Marco Antonio de la Cruz Campos
Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Marco Antonio de la Cruz Campos
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo que se acompaña signado por el Comisionado a la Titularidad de la Unidad Jurídica Subjefe de Área en la Dirección Normativa de Procedimientos Legales en la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores Estado en Estado de Veracruz, con el que realiza manifestaciones y exhibe diversas constancias en atención al acuerdo por el que se ordenó la apertura de un incidente innominado para determinar las cantidades a apagar en cumplimiento al fallo protector. ...toma conocimiento de las manifestaciones que realiza a manera de alegatos...Ténganse como pruebas de su parte... Toda vez que mediante proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio con el que el perito oficial...envíese copia de la promoción de cuenta y anexo que se acompaña al Perito Oficial...Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que contiene inserto el proveído de quince de abril del año en curso, emitido en el recurso de revisión R.A. 62/2021 de su índice; del que se advierte acusa recibo del diverso por medio del cual fue enviado el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1184/2020 del índice de este Juzgado de Distrito, el escrito de expresión de agravios con una copia del mismo, y admite a trámite el recurso de mérito. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a las nueve horas con treinta y tres minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 991/2020, promovido por Rodolfo Guzmán Gómez, en audiencia pública Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Jacobo Salvador Uribe Vázquez, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes, ni de legítimo representante de ellas, ya que no fue solicitada por ninguna de las partes comparecer a la misma en términos Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, informe justificado rendido por la autoridad responsable y proveídos en los que se acordó lo conducente. De igual forma, el secretario hace constar: que no se encuentra pendiente por tramitar o desahogar medio probatorio alguno, ni vista por otorgar a las partes. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales correspondientes y respecto a los alegatos, acuérdese lo conducente en el capítulo correspondiente. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, que serán tomadas en consideración y valoradas al momento de dictar la resolución que en derecho proceda. Se cierra el periodo de pruebas. Acto seguido, procede el desahogo de la etapa de alegatos y el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para realizar manifestaciones en vía de alegatos. Por otra parte, el secretario se hace constar que el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito no formuló intervención alguna. El Juez acuerda: se tiene por hecha la constancia que antecede para los efectos legales correspondientes. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a estudiar las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Rodolfo Guzmán Gómez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se señalan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; IV. ACTO RECLAMADO: El acuerdo de Sala de fecha 11 de septiembre de 2020 emitida por la responsable en el juicio de nulidad número de expediente 19072/16-17-06-1, (.)." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La quejosa señaló como tercero interesado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; narró los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; indicó como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó conducente. TERCERO. Admisión. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 991/2020; se admitió a trámite a la demanda; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado; se reservó acordar lo conducente respecto al tercero interesado; se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Suspensión de plazos. Atendiendo al contenido de las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó paulatinamente la suspensión de plazos y términos desde el cinco de diciembre de dos mil veinte hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno. QUINTO. Reanudación de Procedimiento. El diez de marzo de dos mil veintiuno, se reanudó el procedimiento a que este expediente se refiere, exactamente en el estado procesal que se encontraba antes de la suspensión de plazos, y se señaló día y hora para la audiencia constituciona. SEXTO. Se ordena emplazar a autoridad con el carácter de tercero interesado. Por auto trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo con el carácter de tercero interesado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento, acuerdo del que fue notificado el quince de abril de dos mil veintiuno, como se