndose compartir la custodia, en los tiempos libres de los menores, al otro que no tenga dicha custodia. Las obligaciones de formación cultural y educativa, corresponde a ambos padres, quienes podrán acordar formas de colaboración para alcanzar dicho objetivo; II. Si los padres no llegaran a ningún acuerdo, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, previo el procedimiento que fije el Código Procesal, tomando en cuenta la opinión del menor. Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos, y "Artículo 637.- No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. El Tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito. Sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere este artículo". [Énfasis añadido] De los lineamientos precisados, se advierte que las disposiciones que sustentan las bases de la convivencia y protección de los menores, enfatizan la protección de la estabilidad de los niños, niñas y adolescentes en un ambiente y circunstancias propias para el adecuado desarrollo físico, psicológico y social de los mismos, tanto con sus progenitores como con los familiares de estos. Así, dado que constituye un hecho notorio las actuaciones que se realizan en los expedientes que se tramitan en este juzgado, tal como se establece en la tesis de jurisprudencia XXII. J/12, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, página 295, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Lo anterior, dado que los efectos por los que se solicita la suspensión son encaminados a que no se ejecuten las visitas y convivencias a que la adolescente tiene derecho con relación a sus familiares, esto es con su progenitor. Así, de concederse la medida solicitada, generaría -sin prejuzgar- un daño de imposible reparación en el desarrollo de los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M. y C.D.L.S.M, atentando en contra de su salud psíquica y emocional, ya que tal medida por parte de la juez responsable se adoptó en atención a las circunstancias particulares en las que se encuentran los menores, en las que son necesarias de llevar a cabo a fin de que se afiancen lazos afectivos. Sobre esa base, es importante destacar que el quejoso anexó a su demanda de amparo una memoria USB que contiene la videograbación de la audiencia de contestación de demanda de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, de la que se evidencia que el Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, ordenó que se girará oficio al Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, a efecto de que informe los días y horas en los que es posible desarrollar un régimen de visita y convivencia provisional del quejoso Marco Antonio de los Santos López con los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M. y C.D.L.S.M., en virtud de que en la audiencia inicial del juicio oral de origen identificado con número de carpeta digital JOF/DJTPACA/0678/2023/GC, se alegaron hechos de violencia y se destacó que Marco Antonio de los Santos López, aquí quejoso, agredió a los citados menores. De ahí, que de concederse la suspensión definitiva se podría atentar contra la salud emocional y psíquica de los niños, al ordenar al Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, que decrete un régimen de visitas y convivencias, de manera provisional, entre los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M. y C.D.L.S.M., y su progenitor sin supervisión; por tanto, de conformidad con los artículos 128, fracción II y 129, fracción VIII, se niega la suspensión definitiva solicitada por Marco Antonio de los Santos López, en virtud que existe interés de la sociedad, en que se cumplan las determinaciones y medidas encaminadas a salvaguardar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que de la demanda de amparo, no se advierte algún indicio o elemento, para tomar una postura contraria a la considerada con anterioridad; no obstante a ello, el juez de la causa, está obligado a velar por el interés superior de los menores, en términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa medida, se estima necesario precisar que las normas que regulan las cuestiones donde se vean involucrados los intereses de los niños, niñas y adolescentes, como es el caso, los juzgadores tienen que consideran su desarrollo armónico e integral. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversos derechos fundamentales de orden personal y social a favor de los niños, niñas y adolescentes, tal como se desprende del artículo 4°, que dice: "Artículo 4o. (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." En armonía con lo anterior, como se dijo existe el concepto, "interés superior de la niñez" que implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas; de esta manera, las instituciones familiares sufren una transformación acercándose más hacia la niñez y alejándose más de los intereses de los adultos. En efecto, en relación a los conceptos de interés social y orden público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que se afectan esas instituciones, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera, no resentiría. Dicha consideración tiene sustento en la jurisprudencia 522, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Común, página 343, registro 394478, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." (El subrayado no es de origen). De la tesis transcrita se observa que los conceptos de orden público e interés social resultan indeterminados, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo o lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración de los actos reclamados. En todo caso, para darles significado, se debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta medida precautoria. Por tanto, la autoridad rectora del procedimiento en este caso el Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, tiene la obligación de vigilar y velar por los derechos de los niños D.S.D.L.S.M., M.S.D.L.S.M., C.D.L.S.M.; esto es, tendrá que tomar todas las medidas necesarias para la estabilidad psíquica y física de los niños. Tiene aplicación al caso la tesis 1a. LXXXII/2015 (10a.), la cual fue publicado el veintisiete de febrero de 2015 por el Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores." Asimismo, tiene aplicación la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la Primera Sala, al referir los lineamientos que deben cumplirse a fin de determinar en concreto lo que constituye el interés superior del menor, en la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." Recurso de queja CUARTO. Infórmese lo anterior, vía interconexión, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito para que surta sus efectos dentro del recurso de queja 411/2023, de su índice. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e. PRIMERO. En términos del considerando tercero de esta interlocutoria se niega la suspensión definitiva solicitada por Marco Antonio de los Santos López, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Oralidad en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. SEGUNDO. Conforme al último considerando de la presente resolución, infórmese la anterior resolución, vía interconexión, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito para que surta sus efectos dentro del recurso de queja 411/2023, de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos del Síndico Municipal del Ayuntamiento del Puebla, en el que remite lo siguiente: Resolución de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en la que determinó que: La cantidad a pagar a la parte quejosa, por concepto de indemnización por expropiación es de $4,037.060.18 (cuatro millones treinta y siete mil pesos dieciocho centavos moneda nacional). El pago de la referida cantidad se dividirá en un periodo de diez años, es decir en ciento veinte mensualidades. Giró oficio a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Puebla a fin de que genere la corrida financiera correspondiente a efecto de pagar la referida cantidad. Refiere que notificó la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintitrés a Marisol Ramírez Muñoz. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con las constancias de cuenta, por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; se apercibe a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos escrito recibido vía electrónica del quejoso ******************** y firmado electrónicamente por Guillerm********************, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del incidente de suspensión en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b; 98, inciso a, 99 y 101, de la Ley de Amparo, y con apoyo en las atribuciones previstas en los artículos 164 bis y 164 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del Propio Consejo y en la consulta ********************de tres de abril de dos mil veintitrés remítase el informe materia de la queja y el escrito de expresión de agravios, con evidencia criptográfica al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, para la substanciación del citado recurso. Sin que haya lugar a mandar copia certificada del incidente de suspensión, en virtud de lo estipulado en los dispositivos normativos antes citados. En el entendido que el expediente electrónico quedará a disposición en el momento que se haga saber el número de expediente relativo al recurso de mérito. En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico SISE realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este a fin de que sean consultadas por el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. ...Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que se cumplió con la ejecutoria de amparo el diez de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro los autos del juicio de guarda y custodia 481/2013, de su índice, dejó insubsistente el acuerdo dictado en diligencia de doce de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual modificó la custodia provisional de la niña de iniciales I.L.C. El diez de octubre de dos mil veintitrés, dictó resolución en la que emitió una nueva determinación atendiendo a las circunstancias especiales del caso y a la opinión de la niña de iniciales I.L.C. y se pronunció sobre la guarda y custodia de esta última, determinando el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad de la niña, ..En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos, y se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. ...

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