Marco Antonio Corona Castillo
Expediente 455/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Norma Leticia Ruiz Rubio
- Marco Antonio Corona Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa MARCO ANTONIO CORONA CASTILLO, RICHARD RODRÍGUEZ MALDONADO y NORMA LETICIA RUIZ RUBIO, no se inconformó en contra del proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual este Juzgado declaró una imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONSENTIDA la determinación aludida. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva solicitadas, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, al antedicho Centro. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
SE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR LA SENTENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Departamento de Informática de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante el cual remite constancia fehaciente concerniente al cumplimiento con el fallo protector emitido en autos. En consecuencia, en términos del ordinal 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente dada la naturaleza de la concesión otorgada.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, que remiten el Director e Inspector adscrito al Sistema Municipal del Transporte de Mexicali, Baja California, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado en cumplimiento a la sentencia de amparo; en consecuencia, atento a las manifestaciones realizadas, téngase a la aludida autoridad en vías de cumplimiento del fallo protector. Asimismo, examinado el comunicado de cuenta, el Director e Inspector adscrito al Sistema Municipal del Transporte de Mexicali, Baja California, informaron a este órgano jurisdiccional que se giró instrucción para que se dejara insubsistente la boleta de infracción número 265362, de doce de julio de dos mil dieciséis, y emita una nueva debidamente fundada y motivada ante el Departamento de Informática de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. En consecuencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, dicha autoridad tiene intervención en el cumplimiento de la sentencia, por lo que está obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento; por tanto, requiérase a la aludida autoridad, para que en el plazo de tres días, computados legalmente a partir de que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en lo que corresponda al ámbito de sus funciones y atribuciones. En la inteligencia de que los efectos de la sentencia constitucional, se delimitaron en los siguientes términos: Las autoridades responsables Director del Sistema Municipal del Transporte, e Inspector adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus facultades correspondientes, dejen insubsistente la boleta de infracción 265362, de doce de julio de dos mil dieciséis, y con plenitud de jurisdicción, tomando en consideración lo expuesto a lo largo del presente considerando, emitan una nueve pero de manera fundad y motivada. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia doscientos treinta y seis, publicada en la Compilación de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, página ciento cincuenta y nueve, cuyo rubro la identifica: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO.". Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo ordenado, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos, moneda nacional), que es el equivalente de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (73.04 UMA), de conformidad con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, además de que, se procederá en términos de los artículos 192 párrafo segundo y tercero, 197, de la Ley de Amparo, esto es, se les requiera por conducto de su superior jerárquico, remitiéndose el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. Apoya lo anterior, lo sostenido en la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y, por ende, su aplicación y observancia obligatoria a partir del dieciocho de noviembre de dos mil catorce, consultable en el Libro 12, noviembre de dos mil catorce, tomo I, visible en la página 19, misma en la que instauraron los lineamientos a seguir, para el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que se identifica por el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese.
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