acredita de la constancia de notificación que obra en autos. QUINTO. Una vez substanciado el procedimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto de naturaleza administrativa que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en el territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el juez deber atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solamente de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas, de una interpretación íntegra de la demanda de amparo y las constancias que obran en autos, este juzgador concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: El acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 19072/16-17-06-1, a través de la cual declaró cumplida la sentencia definitiva once de noviembre de dos mil dieciséis. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, atribuido a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en el acuerdo dictado el once de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 19072/16-17-06-1, a través de la cual a través de la cual declaró cumplida la sentencia definitiva once de noviembre de dos mil dieciséis, ya que así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el original de dicho acuerdo que obra foja seiscientos doce de las constancias que integran el expediente 19072/16-17-06-1, que obra en el tomo de pruebas por separado, con valor probatorio pleno, en términos del artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que dicha autoridad fue quien emitió el acuerdo reclamado. CUARTO. Antecedentes. Para una mayor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes del caso, que se desprenden de las constancias que obran en autos del juicio de amparo, de los antecedentes que manifestó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad y de los autos originales del juicio contencioso 19072/16-17-06-1, que conforma el tomo I de pruebas, previamente valorado. 1. La parte quejosa presentó demanda de nulidad en contra de la resolución de catorce de abril de dos mil dieciséis por la que la autoridad aquí tercero interesada, determinó que los incrementos aplicados a su pensión eran los correctos (fojas 1 a 15 del tomo de pruebas). Por razón de turno correspondió conocer del juicio a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número de expediente 19072/16-17-001 y previa substanciación dictó sentencia el once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 64 a 79 del tomo de pruebas), en la que decretó la nulidad de la resolución impugnada, en los términos siguientes: "Lo anterior, conlleva a declarar la nulidad de la resolución negativa ficta controvertida, para el efecto de que la autoridad demandada emita resolución expresa en la que plasme fundada y motivadamente, la evolución de la cuota diaria pensionaria del C. RODOLFO GUZMÁN GÓMEZ, detallando los porcentajes aplicados y como éstos se ven reflejados en forma anual en la cuota pensionaria de la hoy parte actora. Cabe señalar que el ajuste anual de la cuota pensionaria debe calcularse a partir del año inmediato siguiente al de la fecha del otorgamiento de la pensión, lo que tuvo lugar el 16 de enero de 1995; por ende, los únicos factores de incremento que son susceptibles de tomarse en consideración por el Instituto demandado, corresponden al año 1996 en adelante. En consecuencia, lo procedente es declarar la nulidad e la resolución negativa ficta controvertida, para los efectos que se precisan en el siguiente Considerando. CUARTO.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. Por las razones expuestas en e Considerando que antecede se declara la nulidad de la resolución negativa ficta controvertida, para el efecto de que la autoridad demandada, de manera expresa, fundada y motivadamente, efectúe el ajuste que resulte procedente a la pensión del hoy actor, conforme a la modalidad restablecida en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente del 01 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, sin que la cuota que en su caso se determine a favor del enjuiciante, exceda el tope máximo establecido en el artículo 4° del Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor; y para que en su caso, se cubran las diferencias que se hubiesen generado y que resulten con motivo del ajuste a la cuota diaria pensionaria del demandante. Ahora bien, contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, las cantidades a que tienen derecho a percibir el hoy actor por concepto de diferencias derivadas del ajuste de su cuota pensionaria, conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J.114/2009, no prescriben en perjuicio del pensionado, ahora demandante. La jurisprudencia en cita, se reproduce a continuación: (.) "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE." (Se cita texto). Por último se destaca que no corresponde a esta Sala determinar el monto de lo adeudado pues ello es una facultad propia del Instituto demandado; no obstante lo cual, a efecto de cumplir con la debida fundamentación y motivación de la resolución con la que dé cumplimiento el presente fallo, la autoridad enjuiciada deberá detallar fechas, cantidades, conceptos, incrementos porcentuales y operaciones, que sustenten la determinación que alcance. Resulta aplicable al caso el precedente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, publicado en la Revista del propio Tribunal, No. 125, 3a. Época, Año XI, mayo de 1998, página 141 y 142, que a la letra dice: (.) "PENSIONES, EL PORCENTAJE DE AUMENTOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 57, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993, CORRESPONDE DETERMINARLO AL PROPIO INSTITUTO Y NO A LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN." (Se cita texto). Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción III de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, esta Sala; R E S U E L V E La parte actora probó su pretensión, en consecuencia; Se declara la nulidad de la resolución controvertida, por las razones expuestas en los considerando (sic) Tercero del presente fallo, para los efectos señalados en el diverso Considerando Cuarto de esta sentencia". 2. En auto de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acordó que toda vez que el fallo emitido en el juicio relativo al expediente 19072/16-17-001, no fue recurrido por las partes, había adquirido firmeza. 3. A través del oficio número UAPE5-06/2817/2017, de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete (foja 129 del tomo de pruebas), la autoridad demandada, pretendió dar cumplimiento a la sentencia de nulidad; mismo que fue acordado por la responsable en auto de veintiséis de octubre siguiente, en el sentido de requerirla para que anexara copia de la expedición del título de crédito en favor del actor aquí quejoso por concepto de pago de diferencias en la pensión (foja 130 del tomo de pruebas). 4. El siete de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad tercera interesada remitió a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un escrito al que anexó copia del cheque expedido en favor del actor aquí quejoso, solicitando a su vez se le tuviera por cumplida la sentencia de nulidad (fojas 178 del tomo de pruebas). 5. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 222 del tomo de pruebas), la actora en el juicio de nulidad de mérito, interpuso recurso de queja por cumplimiento defectuoso de la sentencia, la que, en sesión de ocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 334 a 339 del tomo de pruebas) fue resuelta por la Sala del Conocimiento, en los siguientes términos: "En esa tesitura, ha lugar a declarar PARCIALMENTE FUNDADA la queja que nos ocupa por las razones antes expuestas, en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTOS el oficio número UAPE5-06/2817/2017 de fecha 21 de septiembre de 2017, al haber incurrido el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, EN DEFECTO en el cumplimiento al fallo emitido en este expediente, por ende, dígase al funcionario antes citado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, fracción II, inciso d), de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se le concede un plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES con el objeto de que dé el debido y estricto cumplimiento a la sentencia de cuenta, por lo que deberá: 1) Emitir una nueva resolución en la que otorgue el incremento PORCENTUAL que se plasmó en la Tabla realizada en la página 09 de esta resolución en relación al incremento de la pensión en los términos precisados y, 2) Una vez hecho lo anterior deberá cubrir las diferencias que resulten a favor del quejoso, SE APERCIBE a dicho funcionario, que en caso de desacato al cumplimiento del fallo de esta Sala como a la sentencia de queja que aquí se resuelve, esta Sala Regional ejercerá la facultad que le otorga el numeral 58, fracción I, inciso a) de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo hasta alcanzar el cumplimiento al fallo de mérito. R E S U E L V E: I.- Ha resultado PARCIALMENTE FUNDADA la queja que por DEFECTO interpuso el C. Rodolfo Guzmán Gómez, parte actora del juicio, en consecuencia; II.- SE DEJA SIN EFECTOS el oficio número UAPE5-06/2817/2017 de fecha 21 de septiembre de 2017, para los efectos precisados en el Considerando que antecede. [.]". 6. Inconforme con dicha determinación el ahora quejoso interpuso juicio de amparo indirecto del que por razón de turno conoció este Juzgado, el cual fue registrado con el número 1037/3018; substanciado que fue el mismo, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión. 7. En contra de dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que los registro con el número R.A. 423/32018; y, en sesión de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, resolvió, con firmar la sentencia recurrida y negar el amparo (foja 424 del tomo de pruebas). 8. Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia, la ahora responsable el once de septiembre de dos mil veinte, declaró cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis; y, en contra de dicha determinación, es que el ahora quejoso Rodolfo Guzmán Gómez, promovió el presente juicio de amparo. Al no existir causas de improcedencia propuestas por las partes, ni de oficio advertir que se actualice alguna, procede estudiar el fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Enseguida procede el estudio del concepto de violación planteado por los quejosos, sin que sea necesario que se transcriba, pues ello no implica una violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rige el actuar de este juzgador, de conformidad con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en atención a la causa de pedir, se procede al estudio en forma conjunta de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, dada la estrecha relación que guardan entre sí, en los que aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente los principios de legalidad y seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia completa e imparcial, por las siguientes razones: a) La sala deja en estado de indefensión al solicitante del amparo al emitir el acuerdo reclamado, pues está dejando sin efectos la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis al que le reviste el carácter de cosa juzgada, ya que en dicho acuerdo la ahora responsable, permitió que la aquí tercero interesada ofreciera pruebas a través de las cuales no reconoce que la pensión por jubilación fue otorgada a partir del año de mil novecientos noventa y seis como lo señaló desde el escrito de demanda de nulidad y que éste así fue determinado por la sala responsable y aceptado por la allá demandada. b) Asimismo, señala que en la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis y en la resolución de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en éstas se señaló que la fecha en que debió iniciar el pago de la pensión fue en mil novecientos noventa y seis, sin embargo en la liquidación formulada por la ahora tercero interesada, aceptada por la Sala responsable contrariamente a lo ordenado por ella se hace hasta el año de dos mil dos, razón por la cual el cumplimiento de la sentencia que realiza la allá demandada, no se ajusta con lo determinado en las resoluciones de mérito. Son inoperantes los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, en atención a las consideraciones que se expondrán a continuación. Ahora bien, la Sala responsable, determinó en el acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, declarar cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, en lo que aquí interesa por lo siguiente: "(.) Ahora bien, este cuerpo colegiado tiene a la vista por obrar a folios 593 a 597 de autos, el oficio número SP/1672/2019, datado el 17 de julio de 2019, por el cual la autoridad demandada informe el cumplimiento a la sentencia definitiva y de queja, así como el acuerdo de sala antes citados, exponiendo lo que a continuación se transcribe: "[.] y a efecto de dar cumplimiento a la Sentencia Definitiva de fecha 11 de noviembre de 2016, pronunciada por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el Juicio de Nulidad núm. 19072/16-17-06-1, así como de su recurso de Queja por Defecto de fecha 08 de agosto de 2018, como del Acuerdo de Sala de fecha 03 de junio de 2019, en el que se establece: [.] En el ANEXO NÚM. 1, se digitaliza la foja 9 de la Queja por defecto de fecha 8 de agosto de 2018, en donde en la última columna señalada por una flecha, se aprecian los porcentuales obtenidos por la Sala, titulada '% DE INCREMENTO PORCENTUAL QUE DEBE APLICARSE AL ISSSTE', a lo que comento lo siguiente El inicio de suspensiones a partir del 25 de agosto de 2001, como se puede apreciar en la concesión de pensión (Anexo Núm. 2), ya que al momento de causar baja del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA el 16 de enero de 1995, contaba con 21 años 11 meses 13 días, con garantía de un 67.50% del promedio de sus ingresos del último año laborado, sin embargo la edad mínima requerida para pensionarse por EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS es de 55 años y usted contaba con 49 años de edad al momento de la baja laboral. [.] Concluyendo, la normatividad y el fundamento están muy claros y bien definidos, el inicio de la pensión corresponde a partir del 25 de agosto de 2001, el pago anterior a esta fecha resulta fuera de parámetro, el cual ocasionaría daño al patrimonio de este instituto, al aplicar incrementos a periodos en los cuales no era pensionado, y que por tanto, no hay o no existe cuota pensionaria para incrementar de 1996 a 2000, que por derecho no le corresponden. [.] RESUELVE: PRIMERO. En cumplimiento a los efectos de la sentencia de mérito, se aplican los porcentuales generados por la sala aplicando los a la cuota diaria obteniendo una cuota por $146.49 pesos diarios, la cual es la misma cuota que este instituto le proporciona actualmente y que seguirá percibiendo para su beneficio. SEGUNDO. Por lo que respecta a las diferencias de la retroactividad aplicada, le informo que al resultar una cuota y cuál es la que percibe este instituto no tiene adeudo o monto alguno por pagar. TERCERO. La presente resolución deja sin efecto la resolución anterior con número de oficio SP/2394/2019 de fecha 13 de septiembre de 2018. [.]" De lo anterior, se puede advertir que el Instituto demandado manifestó su imposibilidad jurídica y material para cumplir con la sentencia definitiva de 11 de noviembre de 2016, la sentencia de queja por defecto debe de fecha 08 de agosto de 2018, así como el Acuerdo de Sala de fecha 3 de junio de 2019, toda vez que conforme a la Concesión de Pensión número 684543 otorgada al C. Rodolfo Guzmán Gómez -ver folio 591 de autos-, que exhibe como prueba y a la que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 46, fracción uno de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el hoy actor obtuvo una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios con efectos a partir del 25 de agosto de 2001, con una cuota diaria inicial de $ 63.09 pesos; virtud por la cual puntualiza que: '.no hay o no existe cuota pensionaria para incrementar del 1996 a 2000.'; dado que de realizarse un pago anterior a la fecha en que se pensionó el actor, resultaría fuera de parámetro, ocasionando un daño al patrimonio del Instituto demandado, a la a la aplicar incrementos a periodos en los cuales no era pensionado el C. Rodolfo Guzmán Gómez. En ese contexto, cabe recordar que el hoy actor a través de los diversos escritos de manifestaciones que presentó ante este tribunal, expone como motivo de dolencia que el pretendido ajuste de suspensión de retiro por edad y tiempo de servicios no se realizó tomando en consideración los factores de ajuste precisados por esta sala en el cuadro visible a página 09 de la sentencia de queja por defecto de 8 de agosto de 2018, esto a partir de la anualidad 1996 y hasta el año 2001. Lo anterior es así dado que tal y como se precisó en el Acuerdo de Sala de 3 de junio de 2019 -ver folios 447 a 451 de autos-, el Instituto demandado fue omiso en aplicar la totalidad de los factores de ajuste ordenados por esta Sala, pues únicamente realizó el aumento correspondiente a partir de la anualidad de 2002 a 2018, cuando de conformidad con lo resuelto en la sentencia definitiva y de quejas pronunciadas en autos se estableció que la cuota pensionaria del actor debía realizarse a partir del año 1996. En ese sentido, como lo expuso la autoridad en el oficio SP/1672/2019 de fecha 17 de julio de 2019, el derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de que goza el hoy actor, surgió a partir del 25 de agosto de 2001 (ver folio 591 de auto), por lo que el ajuste anual de la pensión se realizaba a partir de la anualidad de 2002, ya que de ordenarse un pago anterior a la fecha en que se pensionó el eficiente, ocasionaría un daño al patrimonio del Instituto demandado, a la aplicar incrementos a periodos en los cuales no era pensionado el C. Rodolfo Guzmán Gómez. Por lo anterior, si bien pudiera interpretarse que el actuar de la autoridad a través del oficio número SP/1672/2019 de fecha 17 de julio de 2019 conllevaría a variar la inmutabilidad de la cosa juzgada y vulnera el principio de seguridad jurídica que brindan las sentencias definitivas dictadas por este órgano jurisdiccional, al acatar en sus términos lo ordenado por este cuerpo colegiado en el fallo definitivo pronunciado en autos, no debe perderse de vista que el Instituto demandado demostró con el soporte documental idóneo el incorrecto señalamiento del actor plasmado en su concepto de impugnación primero del escrito inicial de demanda, en el sentido de que el derecho a suspensión surgió en el año de 1995 -ver folio 07 de autos-; Ya que aún y cuando a lo largo de su contestación de demanda no desvirtúa el dicho de la parte actora, inclusive reconoció como inicio de pensión la anualidad anticipada (ver folio 40 reverso de autos), no menos resulta cierto que en el presente caso no puede obligarse a la autoridad a cumplimentar el fallo emitido en autos ante la evidente imposibilidad jurídica que tiene para hacerlo. En efecto, no pierde de vista este Cuerpo Colegiado que la parte actora pudo incurrir en falsedad declaración ante autoridad jurisdiccional, inclusive en un fraude procesal, al señalar que el derecho a suspensión de retiro por edad y tiempo de servicios, surgió en el año de 1995, inclusive al señalar en su escrito inicial de demanda que tal derecho surgió a partir del 16 de enero de esa anualidad, pues si a partir del hecho falso expuesto a este órgano jurisdiccional, induciendo a un error, obtiene el actor un beneficio económico ilícito en perjuicio del Instituto demandado, este tendría a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente, lo que a consideración de este órgano jurisdiccional sería de mayor perjuicio a la injusticia de juicio ante, dado que la autoridad tendrá la posibilidad de recuperar las cantidades sin debidamente pagadas a la pensión del C. Rodolfo Guzmán Gómez, por los años en que este no gozaba de la prerrogativa que establece el numeral 61 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada. Por lo anterior, y evidenciado que fue la imposibilidad material y jurídica de la autoridad para cumplimentar la sentencia definitiva y de queja adaptadas los días 11 de noviembre de 2016 y 8 de agosto de 2018, respectivamente, en relación con el acuerdo de sala de fecha 03 de junio de 2019, toda vez que la causa que la genera está probada fehacientemente y no existe duda sobre su operatividad; este órgano jurisdiccional concluye que el Instituto demandado incrementó de manera correcta la cuota pensionaria del actor, esto es, a partir del año siguiente al en que surgió suspensión (2002 en adelante), tal y como se precisó en el Acuerdo de Sala de fecha 03 de junio de 2019, en la parte que se dijo: '. el Instituto demandado aplicó los porcentajes de incremento señalados en la tabla visible en la página 09 de la sentencia de queja antes citada, ello únicamente aconteció por las anualidades de 2002 a 2018.'; lo que se corrobora de la comparativa realizada a los incrementos señalados por el Instituto demandado en el oficio número SP/1672/2019 de fecha 17 de julio de 2019 y los factores de incremento que le fueron precisados en la sentencia de queja de 8 de agosto de 2018, esto es, a partir del 2002, año siguiente al que adquirió suspensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Veamos: (Se transcribe tabla) Por lo anterior, resulta evidente que el Instituto demandado acató en términos, sin exceso o defecto, lo ordenado en sentencia definitiva de 11 de noviembre de 2016, así como en la sentencia de queja de 8 de agosto de 2018, por lo que se declara que la misma ha quedado CUMPLIDA. (.) Sin que pase desapercibido el argumento del actor en el sentido de que debe conminarse a la autoridad para que acate en su totalidad los términos señalados en el fallo definitivo dictado en autos, esto es, tomando como inicio el ajuste de pensión el año de 1996; pues tal y como se expresó en párrafos precedentes la imposibilidad jurídica manifestada por la autoridad demandada atiende al hecho de que en esa anualidad del hoy actor no gozaba de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, dado que tal derecho le fue otorgado hasta el 25 de agosto de 2001, tal y como se demostró con la copia certificada de la concesión de pensión exhibida como prueba por la autoridad demandada. (.)." De la transcripción anterior se aprecia, en lo que aquí interesa, que la Sala responsable determinó que resultaba evidente que el Instituto demandado -aquí tercero interesado- acató en sus términos, sin excesos ni defectos lo ordenado en la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, así como en la resolución de queja de ocho de agosto de dos mil dieciocho, por lo que declaró que la misma había sido cumplida, porque, del análisis realizado al oficio número SP/1672/2019 de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, la ahora tercero interesada manifestó su imposibilidad jurídica y material para cumplir con la sentencia y resolución antes referida, toda vez que conforme a la Concesión de Pensión número 684543 (foja 591 del tomo de pruebas) que acompañó como prueba a dicho oficio y a la que se otorgó valor probatorio pleno, advirtió que al allá actor obtuvo una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios con efectos a partir del veinticinco de agosto de dos mil uno, razón por la cual no existe cuota pensionaria para incrementar la misma desde de mil novecientos noventa y seis a dos mil uno, pues de realizarse un pago anterior a la fecha en que se pensionó el actor resultaría fuera de parámetro, ocasionando un daño patrimonial al Instituto demandado, al aplicar incrementos a periodos en los cuales no era pensionado Rodolfo Guzmán Gómez. Asimismo la Sala responsable señaló, que al estar evidenciada la imposibilidad material y jurídica de la aquí tercero interesada para cumplimentar la sentencia y resolución antes mencionadas, concluyó que se incrementó de manera correcta la cuota pensionaria del allá actor, esto es, a partir del año siguiente al en que surgió su pensión (dos mil dos en adelante), tal y como se preciso en acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve en el que señaló que: ". el Instituto demandado aplicó los porcentajes de incremento señalados en la tabla visible en la página 09 de la sentencia de queja antecitada, ello únicamente aconteció por las anualidades de 2002 a 2018 ."; de modo que al realizar la comparativa a los incrementos señalados por el Instituto allá demandado en el oficio SP/1672/2019 de diecisiete de julio de dos mil diecinueve y los factores de incremento que fueron precisados en la resolución de queja de ocho de agosto de dos mil dieciocho, era correcto que se incrementara su cuota pensionaria a partir de dos mil dos, año siguiente al que adquirió el ahora quejoso su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, por lo que no podía obligarse a la autoridad a cumplimentar los fallos antes mencionados ante la evidente imposibilidad jurídica que tenía para hacerlo. De lo relacionado se colige que, los argumentos sintetizados anteriormente, como se anunció resulta inoperantes, en virtud que del análisis de tales argumentos propuestos por la parte quejosa como conceptos de violación y las consideraciones que rigen al acuerdo reclamado de once de septiembre de dos mil veinte, no logran controvertir la decisión de la autoridad responsable, ya que la litis se centró en determinar si le asistía la razón al ahora quejoso de que su cuota pensionaria debía incrementarse a partir de la fecha del otorgamiento de la pensión que refirió obtuvo en el año de mil novecientos noventa y seis, fecha que señaló desde el escrito inicial de demanda de nulidad y que así se determinó en la sentencia y resolución antes señaladas; y al resultar que con la exhibición por parte de la aquí tercero de la documental consistente en la Concesión de Pensión número 684543, se advirtió que éste obtuvo una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios con efectos a partir del veinticinco de agosto de dos mil uno, por lo que la sala responsable con base en dicha documental determinó que la autoridad demandada -ahora tercero interesado- había cumplido con la sentencia definitiva. En ese sentido, los argumentos debían en caminarse a controvertir esa determinación, y sin embargo, se limitó a expresar que lo resuelto violenta el principio de seguridad jurídica, bajo razonamientos que inciden en que la ahora responsable dejó sin efectos la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis al que le reviste el carácter de cosa juzgada, ya que en dicho acuerdo la ahora responsable, permitió que la aquí tercero interesada ofreciera pruebas a través de las cuales no reconoce que la pensión por jubilación fue otorgada a partir del año de mil novecientos noventa y seis como lo señaló desde el escrito de demanda de nulidad y que éste así fue determinado por la sala responsable y aceptado por la allá demandada; y, señala que en la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis y en la resolución de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en éstas se señaló que la fecha en que debió iniciar el pago de la pensión fue en mil novecientos noventa y seis, sin embargo en la liquidación formulada por la ahora tercero interesada, aceptada por la Sala responsable contrariamente a lo ordenado por ella se hace hasta el año de dos mil dos, razón por la cual el cumplimiento de la sentencia que realiza la allá demandada, no se ajusta con lo determinado en las resoluciones de mérito. Esto es así, ya que los argumentos referidos están encaminados a controvertir que en el acuerdo reclamado se dejó sin efectos la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se determinó que la cuota de su pensión debe de incrementarse a partir del otorgamiento de la pensión, esto es, dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis. Entonces, para que sus argumentos pudieran ser objeto de estudio, era indispensable que se encontraran dirigidos a combatir de manera frontal las consideraciones torales expresadas por la ahora autoridad responsable, esto es, debía controvertir de manera frontal y eficiente la determinación relativa a que conforme a la Concesión de Pensión número 684543 (foja 591 del tomo de pruebas) que acompañó como prueba la demandada -aquí tercero interesado- al oficio SP/1672/2019 de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, advirtió que al allá actor obtuvo una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios con efectos a partir del veinticinco de agosto de dos mil uno, razón por la cual no existe cuota pensionaria para incrementar de mil novecientos noventa y seis a dos mil uno, pues de realizarse un pago anterior a la fecha en que se pensionó el actor resultaría fuera de parámetro, ocasionando un daño patrimonial al Instituto demandado, al aplicar incrementos a periodos en los cuales no era pensionado Rodolfo Guzmán Gómez; así como la consideración relativa a que al estar evidenciada la imposibilidad material y jurídica de la aquí tercero interesada para cumplimentar la sentencia y resolución antes mencionadas, concluyó que se incrementó de manera correcta la cuota pensionaria del allá actor, esto es, a partir del año siguiente al en que surgió su pensión (dos mil dos en adelante), tal y como se precisó en el acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve en el que señaló que: ". el Instituto demandado aplicó los porcentajes de incremento señalados en la tabla visible en la página 09 de la sentencia de queja antecitada, ello únicamente aconteció por las anualidades de 2002 a 2018 ."; de modo que al realizar la comparativa a los incrementos señalados por el Instituto allá demandado en el oficio SP/1672/2019 de diecisiete de julio de dos mil diecinueve y los factores de incremento que fueron precisados en la sentencia de queja de ocho de agosto de dos mil dieciocho, era correcto que se incrementara su cuota pensionaria a partir de dos mil dos, año siguiente al que adquirió el ahora quejoso su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, por lo que no podía obligarse a la autoridad a cumplimentar los fallos antes mencionados ante la evidente imposibilidad jurídica que tenía para hacerlo, y al no haberlo hecho así con tales argumentos el suscrito se encuentra imposibilitado para pronunciarse al respecto. En efecto, el quejoso tenía que acreditar que, contrario a lo expuesto por la Sala responsable, a él se le otorgó una pensión por jubilación a partir del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis y no como lo acreditó la allá demandada con la Concesión de Pensión número 684543 (foja 591 del tomo de pruebas) que acompañó como prueba al oficio SP/1672/2019 de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, de la que se advirtió que obtuvo una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios con efectos a partir del veinticinco de agosto de dos mil uno, pues tal como lo expuso la sala, del análisis efectuado al oficio SP/1672/2019 de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, emitido por el aquí tercero interesado y los factores de incremento que fueron precisados en la sentencia de queja de ocho de agosto de dos mil dieciocho, era correcto que se incrementara su cuota pensionaria a partir de dos mil dos, año siguiente al que adquirió el ahora quejoso su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, por lo que no podía obligarse a la autoridad a cumplimentar los fallos antes mencionados ante la evidente imposibilidad jurídica que tenía para hacerlo. De manera tal que, si las razones contenidas en los argumentos que se contestan distan de la causa efectiva por la que la responsable determinó declarar por cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, deben calificarse de inoperantes por no controvertir directamente las consideraciones expuestas por la autoridad responsable. Es aplicable a lo anterior, por analogía y el criterio que contiene, la jurisprudencia número I.6o.C. J/6, consultable en la página 33, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, número 54, junio de 1992, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS EN LA REVISION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA. Si en la resolución recurrida el Juez de Distrito sostiene diversas consideraciones para desechar la demanda y el recurrente lejos de combatirlas, se concreta a señalar una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador en que apoyó su fallo, es evidente que los agravios resultan inoperantes." Finalmente, se debe precisar que si bien en el caso opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el quejoso se trata de un pensionado; lo cierto es que, la figura de la queja deficiente solamente es aplicable cuando se considera útil para favorecer al quejoso y que por ello resulte procedente el amparo, lo que en el caso no acontece, pues aun cuando se hubiera suplido la deficiencia de lo aquí alegado, no podría haberse generado un beneficio al referido promovente. Lo anterior es así, pues se estima correcta la determinación de la sala responsable, ya que al emitir el acuerdo reclamado analizó el debido cumplimiento a la sentencia definitiva, atendiendo al hecho de que no podía obligarse a la autoridad allá demandada a tomar como inicio de ajuste de pensión el año de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que en aquella anualidad el ahora quejoso no gozaba de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En las relatadas condiciones ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo Guzmán Goméz, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
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